Más de un centenar de expertos en donación y trasplantes de todo el mundo, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), trabajan en la elaboración de un nuevo mapa global del tráfico de órganos, cuyos datos no se actualizaban desde hace 10 años. El proyecto, que podría estar ultimado antes del verano, servirá para conocer el impacto de esta actividad ilícita
Los casi 200 miembros que conforman este grupo de expertos se reunieron el pasado mes de febrero en el Vaticano para analizar la realidad del tráfico de órganos en cada país y ahora están tratando de procesar toda la información «para hacer un nuevo mapa del tráfico de órganos en el mundo y una estimación de la actividad».
Hace 10 años este organismo de Naciones Unidas llevó a cabo una revisión de toda la literatura científica sobre este tema y concluyó que aproximadamente entre un 5 y 10 por ciento de todos los trasplantes del mundo se realizan bajo alguna forma de comercialización o son ética y legalmente inaceptables, unos 10.000 al año.
«Desgraciadamente desde entonces no tenemos ninguna otra foto o recopilación sistemática de datos porque ha habido poco esfuerzo por parte de las autoridades», ha señalado la doctora Beatriz Domínguez-Gil, médico adjunto de la Organización Nacional de Trasplantes y co-presidenta del Grupo custodio de la Declaración de Estambul, un documento profesional firmado en 2008 para definir las mejores estrategias para combatir esta práctica.
Domínguez-Gil cree que el tráfico de órganos ha bajado en todo el mundo dado que en estos años se ha reforzado la legislación internacional y de muchos países para perseguir este tipo de prácticas, de la que se benefician las mafias que las organizan e incluso gobiernos y hospitales corruptos.
Coste y zonas de actuación
Un trasplante de órganos por esta vía puede costar entre 150.000 y 160.000 dólares (unos 140.000 euros), de los que el donante apenas recibe un 5-10 por ciento de esa cantidad e incluso menos, por lo que «el margen de beneficio para quienes promueven estas prácticas es altísimo», ha explicado.
El comprador suele proceder de países ricos o con minorías muy ricas, fundamentalmente Estados Unidos, algunos países de Europa occidental, Oriente medio (Arabia Saudí, Qatar, etcétera), Israel, Japón, Australia o Nueva Zelanda.
«Son pacientes que viven en un país donde el acceso al trasplante es muy limitado, o que no están dispuestos a esperar, o que no tienen donante o programa de trasplante, y que tienen mucho dinero o hacen un sacrificio muy alto para obtenerlo», según Domínguez-Gil.
La supervivencia de un paciente trasplantado de forma ilícita es mucho menor, al igual que la del órgano trasplantado, ya que presentan un mayor riesgo de complicaciones por problemas de rechazo o compatibilidad con el receptor. Y, en ocasiones, son pacientes que incluso no tienen indicación de trasplante, por lo que «cuando se trasplantan el resultado es terrible».
En cuanto a las zonas donde se realizan estas intervenciones, y de dónde proceden los llamados donantes víctimas, suelen ser países de Centroamérica, Sudamérica, Europa del Este y Asia, en especial Filipinas, India, Irán, Irak, China y Pakistán, que se ha llamado el «gran bazar de órganos baratos».
Otros país problemático es Egipto, donde se acaba de desmantelar una red de tráfico de órganos y ya hay informes que sugieren que refugiados de zonas de conflicto están pagando su pasaje a Europa mediante la venta de un órgano. «Todavía no está probado, pero ya hay líneas de investigación abiertas, en zonas donde se acumula población vulnerable siempre puede aparecer esto», según esta responsable de la ONT, que reconoce que el resto de África también es una zona de riesgo.
Los donantes víctimas son personas jóvenes, predominan los hombres aunque varía mucho por paíse, y suelen tener una situación de deuda económica o viven bajo el umbral de la pobreza. «Muchas son analfabetas, incapaces de entender el riesgo al que se enfrentan», según Domínguez-Gil.
Para combatir esta situación, esta experta ha reconocido que «la mejor vacuna» es disponer de un buen sistema de donación y trasplantes como el que tiene España, que es líder a nivel mundial desde hace 25 años en este ámbito.
De hecho, en España apenas se han detectado siete casos en 17 años de pacientes que hayan optado por el tráfico de órganos para someterse a un trasplante, casi todos originarios de otros países en los que sabían que podían tener acceso a un órgano por esta vía sin necesidad de entrar en lista de espera.
«Cada Gobierno debe ser capaz de atender las necesidades de trasplante de sus pacientes. Si no creamos la necesidad de recurrir a estas prácticas, los pacientes no lo hacen», según Domínguez-Gil, que también celebra que España cuente con un código penal que responsabiliza al receptor del órgano.
Asimismo, también reclama la necesidad de que todos los países estén obligados a notificar cuando identifiquen un paciente que ha sido trasplantado de forma ilícita o que tiene un órgano «que no se sabe de dónde ha salido».
«Cuando un paciente se trasplanta en otros países de forma ilícita, regresa y necesita cuidados postraplante de por vida, con tratamiento inmunosupresor o seguimiento personalizado, y acude a un centro sanitario para recibirlo», ha recordado.
Asimismo, asegura que otro «salto cualitativo» se daría creando unos códigos de conducta dentro de los códigos deontológicos de los profesionales sanitarios que les exija reportar estos casos, «no para denunciar al paciente ni al donante, que son víctimas, sino para terminar con las redes de intermediarios y profesionales sanitarios que participan de estas prácticas».
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