La profesión médica demanda más coordinación y liderazgo del Estado para garantizar la equidad y sostenibilidad del SNS

 

Mucho se habla de la necesidad de mantener el actual sistema sanitario caracterizado por ser universal, gratuito, público, equitativo,… Sin embargo, y debido a los recortes económicos que ha sufrido en los últimos años a consecuencia de la crisis, este cada vez está más debilitado.  

 

Ahora que España vuelve a tener Gobierno se pide un nuevo planteamiento sobre la situación que atraviesa la Sanidad pública con la vista puesta en nuevos posibles recortes para el próximo 2017, temiéndose que el SNS sea ya incapaz de soportar.

 

Sería necesario, desde el punto de vista del Dr. José Ramón Repullo, focalizar el debate en la prioridad política que corresponde a la sanidad en una sociedad democrática y en aquellas reformas que permitieran «superar el inmovilismo en aspectos concretos y abrir nuevos escenarios con el fin de hallar medidas clave para desbloquear algunos de los problemas que paralizan el desarrollo del profesionalismo y la activación de la microgestión sanitaria».

 

Para este experto, «la debilidad institucional que sufre nuestro país conlleva a la necesidad desesperada de un marco normativo nuevo que contemple la ciudadanía sanitaria y que aporte herramientas para gobernar un SNS con la arquitectura tan fragmentada que tiene».

 

Se contó con la participación del consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Dr. Antonio María Sáez Aguado, y de José Manuel Freire Campo, portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid del Partido Socialista Madrileño (PSM), que actuaron como ponentes. Las preguntas a los ponentes fueron formuladas por el presidente del Colegio de Médicos de Álava, Dr. Kepa Urigoitia, por el presidente del Colegio de Médicos de Castellón, Dr. José Antonio Herranz, y por el vicepresidente del Colegio de Médicos de Albacete, Dr. Jose M. Samaniego.

 

En su turno de palabra, el consejero castellanoleonés se inclinó más por la mejora que por el mantenimiento del SNS, para lo cual, a su juicio, «es imprescindible el consenso político del que tanto se ha hablado y que, a día de hoy, «todavía no se ha materializado».

 

Consideró necesario hacer una revisión al modelo de financiación, al no estar cumpliendo uno de sus principios como es la suficiencia, así como introducir reformas organizativas para modificar el sistema tan limitado por su estructuración basada en niveles, siendo, a su juicio, fundamental la integración. Además, apostó por reformas orientadas hacia un gobierno clínico del SNS, tendentes al profesionalismo, y que permita acabar con la burocracia y otras rigideces administrativas.

 

Para el portavoz de Sanidad del PSM, Dr. Freire, el quid radica en cómo hacer sostenible al sistema, y saber de qué factores realmente depende dicha sostenibilidad. Desde su punto de vista, «la sostenibilidad de un sistema como el español depende, básicamente, de factores externos como las variables socioeconómicas y el apoyo social y político y políticas públicas que favorezcan la salud. En cuanto a factores internos giran en torno a cómo gobernar el sistema, la buena práctica clínica y los valores del profesionalismo

 

Uno de los principales problemas para el portavoz socialista es «la laguna que tiene nuestro sistema, que no tienen ningún otro financiado por impuestos y presuntamente universal». Se trata de que «España es el único país que financia Sanidad por impuestos, pero ésta es desigual, dualizada».

 

Los presidentes de los Colegios de Médicos de Álava, Dr. Kepa Urigoitia; y de Castellón, Dr. José Antonio Herranz, además del vicepresidente del Colegio de Médicos de Albacete, Dr. José María Samaniego se encargaron de avivar el debate con sus preguntas lanzadas a los dos ponentes.

 

El Dr. Herranz recordó que la gestión clínica se encuentra entre los puntos más importantes de los Acuerdos firmados en Moncloa en 2013 entre el Foro de la Profesión Médica (FPME) y el Ministerio de Sanidad, y planteó si ésta podría constituir una de las claves del cambio dentro del sistema sanitario.

 

El consejero de Sanidad de Castilla y León afirmó que en su comunidad se acaban de aprobar las primeras 15 unidades de gestión clínica, que van a contribuir a generar «un cambio cultural que exige liderazgo, compromiso y proyecto».

 

Mientras, a juicio del Dr. Freire, para hacer realidad los objetivos de gestión clínica «se precisan más herramientas que permitan avanzar y menos decretos y más organizado».

 

El Dr. Urigoitia destacó las diferencias conceptuales existentes a nivel «macro y meso» dentro de las distintas organizaciones politicas y también entre la sociedad, ello influye, a la hora de referirnos al Pacto por la Sanidad que no acaba de lograrse. Su cuestión giró en torno a la manera de acceder a los órganos de dirección y de gestión. «Todos coincidiremos en que cualquiera que sea la financiación de la sanidad bien sea escasa o suficiente o, incluso, extraordinaria, lo que se requiere es que sea profesional y eficiente, para lo cual se requiere una formación y una experiencia de los profesionales», según indicó.

 

Sin embargo, la realidad, a su juicio, es que «bajo la apariencia de un ‘pseudoconcurso’, el procedimiento se sustenta en la libre designación en la que lo que prima es, sobre todo, las afinidades políticas, además de que la duración de esos cargos se agota al mismo tiempo que la de los cargos políticos, de tal forma que habría que saber, por un lado, dónde marcar la línea divisoria entre cargos políticos, cargos de libre designación, y cargos por concurso donde se respete la igualdad, los méritos y la capacidad. Por otra parte, planteó si este acceso debería ser homogéneo en todo el Estado a partir de una normativa estatal o adaptarse a la capacidad normativa de las CC.AA.

 

La opinión del Dr. Saez Aguado al respecto es que son cargos que deben ser de libre designación, lo cual no debe constituir un obstáculo para que se intente reclutar a las personas con mejor formación y capacidad para las competencias que tienen que desarrollar.

 

Por su parte, el Dr. Freire considera que no puede ser posible tener bien organizada la gestión si primeramente no está bien organizado el gobierno de las instituciones. Hizó hincapié, a su vez, en diferenciar gobierno de gestión.

 

Mientras, el Dr. Samaniego planteó si sería recomendable la devolución de las competencias sanitarias al Estado y de una forma orgánica todos los pacientes tuvieran su tarjeta sanitaria válida para todo el país. El consejero de Sanidad de Castilla y León respondió con un «no rotundo», al considerar que la descentralización ha sido muy positiva para la Sanidad. Mientras, para el socialista Freire «es positivo que existan 17 sistemas sanitarios en España, siempre que se cuente con un liderazgo por parte del Ministerio de Sanidad aunque lamentó que éste carezca de la capacidad técnica que se precisa en estos momentos».

 

Las conclusiones que se obtuvieron de esta mesa pasan por la necesidad de dotar de suficiencia financiera el SNS; y la conveniencia de que el Congreso de los Diputados designara una comisión de expertos para sintetizar los principales problemas de organización y funcionamiento del sistema sanitario. 

 

Por otra parte, la implicación de los médicos en la sostenibilidad del SNS exige instrumentos que fomenten la transparencia, el compromiso y el trabajo planificado, para lo cual deben actualizarse los contratos de gestión; revisarse los cuadros de mandos de objetivos y su comparabilidad; e implementarse los acuerdos de gestión por procesos asistenciales.

 

Además, hubo un alto grado de consenso para que el Gobierno promueva un marco normativo nuevo que establezca y defina el concepto y alcance de “Sistema Nacional de Salud” y de “ciudadanía sanitaria”. También se abogó por diseñar cambios que, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad, permitan una cobertura continuada y permanente de las plazas vacantes para el personal sanitario.

 

Finalmente, se consideró recomendable promover una norma para actualizar un modelo de referencia para la organización y funcionamiento de los centros sanitarios y otros vinculados a la red de servicio público, de acuerdo a los principios de buen gobierno.