El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, y ex secretario de Estado del ramo, José Martínez Olmos, fue el encargado de realizar ayer miércoles una interpelación a la ministra de Sanidad en el Congreso de los Diputados sobre privatización y desigualdades territoriales
Madrid, 29 de noviembre 2012 (medicosypacientes.com)
El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, y ex secretario de Estado del ramo, José Martínez Olmos, en una interpelación ayer miércoles a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el Congreso, le preguntó sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo ante las «crecientes desigualdades» territoriales creadas por la privatización de servicios públicos y en el acceso a la prestación de los servicios sanitarios.
Martínez Olmos consideró que el cambio de modelo de un sistema universal a otro basado en el aseguramiento, «con las medidas que ha emprendido el Gobierno a lo largo de este año, además de significar un retroceso de 30 años está provocando multitud de problemas y dificultades administrativas entre el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, y el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)».
Además, remarcó que la exclusión de determinados colectivos de la cobertura sanitaria pública no ha sido aplicada por todas las comunidades autónomas de igual manera, estableciéndose procedimientos muy distintos y, por tanto, generando «más confusión».
En su opinión, lo mismo ocurre con otras de las medidas como el copago farmacéutico, que, a su juicio, no se aplica de la misma manera en todas las comunidades autónomas, al igual que la implantación del euro por receta en Cataluña desde julio de 2012 y en Madrid a partir de 2013
Asimismo, se refirió a la privatización de los servicios públicos de salud, después del reciente anuncio de poner en manos privadas la gestión de los servicios sanitarios público de la Comunidad de Madrid.
Según recordó, ha sido contestado por una «amplia e intensa movilización» popular, así como por argumentos técnicos «de todo tipo» esgrimidos por las sociedades científicas e instituciones médicas, forzando a la Consejería de Sanidad a dar marcha atrás.
«Todos estos asuntos ofrecen un panorama en el que el ministerio de Sanidad es incapaz de ejercer el liderazgo para asegurar la sostenibilidad, la calidad, la cohesión y la igualdad sanitaria en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Al revés, la sanidad española, hoy, se parece más a un monstruo de 17 cabezas que aun sistema común, universal, cohesionado, basado en la equidad», concluyó.
«Acceso garantizado
a la Sanidad pública»
En su respuesta, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, aseguró que la reforma sanitaria emprendida por el Gobierno garantizará «el acceso a la sanidad pública a todos los españoles, independientemente de su situación o lugar de residencia». La ministra, acusó a Martínez Olmos de autoproclamarse «grandes valedores de la sanidad pública, pero eso sí, sin pagarle absolutamente a nadie».
Mato señaló que la Reforma emprendida por el Ministerio ha acabado con el turismo sanitario, ha conseguido reducir el gasto farmacéutico a la vez que se han introducido medidas de equidad, como excluir a los parados de larga duración del pago de los medicamentos. Asimismo, ha destapado importantes irregularidades en el aseguramiento, como las 200.000 tarjetas de personas que figuraban como beneficiarios de pensionistas debiendo ser titulares, y que de este modo no pagaban por las medicinas.
Mato también ha afirmado que «de nada sirve que quieran contraponer el aseguramiento al principio de universalidad». Con la clarificación de la condición de asegurado también se ha «incluido por primera vez en la asistencia sanitaria a profesionales colegiados».
La ministra ha asegurado que las medidas tomadas garantizan que no haya «17 sistemas sanitarios diferentes, sino un único sistema con 17 servicios perfectamente coordinados». Por el contrario, el Gobierno anterior dejó, en palabras de Mato, «17 sistemas de salud descoordinados, donde los españoles convivían con 17 modelos de tarjeta sanitaria y 17 calendarios vacunales infantiles, con fronteras sanitarias incluso cuando una comunidad atendía a pacientes de otra».
En cuanto a la tasa del euro por receta, adoptada por Cataluña y Madrid, la ministra recordó «que hemos dicho que no estamos de acuerdo en Cataluña y hemos dicho que no estamos de acuerdo en Madrid». Por ello, «hemos anunciado que, si no hay acuerdo, presentaremos recurso al Tribunal Constitucional».
La ministra contrapuso esta posición con la de Martínez Olmos, al que puso por ejemplo el caso de Andalucía que, a su juicio, «en el ejercicio de sus competencias» en Sanidad, ha hecho de la colaboración público-privada un ejemplo en España». De este modo, ha recordado que la Junta andaluza concierta la prestación de servicios sanitarios con 18 hospitales privados». Además, «el 80% de las resonancias magnéticas que se realizan en esta Comunidad se hacen con proveedores sanitarios privados».
