Un total de 684.000 ciudadanos, desempleados que han perdido su prestación, y que ya no tienen que aportar nada por los medicamentos que les receta el facultativo es el dato aportado por la ministra de Sanidad, Ana Mato, respecto a las personas beneficiadas de la exención de pagar por los fármacos que se les prescriben, tras la medida que entró en vigor en julio de 2012
Madrid, 25 de abril 2013 (medicosypacientes.com)
Un total de 684.000 ciudadanos, desempleados que han perdido su prestación, y que ya no tienen que aportar nada por los medicamentos que les receta el facultativo es el dato aportado por la ministra de Sanidad, Ana Mato, respecto a las personas beneficiadas de la exención de pagar por los fármacos que se les prescriben, tras la medida que entró en vigor en julio de 2012.
Mato ha aportado el dato en la sesión de ayer miércoles de control al Gobierno, en el Pleno del Congreso, en respuesta a una pregunta oral sobre las medidas que va a poner en marcha el Gobierno para luchar contra la exclusión. Antes de la reforma del sistema de participación farmacéutica, estos parados sin prestación estaban obligados a pagar el 40% del precio de sus medicamentos, como cualquier activo, con independencia de sus ingresos.
En la actualidad, los activos aportan un porcentaje del precio de los fármacos en función de su renta, pero se ha excluido a los parados de larga duración sin prestación, junto con otros grupos, como los beneficiarios de pensiones no contributivas, rentas de inserción o afectados por el síndrome tóxico.
La ministra ha resaltado que el Gobierno continuará poniendo en marcha medidas como ésta, para apoyar a las personas en riesgo de exclusión, porque «hay una ecuación que, desafortunadamente, no falla: la ecuación exclusión-paro». De este modo, ha asegurado que va a presentar un Plan Nacional de Inclusión Social «que tendrá como objetivo prioritario la lucha contra la pobreza infantil».
Mato recordó, además, que el Ministerio trabaja en un Plan Integral de Apoyo a la Familia y la reciente presentación del Plan Nacional de Infancia y Adolescencia, «con más de 5.000 millones de euros para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los menores».
