La Plataforma del Tercer Sector reclamó durante la celebración de su Asamblea General, el establecimiento de un sistema de competencias sociales compartidas, "fundamentado constitucionalmente", que posibilite "la colaboración del Estado con las entidades de la sociedad civil organizada" para la asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad
Así se refirieron sus representantes a la defensa del modelo actual de gestión de los fondos derivados del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales, cuya gestión exclusiva reclaman algunas comunidades autónomas.
Rafael de Lorenzo, secretario general de la Plataforma del Tercer Sector, y Luis Cayo Pérez Bueno, vicepresidente para el Diálogo Civil e Impulso Normativo, reclamaron así en nombre de la Plataforma el mantenimiento del sistema actual de distribución y gestión de estos fondos, para lo que la entidad trabajará con el próximo gobierno en el establecimiento de «una solución estable y sólida» sobre esta cuestión. No podemos, afirmaron, «dejar desatendidas a seis millones de personas» que se benefician directamente de los proyectos sociales financiados con estos fondos.
El Estado, añadieron, «no puede prescindir de una herramienta de carácter transversal, de homogeneización y de solidaridad interterritorial como es el actual sistema de IRPF», ya que se trata «de defender a los ciudadanos en situación de necesidad».
Este tema será, tal y como remarcó Pérez Bueno, «uno de los puntos de trabajo prioritarios de la Plataforma», a retomar «nada más se despeje la escena política», esperando así que se le dé «respuesta en los primeros meses de legislatura».
La Plataforma del Tercer Sector lleva trabajando durante el último año en el diseño de propuestas alternativas al sistema actual, que ofrezcan las máximas garantías jurídicas y ofrezcan sostenibilidad al sector y confía en que el próximo gobierno retome el trabajo realizado, y concluya con una solución satisfactoria.
Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, realizó, por su parte, un balance institucional de los cuatro años de vida de la Plataforma, unos años en que se han realizado «300 acuerdos, en su mayoría en relación a posicionamientos sobre cuestiones en el ámbito de lo social, que reflejan «el avance» que ha supuesto «saber pensar como sector, para beneficiarnos mutuamente».
Ley del Tercer Sector
Así, según afirmó, han sido posibles hitos cruciales para el desarrollo del sector como la aprobación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, una ley «que hubiésemos querido que fuera más allá, o que incluyese una memoria económica», pero que aun siendo una ley marco menos ambiciosa de lo deseado «supone el inicio de un camino», en base al cual las organizaciones sociales deberán trabajar «por el despliegue de la ley y el desarrollo del sector».
En este sentido, será necesario «dotar de contenido real a la ley y materializar sus mandatos concretos», aprovechando «el potencial que ya tenemos, para seguir reivindicando y defendiendo derechos y valores sociales, que es el fin último de la Plataforma» y de las entidades que componen el sector.
Según Poyato, en estos años se ha conseguido «un nivel de interlocución (entre el Estado y las entidades de la sociedad civil) único en la historia de la democracia», que se refleja en logros como el establecimiento de la Comisión de Diálogo Civil, cuya existencia es, a partir de la aprobación de la Ley del Tercer Sector, «independiente del partido que gobierne».
Aunque «hemos avanzado como sector», afirmó, «aún queda valorar la repercusión directa, que se verá más adelante, en la mejora de las condiciones de vida de las personas a las que atendemos».
Carlos Susías, vicepresidente de Políticas Sociales de la Plataforma, repasó por su parte el documento de propuestas electorales en materia de inclusión social que la Plataforma ha elaborado recientemente, así como su reflejo en los distintos programas electorales de los principales grupos que concurren a las elecciones.
Según Susías, tanto desde la Plataforma como desde el conjunto de entidades sociales debemos «permanecer expectantes y preparados» ante una posible reforma de la Constitución, para la inclusión en la misma de los derechos sociales, económicos y culturales, «y que pasen a formar parte del núcleo duro constitucional».
Según el vicepresidente de la Plataforma, el escenario político futuro presenta oportunidades de desarrollo del segundo gran bloque de propuestas de la Plataforma, el dirigido a la lucha contra la pobreza, la exclusión y vulnerabilidad, «del nuevo enfoque de modelo social que buscamos, en favor de las personas más vulnerables».
Así, explicó, el documento deberá servir como una declaración de principios «para hacer también presión a los gobiernos autónomos» para que apoyen e impulsen medidas como el establecimiento de una Ley Estatal de Rentas Mínimas Garantizadas.
