Viernes, 22 Febrero 2019

Informe Observatorio Estatal de la Dependencia 2015

La financiación del Gobierno para atender a los dependientes fue del 18%

El Gobierno de España aportó en 2015 el 18% de la financiación del Sistema de Atención de la Dependencia en el año 2015, mientras que las comunidades asumieron el 82% del gasto público, a pesar de que la ley prescribe que la financiación tiene que ser al 50%, según un informe realizado por el Observatorio Estatal de la Dependencia, hecho público el viernes

Madrid 23/09/2016 medicosypacientes.com/ Servimedia
Las Comunidades Autónomas asumieron el 82% del gasto público
El informe, asegura el citado Observatorio, se basa en el análisis de los certificados de gasto en Autonomía personal y Dependencia del ejercicio 2015 de las comunidades autónomas.
 
El estudio también revela que el gasto público por beneficiario es de 8.500 euros al año, de los que 7.000 euros los aportan las comunidades autónomas y la Administración General del Estado solamente 1.500 euros.
 
"El recorte acumulado del Gobierno de Rajoy en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende ya a más de 2.865 millones de euros tal y como se reconoce en el Plan de Estabilidad y en los Planes de reformas remitidos a Bruselas", explicó el Observatorio.
 
"El quebranto para las comunidades autónomas en la financiación de esta importante política social las coloca en una encrucijada de muy difícil salida, cuando son ellas las que deben responder ante las personas dependientes", concluye el informe.
 
La novedad de este estudio es que se ha realizado con los "documentos oficiales suscritos por las respectivas Intervenciones Autonómicas", hecho que recalca la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ya que "hasta ahora nuestras denuncias sobre la infrafinanciación del Sistema se basaban en estimaciones del propio Observatorio" y ahora esta denuncia se basa en datos oficiales.
 
"Hasta ahora el Ministerio no reconocía los datos que venía ofreciendo el Observatorio, y descalificaba sus estudios. Con los datos certificados, la realidad ya es incontrovertible y evidencia la falta de veracidad y la insolidaridad del Gobierno de España con las personas dependientes, con sus familias y con los territorios del Estado", aseveró la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.