El consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, ha anunciado que el Gobierno catalán llevará finalmente al Tribunal Constitucional (TC) el real decreto ley 16/2013, aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en abril del año pasado
Barcelona, 22 de enero 2013 (medicosypacientes.com/E.P.)
El consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, ha anunciado que el Gobierno catalán llevará finalmente al Tribunal Constitucional (TC) el real decreto ley sanitario aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en abril del año pasado, pese a que CiU votó en contra de esta posibilidad en julio en el Parlamento autonómico.
En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, el consejero ha precisado que la decisión la han tomado al considerar que el decreto «vulnera competencias y la atención sanitaria que recoge la Constitución», al excluir a inmigrantes «sin papeles» del sistema de la atención no urgente y vincular la tarjeta sanitaria a haber cotizado a la Seguridad Social.
A pesar de ello, una propuesta de PSC, ERC e ICV-EUiA que solicitó hace seis meses recurrir al TC la medida fue rechazada en la cámara catalana con los votos de CiU y PP –el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña sí apreció elementos de inconstitucionalidad–, una decisión que la federación nacionalista justificó entonces porque apreciaron voluntad de diálogo de la ministra Ana Mato y posibilidades de negociar cambios.
Los cambios no fueron introducidos, y Cataluña anunció en agosto que no aplicaría el decreto tal y como estaba redactado, al seguir atendido en el sistema público a las 600.000 personas del servicio no urgente que debían quedar excluidas con la nueva ley, una condición que vinculaba a tener acreditada una estancia en Cataluña de más de tres meses.
La Generalitat va ahora un paso más allá, precisamente la semana después de que el recurso del Gobierno contra el euro por receta haya supuesto la suspensión de esta tasa, muy defendida por el Govern por proporcionarle cerca de 100 millones de ingresos adicionales el año, además de permitir ahorrar otros 150 millones, según sus cálculos.
Cataluña se suma de este modo a los recursos ya presentados ante el TC por País Vasco, Andalucía, Navarra y Asturias contra el mismo decreto ley, que fue aprobado por el Gobierno con la previsión de ahorrar unos 500 millones de euros.
