El Pleno de la Asamblea de Madrid dio ayer el visto bueno a la Proposición de Ley presentada por el PSOE, sobre garantías de las personas en el proceso final de la vida. El portavoz socialista en materia sanitaria, el Dr. José Manuel Freire explicó los seis objetivos de la ley: explicitar, proteger y regular mejor el derecho de los pacientes a recibir una buena atención sanitaria en el proceso final de la vida; dar cobertura al rechazo de tratamientos inútiles y la limitación del esfuerzo terapéutico; facilitar que personas en situación terminal que lo deseen puedan entrar en la fase final de su vida sin sufrimiento; proteger y facilitar derecho de las personas a redactar su documento de voluntades previas; definir los servicios y garantías de las instituciones sanitarias a hacer realidad derechos; y regular más explícitamente los deberes de los profesionales
La propuesta señala que los pacientes en situación terminal tendrán derecho a recibir sedación paliativa «aunque ello implique un acortamiento de la vida mediante la administración de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir su conciencia».
Por su parte, los médicos tendrán que garantizar el derecho a la información del paciente y a que formule instrucciones previas que deben ser respetadas, a proponer intervención sanitaria a personas en fase terminal asegurándose que está clínicamente indicada así como la obligación de respetar los valores, creencias y preferencias de los mismos en la toma de decisiones.
El Dr. Freire, destacó que la norma habla de la «práctica médica al final de la vida» y subrayó la «decidida voluntad de llevar a cumplimiento cada uno de los aspectos» de esta norma, además de remarcar las novedades como la exigencia de elaboración de una memoria anual o que el Gobierno encargue un informe de cómo se muere en Madrid. Por último, ha pedido que esta norma se tramite de manera «abierta y participativa».
Mientras, el portavoz sanitario del PP Diego Sanjuanbenito constató la necesidad de este debate aunque «no se llegue a un acuerdo porque todos creen que es posible dignificar tratamiento al enfermo en lugar de su vida y jamás hay que dejar de acompañar y cuidar a un paciente», según sus palabras.
«Hay que curar cuando es posible pero hay que cuidar siempre», indicó el parlamentario popular, que aceptó que se amplíen garantías ya presentes en la legislación actual, asegurando que el PP «tiene disposición a ser parte activa en el proceso».
El parlamentario pidió diálogo a los grupos a lo largo de la tramitación de la norma, y avanzó que el PP «dice y dirá sí a mejorar la atención a los enfermos en la fase final de su enfermedad y a sus familias, incluida y la fase de duelo; pero dirá no a cualquier eutanasia encubierta o sedación final inadecuada».»Estamos dispuestos a hablar de todo lo que permita cubrir la distancia entre lo que nos hace mejores y lo que no lo hace a la hora de cuidar a semejantes a lo largo de su vida», dijo y afirmó que dan el visto bueno a conseguir la ley «más humana» posible.
La parlamentaria de Podemos Carmen San José criticó la situación actual. A su juicio, a pesar de que hay leyes que lo contemplan en Madrid hay «escasez de testamentos vitales hechos». Además, consideró que «a pesar de no haber una ley de muerte digna, si desde los poderes públicos se hubiera querido promover otro tipo de cultura a cerca del final de la vida. se podría contar con mayor conocimiento por parte de la ciudadanía para «poder hacer testamentos vitales» y de que los profesionales den información al respecto.
La parlamentaria sostuvo que «la ciudadanía reclama evitar el sufrimiento y el dolor en el final de la vida»,y ha sostenido que no se trata de atender los reclamos de una minoría.
San José apuntó novedades de la norma, señalando que «regula perfectamente los deberes de los profesionales». A partir de ahora, «no habrá dudas de la obligación de informar a los pacientes», algo que, a su juicio, debería hacerse «con mayor antelación».
En el caso de la información sobre el final de la vida, en su opinión, tienen un «papel importante los centros de salud y sus profesionales», que son quienes «conocen mejor a sus pacientes y deben estar en primera línea promoviendo el testamento vital», que en su opinión, debería incluirse de manera automática en la historia clínica.
Desde Ciudadanos, su portavoz sanitario, Daniel Álvarez Cabo, defendió que se respeten las «preferencias, creencias, ideas y valores de las personas» en el final de sus vidas, de manera que «reciban los cuidados que precisen en el tránsito al final de la vida «con el menor sufrimiento posible, físico, psíquico y espiritual».
El parlamentario remarcó la «obligación de los poderes públicos de garantizar este derecho» por la dignidad humana. Defendió el respeto de los deseos de las personas plasmadas en documentos como el testamento vital y ha abogado por que el proceso final de la vida se dé con un «proceso de información».
Asimismo, destacó el «derecho a la información» del paciente siguiendo un «modelo de relación deliberativa entre el profesional que acompaña al paciente dando información y solventando sus dudas antes de la fase terminal». Igualmente, defendió el «derecho a recibir atención paliativa integral en calidad», algo que, «naturalmente, debe incluir la sedación». Por último, se refirió a la conveniencia de que exista una norma estatal que regule los derechos y garantías de las personas al final de la vida para que esta atención sea igual en toda España.
Se adjunta texto íntegro de la Proposición de Ley.
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