José Ignacio Echániz: «La gestión clínica requiere formación, predisposición y audacia»

-La legislatura del Gobierno ha llegado a su ecuador. ¿Cómo secretario de Sanidad y Asuntos sociales del PP, cuál es el balance de estos dos años?

-Muy bueno para un servicio tan importante para los españoles. En 2011 teníamos un paciente, la Sanidad Pública, al borde del colapso, debido a la enorme deuda y la mala gestión. Y la realidad es que hemos logrado estabilizar la situación. Muchas de las reformas del Gobierno de España puede que no hayan sido populares, pero son esenciales para hacer sostenible el sistema y no dejar en la cuneta a nadie. Al reformar el copago de los medicamentos (hay que recordar que siempre ha habido copago en las medicinas) se ha permitido también que otras personas, los parados a los que se les ha agotado la prestación, no paguen nada. En el ámbito de los asuntos sociales, se está poniendo remedio a una Ley de Dependencia que se dejó sin dotación económica. Eran buenos deseos, sin ningún control, algo que se está corrigiendo.

-Representantes del Gobierno, de todas las Administraciones en general y usted mismo reitera que el centro del SNS es el paciente, pero en realidad el eje central de las medidas tomadas ha sido el ahorro. ¿Se está perdiendo la esencia del SNS? ¿Cuánto se ha ahorrado?

-Si no logramos controlar el gasto, el mayor perjudicado será el paciente. En Castilla-La Mancha, cuando la Administración no pagaba a las farmacias en el año 2011, el gran perjudicado era el paciente, que no recibiría medicamentos ante la posibilidad de un cierre patronal. La mala gestión repercute directamente en el ciudadano. Por eso es esencial que entre todos sepamos gestionar bien los recursos que tenemos, que son limitados. Las reformas pretenden, precisamente, evitar que el Sistema Nacional de Salud pierda su esencia. Ahora los gastos se acomodan a los ingresos y no se pone en riesgo la Sanidad del futuro.

-El hecho de que el Gobierno cuente con 12 gobiernos autonómicos del mismo partido ¿facilita llevar a cabo esas medidas? ¿Por qué se producen discrepancias ante algunas, como el copago hospitalario o el calendario vacunal?

-He sido consejero en Madrid antes que en Castilla- La Mancha. Y le aseguro que la atención sanitaria es muy diferente. Los grandes núcleos urbanos de la capital no tienen nada que ver con los cientos de pequeños pueblos de Castilla-La Mancha. En el PP estamos de acuerdo en los principios básicos, pero es evidente que mi punto de vista en Toledo es distinto del que tenía en Madrid y lo lógico es que existan diferentes perspectivas. Cada uno gobernamos para ciudadanos que viven circunstancias distintas, pero eso no impide que trabajemos con responsabilidad para alcanzar puntos de acuerdo, tal y como hemos demostrado hasta ahora. Hacer compatibles intereses diferentes es la esencia de la democracia.

-Esas discrepancias se exponen abiertamente en el Consejo Interterritorial de Sanidad. ¿Cree que será en algún momento un órgano ejecutivo y eficaz para el nuevo diseño del sistema sanitario español?

-Las grandes reformas que se han puesto en marcha en estos años se han debatido y consensuado en el Consejo Interterritorial. Ahora tenemos, por poner un ejemplo, un calendario vacunal único. Es una medida que beneficia al paciente y que pone orden en todo el sistema sanitario. Las funciones de este organismo en un país descentralizado son las que son, no se puede subvertir la Constitución, y creo que los ciudadanos no son partidarios de crear más organismos y más burocracia. Algunos no quieren darse cuenta, y tal vez se aprecie mejor con el paso del tiempo, pero este Ministerio ha acometido muchas reformas, de mucho calado, que han hecho sostenible nuestro sistema sanitario.

-El Consejo Interterritorial ha trabajado en la actualización de la cartera básica de servicios del SNS que ya está plasmada en una Orden ministerial pendiente de aprobación. ¿Para cuándo va a ser efectiva?

-Espero que sea efectiva muy pronto.

-Usted vivió en primera persona el traspaso definitivo de las competencias sanitarias a todas las CC AA. ¿Qué opina de las voces que defienden la devolución de las competencias al Estado?

-El trabajo que se hizo en su día fue positivo. España tiene comunidades autónomas con características muy distintas y que exigen respuestas diferentes en la atención sanitaria. La Sanidad se ha hecho más cercana y, en mi opinión, más eficaz para el ciudadano. El reto, antes que devolver competencias, es gestionar bien y ser capaces de establecer acuerdos de colaboración entre todos. En este sentido, la Organización Nacional de Trasplantes es un buen modelo, que puede servir de referencia en la coordinación de un buen servicio entre comunidades distintas. Todos tenemos responsabilidades de gestión en trasplantes, pero nos coordinamos a nivel nacional y en Europa para conseguir un sistema de éxito, eficaz y cohesionado.

-En el programa electoral del PP recogía el compromiso a garantizar el acceso universal a las prestaciones sanitarias. El Real Decreto 16/2012 rompió esa universalidad para convertirse en un modelo de aseguramiento. ¿Por qué?

-Eso no es cierto. Es el falso argumento de la izquierda. No se rompe la universalidad. Se garantiza el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud haciendo efectivo el principio de universalidad. Ninguna persona, sea nacional o extranjera que lo necesite va a quedar desatendida. De esta manera evitamos que haya ciudadanos extranjeros con solvencia económica, que mediante lagunas administrativas puedan beneficiarse de forma gratuita de los servicios sanitarios que pagamos con mucho esfuerzo todos los ciudadanos españoles. Con esta reforma, configuramos un modelo mucho más solidario, en el que todos colaboramos, evitando duplicidades y garantizando la calidad y solvencia del Sistema Nacional de Salud, que seguirá siendo universal y público, a la vez que mantenemos el sistema más generoso de la Unión Europea para el resto de ciudadanos no españoles, ni residentes.

-Ha sido portavoz popular en la comisión del Pacto de Toledo, acuerdo al que el Ministerio alude para conseguir ahora un acuerdo político para sanidad. ¿Cree que se pueden extrapolar?

-El Pacto de Toledo fue, sin duda, un gran acuerdo para evitar politizar la gestión de las pensiones. Y soy partidario de trabajar también en un acuerdo para despolitizar la gestión sanitaria. Creo que no se puede utilizar como arma arrojadiza. Tenemos una enorme responsabilidad, con un área (el de la Sanidad y los Asuntos Sociales) que a día de hoy, en comunidades como Castilla-La Mancha, supone casi el 60% del presupuesto anual. La demagogia es muy peligrosa y, si no somos rigurosos, podemos comprometer la atención de nuestros hijos y nietos. Tarde o temprano deberíamos de alcanzar un acuerdo. Pero, dicho esto, para que dos no se pongan de acuerdo, basta con que uno de ellos no quiera y eso es lo que ocurre con el PSOE.

-Los profesionales de la sanidad han dado también ejemplo a la hora de alcanzar consensos y prueba de ello es el Foro de la Profesión Médica que luego ha conseguido llegar a un acuerdo con el MSSSI. Han pasado más de seis meses y aún no se ha plasmado nada en realidad. ¿Cómo ve su desarrollo?

-Espero y deseo que se pueda avanzar en las cuestiones positivas de ese acuerdo.

-De cara a las elecciones europeas del próximo mes de mayo, el PP presentó, en su Convención Nacional celebrada en Valladolid, un Manifiesto Electoral en el que la única alusión a la sanidad es que se buscará «garantizar una sanidad pública de la mejor calidad». ¿Va a tener un desarrollo o se va a quedar solo en eso?

-No se puede confundir un manifiesto de principios, cuando aún no ha arrancado la campaña electoral, con un programa. El punto de partida de la calidad me parece clave, porque es el objetivo que debemos perseguir, pero no supone limitarse a ese principio en la política sanitaria. El programa se presentará en su momento e insistirá en las ideas que hemos defendido durante años y que irá en la línea de lo que el Gobierno de España está aplicando en estos momentos. Por otro lado, tampoco podemos olvidar que la competencia de la asistencia sanitaria corresponde a los estados y no a la Unión Europea.

-Ha sido consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid y ahora en Castilla-La Mancha. ¿Existen grandes diferencias a la hora de gestionar en una u otra comunidad?

-Claramente, sí. La distribución demográfica y la amplitud del territorio exigen abordajes distintos de la cuestión. El éxito en la gestión está en aprovechar bien los recursos disponibles, no gastar más de lo que tienes, que es lo que confían en tus manos los ciudadanos para este servicio, y adaptar esos medios a las características del ámbito que te toca gestionar, tanto en épocas expansivas, como restrictivas.

-La paralización de la externalización de seis hospitales públicos en Madrid, ¿condicionará a las comunidades que habían contemplado esta posibilidad?

-La posición de los tribunales madrileños de decidir sobre el fondo de la cuestión en un plazo de unos dos años sometía al proceso, a los hospitales y a los pacientes, a una situación de incertidumbre que no era asumible por un gobierno sensato y responsable, por lo que el gobierno de Madrid decidió retirarla. Que España no pueda poner en marcha reformas ya adoptadas por todos los países de la Unión Europea, incluso con gobiernos laboristas y socialistas, es una anomalía de la que los españoles nos arrepentiremos antes o después, porque el incremento del gasto de una sociedad moderna, de la Sanidad del futuro, con cada vez más recursos diagnósticos y terapéuticos, no se podrá sostener sin aumentar la recaudación. Creo que es una mala noticia para la Sanidad Pública española y, cuando eso ocurra, creo que todos sabremos quiénes han sido los responsables, con nombres y apellidos.

-¿La colaboración público-privada es la solución a la situación de la sanidad pública? ¿Por qué hay tan pocos datos públicos en relación a las ventajas de la misma?

-No estoy de acuerdo con el enunciado de la pregunta. Hay muchísimos datos públicos y una gran experiencia de colaboración público-privada en toda Europa, especialmente en los países nórdicos. Con un buen nivel de satisfacción para el paciente y para los profesionales. Nuestras ambulancias, nuestras farmacias, nuestras residencias de mayores… son privadas, reguladas por el sector público, pero privadas. Y todo el mundo (pacientes, profesionales, ciudadanos y Administración) está muy satisfecho. Es algo que también asumen en Andalucía, con numerosos modelos de éxito de colaboración público-privada, y en distintas comunidades españolas. Lo triste es que se intente politizar y contaminar todo el proceso. La colaboración público-privada no es que sea «la solución». Es que es una de las soluciones si queremos salvaguardar y hacer sostenible la atención sanitaria. No podemos mantener modelos de gestión hospitalaria creados en la España de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, que a día de hoy es necesario renovar. Si los jueces bloquean cualquier decisión sobre gestión sanitaria, como lo están haciendo, será muy difícil que podamos corregir errores y encontrar fórmulas nuevas, beneficiosas para pacientes y profesionales. Ellos serán responsables de lo que ocurra por impedir la modernización, las reformas y el progreso de la Sanidad.

-Usted es un gran experto en economía. ¿Cree que los criterios y ajustes económicos deben prevalecer ante los profesionales?

-Los profesionales sanitarios son los primeros que conocen las ineficiencias del sistema y los más interesados en que se mejore. No hay que plantear las reformas en términos de enfrentamiento, por mucho que los más inmovilistas se resistan al cambio. Es preciso trabajar en nuevas fórmulas que nos permitan ser más eficientes, porque si no estaremos comprometiendo el futuro de la Sanidad que reciban nuestros hijos y nietos y la situación laboral y retribuciones de nuestros profesionales. En Castilla-La Mancha me encontré con un presupuesto absolutamente dilapidado a mitad del año 2011 y sin capacidad de financiación, porque nadie quería dar crédito a esta Comunidad, lo que puso la Sanidad al borde del precipicio. O somos conscientes de que es preciso controlar lo que se invierte y gasta en Sanidad o la volveremos a llevar a una situación de quiebra, sin dinero ni para pagar a las farmacias. Cualquier profesional sanitario entiende este principio, que no significa que «prevalezca» el criterio económico ante lo sanitario. Es sencillamente que el gasto infinito no existe, cuando los ingresos no son infinitos. Cada gasto necesita un ingreso, que siempre viene de los impuestos a los ciudadanos.

Por otro lado, hay fórmulas de gestión públicoprivadas que facilitan una mejor remuneración de quienes mejor desempeñan su labor. La gestión funcionarial del sector público, más encorsetada, sin poder premiar la excelencia, hace difícil retener el talento de los mejores profesionales. Por eso pienso que se equivocan profundamente quienes creen que se deteriora la Sanidad Pública con nuevas formas de gestión, menos burocratizadas. El ciudadano quiere una atención sanitaria pública de calidad y ese es el objetivo que debemos buscar, con el tipo de gestión que permita lograrlo de la forma más eficaz.

-El programa electoral del PP contemplaba la responsabilidad de la gestión clínica en favor de los profesionales, algo que ellos reclaman. ¿Cuál debe ser la hoja de ruta en este asunto?

-Una de mis grandes apuestas en Castilla-La Mancha ha sido profesionalizar la gestión sanitaria. De la mano de la prestigiosa escuela de formación de directivos IESE, nuestro sistema de salud, el SESCAM, ha creado este curso un programa de formación de directivos sanitarios. Es la base para un futuro MIR de gestión sanitaria. Un hospital no sólo necesita buenos médicos y enfermeros. Es esencial que cuente con gestores profesionales, ajenos al debate político, que se preparen y hagan prácticas dentro de los propios centros de salud. Lo mismo en el ámbito de la gestión clínica. Hacen falta clínicos capaces de entender los modelos de gestión, de ganar en autonomía y asumir mayor responsabilidad. Es el futuro. Pero para eso hace falta formación, predisposición, audacia y abandonar este sistema tan encorsetado y tan frustrante, en ocasiones, para el que no busca la mediocridad.

-Usted ha destacado la labor que han llevado a cabo los profesionales sanitarios a pesar del cambio de sus condiciones laborales. ¿Recuperarán sus condiciones cuando revierta la situación económica?

-La crisis económica ha hecho repensar los modelos a todo el mundo. En Castilla-La Mancha hemos vivido una situación especialmente dura, con 600.000 facturas sin pagar, 5.000 millones de euros de deuda (el presupuesto de dos años enteros), que nos han hecho replantearnos la situación y los salarios de muchas categorías. Los profesionales sanitarios han hecho un gran sacrificio para mantener el sistema, es algo que la sociedad debe reconocer y espero que tengan su recompensa. Pero la crisis también ha permitido detectar determinados sueldos en la sanidad pública, de casi 300.000 euros al año (sin contar los ingresos privados que algunos tenían por la tarde), que lastraban el sistema y que, por justicia social y responsabilidad, no eran sostenibles. No podemos volver a caer en los errores del pasado. Creo en la negociación profesional en base a criterios profesionales de calidad, excelencia, y en no aplicar políticas homogéneas a un servicio tan profundamente heterogéneo.

-Otro de los asuntos de Gobierno que afecta a los sanitarios es el Anteproyecto de Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Si no había demanda ciudadana para cambiar la Ley, ¿por qué no esperar a la resolución del recurso de inconstitucionalidad presentado por su partido?

-Cuando no había demanda social era en 2010, cuando Zapatero la cambió unilateralmente. Esta reforma era una medida que estaba en nuestro programa electoral, refrendado por la mayoría absoluta de los ciudadanos españoles, que forma parte de todas nuestras ponencias y congresos, y que personalmente comparto. Como médico, tengo claro que el feto es un ser humano. Y no el «ser vivo» al que aludía la exministra Bibiana Aído y que ha hecho mucho daño, porque contribuyó a trivializar el debate. Y por otro lado, los legisladores y los responsables públicos deben «defender siempre al más débil», al margen de que se considere más o menos demandado socialmente. En este terreno, pienso que apenas se ha producido un debate profesional, que la mayoría de los ciudadanos desconocen cómo se desarrolla la gestación humana y qué supone un aborto, tanto para el feto, como para la madre, por los efectos físicos y psicológicos que conlleva. Creo que muchos medios informativos se han quedado en las frases hechas o en los tópicos, pero he visto muy poca información de servicio y muy poca información facilitada por ginecólogos o profesionales sanitarios. A partir de ahí, pienso que el debate público no sería el mismo.

-Este Anteproyecto de ley deja en manos de los psiquiatras la valoración de cómo afectaría psicológicamente a la salud de la mujer la decisión de ser madre. ¿Se debe someter la decisión de la mujer al criterio subjetivo de dos psiquiatras?

-No estoy de acuerdo con la premisa. Esta ley claro que ha contado con la opinión de médicos y por eso precisamente plantean la necesidad de que sean dos psiquiatras quienes certifiquen esa circunstancia. Subjetiva era antes, sin el concurso de dos profesionales, independientes y diferentes, y con la única firma del mismo médico que indicaba el aborto.

-El Proyecto de Real Decreto de Troncalidad se va a aprobar, al parecer, sin suficiente consenso. Como secretario nacional de Sanidad del PP, ¿qué opina de todo esto?

-Estoy seguro de que el Ministerio intentará hasta el final alcanzar el mejor acuerdo posible. La unanimidad en un tema tan complejo es muy difícil.

-Si la competencia de los profesionales es el principal activo con el que cuenta el SNS, y la formación continuada es una obligación y un derecho, ¿cree suficientes los recursos que el SNS destina a tal fin?

-Los recursos para formación nunca son suficientes. La medicina es una ciencia en constante evolución y los médicos no pueden quedarse atrás. Pero la realidad es que en el periodo de profunda crisis que hemos atravesado ha sido necesario reforzar fondos para atender más prestaciones de desempleados y resolver situaciones de extrema necesidad. Son situaciones puntuales que han dificultado que se otorgue a la formación los recursos que merece. Pero estoy seguro de que en el futuro, la formación continuada se desplegará de una forma adecuada a las necesidades de una medicina de calidad, como la que España necesita en los próximos años.