La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, expresó su confianza en que en que la Ley de alcohol en menores tenga gran consenso y espera que los primeros trámites de dicha normativa se superen a lo largo de este año
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, expresó su confianza de que el futuro proyecto de Ley contra el consumo de alcohol en menores tendrá un «gran consenso» entre todos los grupos parlamentarios, padres, profesionales sanitarios e industria, así como confía en que, al menos, la primera vuelta de su aprobación se realice en el año 2018, tal y como está fijado en el Plan Anual Normativo.
Montserrat, que precisó que el Gobierno aún no posee formalmente la ponencia de la Comisión Mixta Congreso Senado para el Estudio de las Drogas sobre este nuevo proyecto de ley, señaló que «a lo largo de esta semana o la que viene» se pondrán a trabajar en sus contenidos, una vez sea votada por todos los grupos parlamentarios que integran la Comisión.
En cualquier caso, reiteró que confía en que los partidos estén en «consonancia» con la intención del Gobierno con esta ley, que es «sensibilizar, concienciar, prevención y tolerancia cero del alcohol en menores para proteger su salud».
Por todo ello, insistió en que va a haber un «gran consenso social» en todos los sectores implicados, incluida la industria, la administración, padres y profesionales sanitarios. «¿Quién no vela, no está preocupado o quiere proteger a los menores? Todo el mundo quiere proteger al futuro de España», ha remarcado.
En cuanto a su fecha de aprobación, indicó que esperan, «como mínimo», que la primera parte legislativa se supere a lo largo de este año. «Estamos en la intención y la voluntad de que se apruebe al menos la primera vuelta en 2018», concluyó.
El informe de la futura Ley alcohol
El informe que establece las bases de la futura Ley contra el consumo de alcohol en menores, validado la pasada semana en el Senado y a la espera de su aprobación por la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, incluye que se sancione a los padres de los menores que beban, y, en caso de reincidencia grave, si se demuestra una actitud negligente de los padres, se aplicaría la normativa existente en el ordenamiento jurídico para la protección del menor.
Asimismo, propone prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública (botellón) salvo terrazas o áreas autorizadas y unificar criterios; revisar los impuestos especiales de todas las bebidas y establecerlos en relación con la cantidad de alcohol puro que contiene cada una de ellas; y limitar la publicidad, promoción y patrocinio en vía pública estableciendo un perímetro en torno a las cercanías de lugares destinados a menores o frecuentados habitualmente por ellos.
Además, endurece las medidas contra cualquier tipo de local o comercio que vendan o suministren alcohol a menores de manera reiterada, llegando a ser incluso clausurado.
El informe, que parte de que «los últimos datos de consumo de alcohol por menores son preocupantes», muestra como «objetivo primordial» retrasar la edad de inicio en el consumo hasta los 18 años e incrementar la percepción social del riesgo de dicho consumo.
No obstante, el informe muestra falta de acuerdo entre los expertos en lo relativo a la eficacia de una ley de menores sin alcohol, se muestra «escépticos» puesto que ya existen legislaciones autonómicas y ordenanzas locales que regulan las cuestiones fundamentales «y, sin embargo, su impacto no ha sido el esperado».
En informe, por tanto, afirma que «cualquier medida a desarrollar debe contar con unos niveles adecuados de coordinación entre los ámbitos educativos, familiares, sanitarios, sociales y de cualquier otro ámbito que pudiese ser necesario».
Esto implica «sensibilizar» a toda la sociedad sobre los riesgos del consumo de alcohol por parte de los menores y disminuir la tolerancia al consumo en esta etapa vital para el desarrollo de la persona con medidas destinadas a incrementar la percepción de riesgo y disminuir la tolerancia social frente a su consumo.
Crear un Observatorio de menores y alcohol con participación de todos los agentes implicados que estén llamados a formar parte de la solución, en el seno del Observatorio Nacional de Drogas y Adicciones.
Para ello, se priorizar incluir en el Plan Nacional sobre Drogas actuaciones específicas «sobre los menores y el alcohol»; y ampliar, en el ámbito judicial equipos psicosociales en los juzgados de familia y menores y en juzgados de guardia, para que tengan la suficiente capacidad de afrontar la mediación civil y penal.
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