El Dr. Fernando Lamata, ex consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, que participó recientemente como experto independiente en políticas de salud en un Seminario en el Parlamento Europeo, defendió la necesidad de cambiar el marco actual sobre precios de los fármacos, ya que, a su juicio, “hay que darle una nueva perspectiva basada en los derechos humanos, considerando al medicamento un bien público y social”
El seminario, promovido por la Dirección General de Asuntos Internacionales y el Comité Parlamentario de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI), tuvo como objetivo analizar las opciones de la Unión Europea para mejorar el acceso a los medicamentos.
Durante su intervención alertó de que en Europa y en otras partes del mundo, “cientos de personas morirán prematuramente debido a los altos precios que hacen inasequibles las medicinas que necesitan”. Al respecto se mostró convencido de que existen posibilidades de “corregir esta injusticia que viola los derechos humanos”.
La exposición del Dr. Lamata se centró, precisamente, en cómo lograr medicamentos a precios asequibles. “Necesitamos diferentes escenarios para desarrollar propuestas efectivas que mejoren el acceso de los pacientes a los medicamentos eficaces que necesiten, mediante el control de los precios”, para lo cual propuso una serie de medidas.
Entre ellas, recomendó “estudiar y promover la negociación de precios basados en los costes de fabricación y de I+D debidamente auditados, más un beneficio prudente”. También indicó investigar casos potenciales de abuso de mercado-precios excesivos (costes de fabricación e I+D vs. precios exigidos por las compañías)
Otras de sus propuestas pasan por usar licencias obligatorias cuando sea evidente el abuso de patente y esté afectando negativamente a los pacientes y los derechos humanos, además de revisar el modelo de financiación de la investigación, forman, asimismo, parte de sus aportaciones a este tema. Además, instó a desarrollar plataformas públicas para I+D y a reforzar la independencia de las Agencias sanitarias y de los reguladores.
Durante su intervención alertó de que en Europa y en otras partes del mundo, “cientos de personas morirán prematuramente debido a los altos precios que hacen inasequibles las medicinas que necesitan”. Al respecto se mostró convencido de que existen posibilidades de “corregir esta injusticia que viola los derechos humanos”.Partiendo de que los precios de los nuevos medicamentos se han incrementado de forma significativa en los últimos años, argumentó que las corporaciones farmacéuticas “exigen precios muy altos porque pueden. Y pueden porque tienen el monopolio que les han concedido los gobiernos a través del sistema de patentes y la exclusividad de datos. La justificación para la protección de la patente era recuperar los gastos de I+D. Es decir, los gobiernos concedían un monopolio por 20 años para que la compañía pudiera recuperar los costes de I+D cobrando unos precios con un recargo”.
El problema surgió, desde su punto de vista, “cuando las compañías empezaron a cobrar precios muy altos, que no estaban justificados por los costes de fabricación o de I+D, y los gobiernos no reaccionaron. La justificación para imponer precios altos ha ido cambiando: fijar precios por valor; el precio de los tratamientos anteriores; los supuestos ahorros, etc.”.
Como recordó, el actual modelo de fijación de precios se basa en el enorme poder de negociación de las corporaciones farmacéuticas basado en las patentes que conceden los gobiernos. Este modelo estaba pensado para financiar y estimular la I+D. Pero, con el tiempo, se ha comprobado que este modelo no funciona. Se ha desequilibrado y no es posible gobernarlo.
Los “precios de referencia externos”, los “precios diferenciales”, el uso de la evaluación de tecnologías de salud (análisis de coste-efectividad; precio basado en el valor…), etc. permiten obtener reducciones de precios, pero siguen siendo demasiado altos, porque están negociados desde el precio máximo que el mercado puede soportar protegido por el poder del monopolio, según expuso.
De igual manera, -añadió- cuando se negocia el reembolso de medicamentos, los organismos pagadores utilizan diferentes mecanismos para obtener mejores condiciones de compra: descuentos, devoluciones, análisis de coste-efectividad, riesgo compartido, etc. Todos estos y otros mecanismos, como los concursos, son útiles para reducir el gasto farmacéutico excesivo. Pero el precio final de compra sigue sin ser justo, porque el precio inicial de negociación no es justo y se ven obligados a aceptar un precio abusivo. No estamos enfocando bien el problema.
Para el Dr. Lamata, una de las razones por las que las compañías fuerzan precios tan altos es que los mercados financieros están influyendo o controlando algunas de las más importantes compañías. En este contexto los medicamentos se convierten en productos financieros. La lógica de los precios de los medicamentos no es la accesibilidad, ni es la lógica de los derechos humanos. La lógica de los precios de los medicamentos es la lógica de los mercados financieros: el máximo beneficio, lo más rápidamente posible.
En su intervención ofreció algunos datos tales en relación al beneficio de las farmacéuticas que se sitúa en torno al 20%, mientras el de otras industrias está en torno al 5%. “Hay una diferencia de 15 puntos porcentuales”.
Como expuso, en 2014 las ventas de las compañías farmacéuticas en los países de la EFPIA, a precio industrial, ascendieron a 181.000 millones de euros. Los costes de fabricación se estiman en 21%. Los gastos en investigación y desarrollo ascendieron a 30.500 millones de euros, en torno al 17% de las ventas, mientras en marketing se gastaron un 23%, en torno a 40.000 millones de euros. Buena parte de este gasto es evitable.
Ese gasto, financiado con el sobre-precio que permite el monopolio, podría reducirse en 27.000 millones de euros. Además, el modelo actual, basado en aumentar las ventas y mantener precios altos, estimula la sobre-prescripción, y provoca efectos adversos, generando gastos evitables. Se podrían reducir otros 20.000 millones de euros.
A juicio de Fernando Lamata, la estrategia de la industria farmacéutica es convencer a los médicos, ministros, asociaciones de pacientes, y a la opinión pública, de que los nuevos medicamentos son muy caros y, por lo tanto, la discusión debe centrarse en los mecanismos para pagar esos altos precios. Este es su “marco de referencia”. Es un buen marco para las compañías farmacéuticas, pero un mal marco para los pacientes y los sistemas de salud.
Finalmente, consideró que los gobiernos regionales y nacionales, responsables de la fijación de precios de los medicamentos y de la gestión sanitaria, deben profundizar en estos escenarios, y poner en marcha los mecanismos jurídicos, técnicos y logísticos, que permitan construir la alternativa que resulte más válida.
