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FACME traslada a los políticos la importancia de basar las decisiones de salud en evidencias científicas

En el marco de su IV Jornada sobre Gestión Clínica, la Federación de Asociaciones Cientifico-Médicas Españolas (FACME) trasladó a los representantes de los Grupos Parlamentarios de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos  la importancia de basar las decisiones de salud en evidencias científicas. Por su parte, los representantes políticos solicitaron a las Sociedades Científicas que se comprometan con la sostenibilidad y con los retos que plantea el Sistema Nacional de Salud (SNS) y, al mismo tiempo, eviten los conflictos de intereses

Bajo el título “Política sanitaria y Sociedades Científicas”, la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME) organizó ayer su IV Jornada en la sede del Ministerio de Sanidad, en la que se analizaron los principales aspectos sobre la relación entre las Sociedades Científicas y política sanitaria. El evento tuvo por objetivo favorecer la colaboración conjunta entre los principales agentes sanitarios. “FACME y sus sociedades científicas han reflexionado en esta jornada sobre cómo aportar más valor a nuestro modelo sanitario, lo que sin duda es muy relevante y pertinente”, explicó su presidente, el Dr. Fernando Carballo.

 
Los partidos políticos,por su parte, coincidieron en la necesidad de estrechar la colaboración con la comunidad científico-médica. El portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado, Antonio Alarcó, ha recordado que “nuestro Sistema Nacional de Salud es uno de los mejores del mundo pero que el modelo actual no es sostenible porque no puede haber de todo para todos. En esta misma línea considera que “la insostenibilidad es la que fuerza la necesidad de crear ese pacto sanitario. No podemos hacer política con la Sanidad, tenemos que hacer política sanitaria”. 
 
«Pedimos que sean más fuertes, que desarrollen más actividades, que aumenten sus estándares de ética profesional e independencia y que sean más sensibles a los retos que plantea el SNS», según dijo el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados, Jesús María Fernández, durante su intervención.
 
Del mismo modo, la portavoz de Sanidad de Podemos en la Asamblea de Madrid, Mónica García, destacó la necesidad de que las asociaciones científicas realicen también política para alienar sus objetivos con los intereses de toda la sociedad.
 
Mientras, el portavoz de Sanidad de Ciudadanos en la Cámara Baja, Francisco Igea, insistió en la importancia de eliminar los conflictos de intereses en favor de mejorar la situación profesional y laboral de los profesionales sanitarios.
 
Evidencia para las prácticas clínicas
 
Asimismo, los políticos subrayaron la necesidad de que estas organizaciones velen por la evidencia científica, con el fin de que sean ellas las que aseguren que las prácticas clínicas que realizan en España cuenten con la suficiente evidencia de que son eficaces y contribuyen a hacer más sostenible el sistema.
 
«Con el parapeto de sociedad científica se están extendiendo pseudociencias que compiten con la ciencia de forma muy fuerte y todos tenemos que estar muy atentos y las organizaciones científicas tienen que vigilarlo. Para que haya calidad tiene que haber una evaluación continua y alguien que la mida de forma neutral, por lo que es necesario que exista una agencia de evaluación independiente que evalúe los resultados de forma objetiva», recalcó el portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado, Antonio Alarcó.
 
En este punto, la representante de Podemos alertó de que los partidos políticos y las sociedades científicas están «como el agua y el aceite», ya que las decisiones políticas «no encajan» con las científicas, por lo que abogó por realizar un marco regulatorio para ser más «permeables» y buscar el interés común, la salud de los pacientes.
 
«Lo que debe regir la política es la evidencia científica y por eso hay que mejorar los indicadores de resultados, las evidencias que existen, y, en este escenario, son las sociedades científicas las que deben determinar cuáles son los indicadores claros de calidad y resultados que debe tener Atención Primaria y Especializada», puntualizó Igea.
 
Finalmente, los políticos abogaron por mejorar la inversión en investigación, primando aquellas que aporten un beneficio al sistema, así como evaluar los resultados de las iniciativas puestas en marcha en el Sistema Nacional de Salud.
 
Labor de las SSCC
 
“Numerosas sociedades científicas llevan desarrollando desde hace tiempo programas de calidad en el Sistema Nacional de Salud”, indicó el doctor Carlos Macaya, presidente de la Fundación IMAS.
 
“Los sistemas de información sanitaria son un elemento básico en la elaboración de planes y estrategias  y en su evaluación posterior”, señaló, por su parte, el doctor Benjamín Abarca, secretario general de FACME. “La  Ley General de Sanidad incluye, entre las actuaciones a desarrollar de manera centralizada, las relativas al establecimiento de sistemas de información sanitaria y la realización de estadísticas de interés general supracomunitario.
 
Sin embargo, -añadió- «existe una desigual implementación de Observatorios en las comunidades autónomas y, además, la información no es comparable al no existir homogeneidad en los datos”, según el Dr. Abarca. “Algunas  sociedades científicas en aras de mejorar la medición y la evaluación de resultados han trabajado en la  elaboración de registros que han recibido un reconocimiento de interés para el Sistema Nacional de Salud, a efectos de su potencial uso en el sistema de información”.
 
Durante la Jornada algunas sociedades científicas mostraron con ejemplos cómo son sus programas de formación e investigación en resultados (proyectos RECAL, desarrollados con la colaboración de la Fundación IMAS), los estándares de calidad y la excelencia con la que se evalúan buscando siempre una medicina centrada en el paciente. “La misión principal de FACME y, por tanto, de las sociedades que la forman es promover el conocimiento científico-técnico para la mejora de la calidad de la atención sanitaria”, concluyó el secretario general de la Federación. 
 
 
 
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