La directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, advirtió del efecto negativo en la ciudadanía que puede conllevar la ley aprobada, recientemente, en Holanda que convierte automáticamente a los ciudadanos en donantes de órganos
Domínguez-Gil considera que esta modificación legislativa por la que los ciudadanos se convierten en donantes salvo a aquellos que hayan expresado su negativa en vida y certificándolo así un registro específico, se ha manejado de una forma «un poco torpe» y cree que, antes de llevarla a cabo, en este país se tendrían que haber cambiado «muchas cosas antes» en relación a las donaciones.
«Muchos ciudadanos pueden percibirlo como un intento de fiscalización de los órganos por parte del Estado y puede tener un efecto negativo», alertó Domínguez-Gil al ser preguntada en Santander sobre la nueva ley de donación de órganos aprobada en el Senado holandés por un estrecho margen.
La directora de la ONT señaló que en España la ley de consentimiento presunto en la donación es «idéntica» a la de Holanda y a la de otros países tanto del entorno europeo como de fuera, pues parte del mismo concepto, de la base de que toda persona es donante salvo que haya expresado en vida su oposición a serlo.
Sin embargo, la directora de la Organización Nacional de Trasplantes explicó que «lo que puede variar mucho de un país a otro» es en «cómo se aplica el concepto».
Así, según Domínguez-Gil, en Holanda lo que se plantea es una implementación «muy estricta» del concepto ya que hace falta que una persona se haya opuesto en vida a la donación, certificándolo así en un registro creado específicamente para ello, para que sus órganos no sean donados, «aparentemente sin tener demasiado en cuanta a la familia».
Mientras, según recordó, en España, el deseo o rechazo a ser donante se puede expresar por cualquier medio, sin necesidad de que quede en un registro y vale, incluso, con hacerlo al entorno familiar. El coordinador del trasplante tiene entre sus tareas el verificar que la persona no haya expresado en vida su oposición a donar, sea por el medio que sea.
De esta forma, la familia del fallecido «siempre» es consultada y «en la práctica» es la que «tiene la última palabra». «Si una familia se opone, nosotros no vamos a proceder nunca a la extracción de los órganos», reconoció la directora de la ONT. Al respecto, Domínguez-Gil insistió en que en España y Holanda «el concepto es el mismo pero la implementación es diferente».
«No nos va muy mal», ha reivindicado, en relación a España, Domínguez-Gil, que señaló que el 87 por ciento de las familias de los fallecidos dieron en 2017 su ‘sí’ a la donación. Además, consideró que el cambio legislativo que se ha planteado en Holanda no va a tener «un impacto sustancial» en el volumen de donaciones, o si lo tiene será «transitorio».
«Si no se llevan a cabo reformas estructurales y organizativas claras, un cambio legislativo no arregla un problema tan complejo como la escasez de órganos para trasplantes», afirmó.
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