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La OMC pide responsabilidades y una partida económica inmediata para los afectados por la talidomida

La OMC hará una propuesta concreta al Parlamento y al próximo Gobierno en la  que se constate lo que, a su modo de ver, considera que hay que hacer para llegar a prontas soluciones para los afectados por la talidomida. Así lo expresó su presidente, el Dr. Rodríguez Sendín, quien reclamó una partida económica inmediata, al igual que ha sucedido con los afectados por la Hepatitis C, “que pueda recompensar a las víctimas en aquello que precisen tanto en pensión, aparataje ortoprotésico como en tratamientos que requiera en cada caso”

El presidente de la OMC fue el encargado de inaugurar la Jornada, celebrada ayer lunes en la sede de la corporación, sobre la “Realidad de los Afectados de la Talidomida en España”, organizada por AVITE (Asociación de Víctimas de la Talidomida en España) en colaboración con la OMC, en la que se habló de delimitación de responsabilidades, de la  falta de información, de la igualdad de trato con respecto a otros ciudadanos europeos, de justicia y denuncia, de obligaciones éticas, además de compromiso y búsqueda de soluciones, entre otras cuestiones.

Para el presidente de la OMC existen unas responsabilidades previas claras del Laboratorio Grünenthal, y posteriores del Estado español “por no haber sabido proteger de los riesgos anunciados, ni haber actuado de oficio”.

Todo ello, como apuntó, ha dado lugar a una “aberrante historia de 50 años de agravios, despropósitos, injusticia, falta de información y también de abandono”. Resulta inadmisible –añadió- que, transcurrido todo este tiempo, “a las víctimas españolas no se les haya dado el reconocimiento preciso por parte del Estado ni se les haya indemnizado por parte de la empresa farmacéutica causante del mal de la misma manera que se ha hecho con el resto de ciudadanos europeos afectados”. El Dr. Rodríguez Sendín se atrevió a calificarlo de “atentado a los derechos humanos”.

Lamentó el abandono que el actual y anteriores Gobiernos “han demostrado con estos pacientes” y pidió a los partidos políticos que asuman el correspondiente compromiso.

El presidente de la OMC instó a que la vía de reclamación esté permanentemente abierta y animó, además, a los pacientes a seguir reivindicando sus derechos. En este sentido, destacó la importancia de poder contar con una Asociación como AVITE. “Es fundamental –recalcó- que las asociaciones de pacientes estén activadas y muy organizadas”.

Reiteró el compromiso de la OMC de poner en la agenda pública este problema y de buscar soluciones. Además –añadió-  “la profesión médica debería pensarse si un laboratorio que tiene una Fundación contra el Dolor, que no es más que una estructura de marketing, debe continuar en condiciones normales en nuestro país, y tomar nota de lo que este laboratorio es capaz de hacer con los pacientes españoles”.

El vicepresidente de AVITE, Rafael Basterrechea Estella, coincidió con el presidente de la OMC en cuanto a denunciar las responsabilidades incumplidas por parte de Grünenthal, que declinó la invitación a participar en esta Jornada. Pero también se refirió al Instituto de Salud Carlos III, invitado a través del Centro de Investigación de Anomalías Congénitas (CIAC) que, finalmente, no se pudo personar porque, según los argumentos recibidos por parte del CIAC  “ninguna de las personas que constituye dicho centro tiene conocimiento alguno sobre la talidomida y sus efectos”, según expuso Basterrechea quien aseguró, sin embargo, que dicho centro “es el único lugar de referencia para nuestro problema”.

El representante de AVITE argumentó en otro momento de su participación, que  la facturación de la empresa farmacéutica alemana fue en 2015 de 18.500 millones de euros, con un beneficio próximo a los 3. 700 millones de euros. Y es que, según sus cálculos, indemnizar a los cerca de 500 afectados actuales con una pensión le costaría unos 27,8 millones de euros”.

Realidad de un colectivo “discapacitado, olvidado y desprotegido”

La Jornada se desarrolló en torno a dos mesas redondas,  la primera de ellas, con carácter más clínico, fue moderada por el Dr. Carlos Molina, presidente del Colegio de Médicos de Cuenca y uno de los participantes en el informe elaborado, recientemente, por la OMC sobre “Embriopatía por Talidomida”.

En la misma participaron el Dr. Mariano Casado, presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Badajoz; Dr. Galo Sánchez, farmacéutico, miembro del grupo Evalmed-GRADE; Dr. Claus Knapp, radiólogo, además de descubridor y testigo de todo el proceso; y Dr. Javier García Mora, médico forense

La intervención del Dr. Casado se centró, sobre todo, en la obligación legal, ética y manifiesta de la sociedad española de no dejar olvidados ni desprotegidos a los pacientes de talidomida.

Mientras, el farmacéutico Galo Sánchez se refirió a la talidomida en el contexto del uso de medicamentos y el embarazo, y tras ofrecer un recorrido por la distinta normativa en materia farmacéutica, remontándose al siglo pasado, aseguró que pese a que “con el paso del tiempo hayan ido cambiando los controles, la evaluación y los visados para comercializar y dispensar los medicamentos, la responsabilidad sigue siendo la misma”.

Por su parte, el investigador del caso, Dr. Claus Knapp, denunció las trabas y el interés del Laboratorio Grünenthal para evitar cualquier proceso judicial, incluso, se atrevió a decir que podrían estar dilatando la solución “a la espera de que los afectados vayan falleciendo”. Por tanto, “la vista hay que ponerla en Alemania”, a su juicio. Asimismo, advirtió de los problemas de salud que el envejecimiento puede acarrear a los afectados, por lo que pidió centros de cuidados especiales distribuidos por toda la geografía española para evitar que estos pacientes tengan que estar continuamente desplazándose.

Por su parte, el Dr. Javier García de la Mora, insistió en la necesidad de considerar los daños morales de los afectados y de sus familias y alentó a las víctimas a seguir luchando tanto dentro como fuera de nuestro país.

Responsabilidad de compensar y ayudar a las víctimas

La jornada acogió una segunda mesa que contó con la participación de representantes políticos del Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos e Izquierda Unida, con la ausencia de Podemos que también estaba incluido en el Programa.

Moderó el acto el vicepresidente de la OMC, Dr. Serafín Romero, quien destacó el compromiso de la corporación médica con la Asociación de Víctimas de la Talidomida en caminar juntos en la búsqueda de objetivos comunes.

Recordó que, entre las funciones de los Colegios de Médicos, figura “la defensa no solo de los médicos sino también de los derechos de los ciudadanos y de los pacientes, además de velar por la calidad y que sea justo, sin olvidar la búsqueda de responsabilidad y de ayuda cuando sea preciso”.

Aludiendo al documento aprobado por la Asamblea de la OMC sobre Talidomida, el pasado mes de diciembre (http://www.medicosypacientes.com/wp-content/uploads/drupal/Documento%20%20%20Talidomida%20%20%20111215.pdf , recordó “el compromiso tácito manifestado en el mismo  ante una clara vulneración de los valores y principios que defiende la profesión médica y por el mandato deontológico de apoyar a las víctimas de la talidomida, que nos obliga como médicos y como representantes de la profesión a instar a todos sus miembros a situarnos con más fuerza a su lado para ayudarles a alcanzar los objetivos de su justa reivindicación”.

Por parte del PP participó el Dr. José Ignacio Echániz, secretario de Sanidad y de Asuntos Sociales, que aludió al “lucro empresarial detrás de la venta de la talidomida que generó un problema que hay que asumir con responsabilidad, después de tantos años silenciado”.  Instó a trabajar para realizar un esfuerzo de homogeneización en la respuesta a este problema de carácter trasnacional.

Echániz recomendó a los afectados ponerse en contacto con las Asociaciones de víctimas de la talidomida de otros países para alcanzar una respuesta más eficaz.

Hizo una llamada de atención a la industria farmacéutica, hacia los procesos de I+D+I destinados a la formulación de moléculas para nuevas enfermedades, y abogó por que la situación de estas víctimas se incluya en la agenda de prioridades sociales del país.

Mª José Sánchez Rubio, secretaria de Sanidad del PSOE, urgió la reforma del R.D. 1006/2010 por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965, puesto en marcha por el Gobierno Zapatero. “Se pensó que iba a dar solución pero no la dio para ese reconocimiento necesario”. Además, apostó por exigir responsabilidades al laboratorio, desde los Gobiernos y también desde la práctica médica para que sepa “que esto no sale gratis, ni que se puede actuar de manera distinta con los afectados españoles de cómo se ha actuado con los alemanes”. Asimismo, instó a la coordinación de esfuerzos entre Administración central y autonómicas para facilitar la vida a los afectados.

Desde el punto de vista Francisco Igea, diputado por Ciudadanos, lo importante es identificar el número de afectados por la talidomida y después evaluar el coste que conlleva. Rechazó la reforma de las prestaciones ortoprotésicas promovida por el Gobierno del PP que, a su juicio, “podría dar más problemas que beneficios”.

José Andrés Llamas, secretario de salud por IU, criticó que se estén autorizando fármacos sin las pruebas suficientes, que pueden producir daños. Ello favorece a la industria farmacéutica, por un lado, y perjudica a las víctimas y afectados de efectos secundarios de medicamentos como la talidomida.

Aludió a las diferencias de trato recibidas entre los ciudadanos españoles y los europeos por sus respectivos gobiernos respecto a las pensiones concedidas. “Llevamos 50 años de retraso con respecto al resto de Europa, donde están cobrando cantidades adecuadas a su grado de discapacidad, y se actualizan en función del coste de vida”, concluyó.

 

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