Que se reabra de forma permanente el reconocimiento de los afectados y se proceda a su compensación por parte de la empresa farmacéutica Grünenthal y del Gobierno, de igual forma que lo han hecho en otros países de nuestro entorno, es una de las conclusiones de la Jornada sobre la “Realidad de los afectados de talidomida en España”, organizada por la Asociación de Víctimas de Talidomida de España (AVITE) y la Organización Médica Colegial (OMC)
La Jornada contó el testimonio de varios afectados por la talidomida, colectivo que lleva más de 50 años esperando ser compensado por los graves efectos y malformaciones sufridas a consecuencia de este fármaco. En ella, diversos expertos expusieron la “Realidad de este colectivo, discapacitado, olvidado y desprotegido”, abordando el origen del problema, lo que supuso el uso de la talidomida en mujeres embarazadas, un enfoque desde el punto de vista de la deontología médica y la situación actual de las víctimas, y de representantes de PSOE, PP, Ciudadanos e IU abordaron la “Responsabilidad de compensar y ayudar a las víctimas”.
El Dr. Javier Font Celaya, representante nacional de la Vocalía de Médicos de Hospitales y uno de los participantes en el informe elaborado por la corporación sobre la Embriopatia de la Talidomida, fue el encargado de hacer públicas las conclusiones de la Jornada. Tras agradecer a todos los participantes su esfuerzo, en especial a las más de ciento cincuenta víctimas y familiares que asistieron, pidió perdón a todas ellas “porque estabais ahí y no os veíamos” y porque “seguramente hemos fallado muchos de nosotros en daros la atención, el cariño y el consuelo que necesitabais tanto vosotros como vuestras familias, especialmente vuestras madres”.
El Dr. Font puso en valor la aportación del Dr. Claus Knapp para “mantener viva la esperanza de vuestra justa reivindicación” e instó a los partidos políticos representados en la Jornada a hacer frente a este problema ya que “gran parte de la solución –dijo- está en sus manos” porque la sentencia del Tribunal Supermo que desestimó el recurso de AVITE contra Grünethal al considerar que la acción había prescrito, insta a la Administración a que tome conciencia de la situación y le haga frente. En este sentido, recordó el caso del Gobierno de Irlanda que entró a formar parte de la indemnización, aunque ya lo hacía la distribuidora del fármaco, porque lo consideró “una cuestión de principios”.
A continuación, junto al presidente de la OMC, Dr. Juan José Rodríguez Sendin, y el vicepresidente de AVITE, Rafael Basterrechea, dio paso a la lectura de las conclusiones:
Conclusiones
Una vez conocidos y admitidos, en primer lugar, la relación causa y efecto entre la ingesta de talidomida por mujeres embarazadas y las consecuencias de la misma, se debió haber actuado con mayor celeridad y diligencia, lo que no ocurrió intencionadamente en el caso de Grünenthal y por desidia y falta de interés en el Gobierno de España de aquel momento.
Los médicos inicialmente no fueron informados correctamente. Se les presentó un producto seguro cuando no lo era y, posteriormente, estuvieron desinformados por las actitudes adoptadas desde la central alemana de Grünenthal y su filial española tras decidir qué información disponible pondrían en conocimiento de los médicos, lo cual supuso, también, un daño a la profesionalidad del médico y también a su biografía.
La mayoría de los afectados no han tenido reconocimiento y compensación alguna por los daños que les ha ocasionado el medicamento, constituyendo un agravio comparativo respecto a lo sucedido en la mayoría de los países de nuestro entorno. Situación que se ha convertido en dramática cuando la respuesta que ha dado el Tribunal Supremo, no les permite compensarles, pero sí que reconoce en la propia sentencia cuando alude a “la conveniencia de buscar otros caminos para resarcir a los perjudicados por una palmaria injusticia”.
La utilización de la talidomida, hace más de 50 años, ha constituido un problema sanitario y también un problema ético. Lo ocurrido fue una tragedia, como consecuencia de una gestión errónea e interesada. La negativa por la farmacéutica Grünenthal a reconocerlo, inicialmente, y después a repararlo, constituye, en la práctica, una vulneración de los derechos humanos recogidos en la Constitución Española.
La empresa farmacéutica Grünenthal y el Gobierno de la Nación, debieran satisfacer a los afectados de igual forma que lo han hecho en otros países de nuestro entorno, por entender que ambos son responsables de la tragedia, con el fin de mitigar en parte el daño que se les ha ocasionado.
La catástrofe causada por la comercialización de la talidomida no puede quedar sumida en el olvido ni en la pasividad de los diferentes gobiernos y sectores de la sociedad, en especial de los sanitarios. Es preciso activar una postura ética, que sensibilice a la sociedad para que responda adecuada y proporcionalmente ante esta agresión a nuestros pacientes y ciudadanos.
Instamos al Gobierno de España, que con la mayor diligencia posible, reabra de forma permanente el reconocimiento de los afectados y se proceda a su compensación, entendiendo que el plazo y margen de edad que se dio en su día fue, a todas luces, insuficiente.
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