Domingo, 20 Mayo 2018

Pediatría de Atención Primaria

La AEPap, en defensa de la pediatra sevillana que comunicó una sospecha de maltrato infantil

La Asociación Española de Atención Primaria (AEPap) se ha adherido al comunicado emitido por la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (Andapap) en el que se defiende la protección del interés del menor por encima de cualquier otra consideración en el caso del tratamiento mediático al juicio a la pediatra del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla que comunicó una sospecha de posibles malos tratos tras atender a una menor

Madrid 14/05/2018 medicosypacientes.com
Dra. Concepción Sánchez Pina, presidenta de la AEPap.
Como explicó la presidenta de Andapap, la Dra. Nuria Martínez Moral, "un diario andaluz ha publicado una  noticia  en  la  que  se  relata el caso de una  pediatra  que,  en  el  ejercicio  de  su  labor  profesional,  detectó  una  posible  situación de maltrato infantil, en la tipología de abuso sexual infantil, y siguiendo el Protocolo de  Actuación frente al maltrato infantil  implantado en  Andalucía,  lo  comunicó a las autoridades competentes".  
 
Al igual que la Asociación Andaluza, la AEPap desaprueba el trato periodístico en la publicación de esta noticia, que no ha respetado el anonimato y que desacredita a la profesional acusándola en el titular de “inventar” un abuso. El maltrato infantil es difícil de detectar y se encuentra infravalorado en nuestro país.  Noticias  como  estas contribuyen a mantener esta situación,  por  lo  que  “hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los medios de comunicación”, señaló la Dra. Narcisa Palomino Urda (vicepresidenta de AEPap y responsable del Grupo Familia y Menores de Andapap).
 
Desde la AEPap se asegura que la pediatra no denunció a  nadie sino que "comunicó una  sospecha,  como es  su  deber  profesional  y  legal  y  no  hay  pediatra  en  su  situación  que  no  hubiera hecho lo mismo". En este sentido, la asociación recuerda que los pediatras "no son en ningún caso los encargados de condenar  a nadie, pero sí de activar las medidas pertinentes para informar a las autoridades competentes de que un menor puede estar en riesgo. Es a dichas autoridades a quien les compete investigar si hubo o no maltrato".
 
Para la AEPap, "la  lucha  frente  a  la  violencia  contra  la  infancia  y  la  adolescencia  debe  ser  una  prioridad en las políticas de protección a las personas menores de edad. Siempre se  debe  regir  por  el  interés  superior  del  menor.  Esto  solo  es  posible  si  se  coordinan   las   distintas   instituciones   implicadas"   (Salud,  Educación,  Justicia,  Servicios Sociales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado). 
 
En  el  ámbito  sanitario,  recuerdan ambas sociedades científicas, tanto a nivel andaluz como estatal, que “los  profesionales que desarrollamos nuestro trabajo en contacto con menores,  tenemos la obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier   situación  de  sospecha  o  de  certeza,  si  la  hubiera, de maltrato infantil”.
 
Por tanto, como garantes de los derechos de las personas menores de edad, el primer paso ante la existencia de una posible  situación  de  este  tipo,  es  sospecharla  y  posteriormente  notificarla  transmitiendo  la  información  de  la  que  disponemos. Corresponde a otras  
 
instancias la investigación y resolución de los hechos, pudiendo comprobarse o no que haya  existido dicho maltrato. La sospecha no siempre va seguida de certeza. En una sociedad que  está tan poco concienciada ante esta  realidad,  se  está poniendo en cuestión, por tanto, la  herramienta que posibilita la atención al maltrato en las personas menores de edad.
 
Por este motivo, y sin querer caer en el corporativismo, la AEPap coincide con la asociación andaluza en que la noticia pone en tela de juicio la profesionalidad de los pediatras que abordan un tema tan delicado como los abuso sexuales a menores; y lo que es peor, pone en peligro a los menores en situación de maltrato. 
 
Asimismo, la AEPap ha querido hacer, a través de este comunicado, un llamamiento a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto para seguir alerta y anteponer el interés superior del menor a cualquier otro  tipo de valoraciones, cuando sospechemos que sus derechos puedan estar siendo vulnerados. Y en el caso concreto de la pediatra sevillana recuerdan que únicamente actuó conforme a los protocolos establecidos en Andalucía.
 
Como señaló la Dra. Palomino, algunas estadísticas señalan que hasta uno de cada cinco menores de  18 años ha sufrido algún tipo de violencia sexual, de forma aislada o reiterada. En el 95% de estos casos, el agresor es un varón que pertenece al entorno cercano del niño hasta en el 75-80% de las ocasiones (padre biológico, pareja de la madre, abuelos, hermanos, tíos, conocidos de la familia, entrenadores o monitores). Según datos de Save the Children, en el caso de las niñas el abuso suele producirse a edades más tempranas, entre los 7-9 años y la ejercen fundamentalmente personas del entorno familiar; mientras que en el caso de los niños, la edad media suele estar en torno a los 11-12 años y el agresor suele ser en mayor medida un conocido con autoridad (profesor, entrenador…). En ese mismo estudio, se afirma que en torno a un 70% de los casos que entran en el sistema legal nunca llega a juicio oral.
 
“Los pediatras son los agentes sociales que pueden detectar y conocer de primera mano los problemas a los que se enfrentan los menores desde los primeros días de vida hasta la adolescencia y dar la voz de alarma, activando los mecanismos oportunos establecidos para ello. Y eso es un compromiso con los menores, su integridad, sus familias y con la sociedad”, concluyó la Dra. Martínez Moral.
 
Se adjunta en PDF comunicado de la Asociación Andaluza de Pediatría de A.P.