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Martes, 9 Agosto 2022

Expertos instan a la creación de “programas bisagra” que vinculen los servicios sociales y sanitarios

01/03/2011

Ayer se presentó en Madrid el libro "Sanidad y dependencia: matrimonio o divorcio", que analiza la situación de la actual ley de dependencia y su nexo con la Sanidad. En el acto participaron los consejeros de Sanidad de Castilla-La Mancha y Galicia, los doctores Lamata y Farjas, respectivamente, quienes aportaron su visión y las perspectivas de sus Departamentos sobre el trabajo conjunto de ambas áreas

Madrid, 1 de marzo 2011 (medicosypacientes.com/E.P.)

Descripción de la imagen

De izda. a dcha., la consejera Farjas, el presi-
dente de Circulo de la Sanidad, Trillo, y el
consejero Lamata.

Las dependencias moderadas son las que manifiestan "mayor grado" de demandas insatisfecha, por lo que expertos recomendaron ayer lunes, 28 de febrero, la puesta en marcha de "programas que potencien la salud pública". Dichas recomendaciones fueron lanzadas durante la presentación del libro “Sanidad y dependencia: matrimonio o divorcio”, editado por el Círculo de la Sanidad. La obra, coordinada por Sergi Jiménez-Martín, Juan Oliva y Cristina Vilaplana Prieto, analiza la situación de la ley de dependencia y su impacto en términos de costes y en términos socio-sanitarios, teniendo en cuenta las demandas sociales satisfechas y las no satisfechas.

Los autores pusieron de manifiesto la necesidad de implantar programas "serios y rigurosos" de prevención de la dependencia. En este sentido, uno de sus coordinadores, Juan Oliva, indicó que se debe hacer "especial énfasis" en las dependencias moderadas y las medidas de naturaleza preventiva.

De esta forma, se abogó por programas a modo de "bisagra" para "conectar los servicios sociales y sanitarios”, remarcó Oliva, quien además apuestó por un "Pacto para la Salud de contenido más amplio que englobe la prevención de la enfermedad y la discapacidad y la atención a la enfermedad crónica y a la dependencia".

Así, de lo extraído de este libro se desprende que "los servicios sociales deberían formar parte de los servicios esenciales financiados públicamente junto a los servicios educativos e integrarse en el paquete de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas".

En la presentación de esta obra, en un céntrico hotel madrileño, participaron, además, los consejeros de Sanidad de Galicia y de Castilla-La Mancha, la doctora Pilar Farjas, y el doctor Fernando Lamata. Farjas, aseguró al respecto que "el reto de la asistencia a la dependencia debe de hacerse sin que se desequilibre la balanza de la asistencia sanitaria en su totalidad".

Por ello, la postura de esta consejera es la de crear "puentes" entre los servicios sociales y sanitarios, más que la de su unificación, puesto que esta última, en su opinión, “supondría correr un grave riesgo, sobre todo, en un momento de tensiones como el actual dominado por la crisis financiera”.

Al respecto, Farjas indicó que el "mayor compromiso con las prestaciones sanitarias y sociales públicas en el momento actual “es la sostenibilidad del sistema para poder mantener los servicios y la calidad del Sistema Nacional de Salud”.

Dos mundos diferentes
pero combinables

El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, también analizó el debate abierto en los ámbitos sanitarios y sociales de si es más positivo una integración o una coordinación de sendos servicios, con una estructura, una organización y una historia distinta y diferente, pero que deben prepararse de manera conjunta a fin de afrontar los retos demográficos del siglo XXI.

En este sentido, informó de que el Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por desarrollar en la próxima década “una coordinación fuerte de los servicios sociales y sanitarios con una integración parcial y progresiva en distintos sectores comunes, como el de los sistemas de información”.
Lamata recalcó, además, que pese a los problemas de financiación por parte del Gobierno de España para su ejecución, el Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja para que su aplicación sea lo más adecuada posible y, así, la región es la mejor valorada de España en esta materia, como se recoge en e último estudio del Observatorio Nacional de Dependencia, que valora con un 9 sobre 10 el desarrollo de esta norma en la comunidad autónoma.