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España recibe el Premio Franklin D. Roosevelt, la mayor distinción internacional en el ámbito de las políticas de discapacidad

 

 

Las personas con discapacidad han pasado  en nuestro país, de ser «objeto» de tratamiento y protección social a convertirse en ciudadanos con derechos y capaces de participar en la toma de decisiones. Este cambio, y los avances en políticas de inclusión, le han valido a España el Premio «Franklin D. Rooseevelt International Disability Rights», la mayor distinción que puede recibir un Estado en el ámbito de la discapacidad

 

 

 

Nueva York, 10 de septiembre de 2013 (medicosypacientes.com/MSSSI)

S. M. la Reina, presidenta de honor del Consejo del Real Patronato de la Discapacidad, ha recibido el galardón en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, tras reunirse con su secretario general, Ban Ki Moon.

Este reconocimiento (considerado el «Nobel de la Discapacidad»), es otorgado por la Fundación Lantos para los Derechos Humanos y la Justicia y el Instituto Roosevelt, y está dotado con 50.000 euros, que han sido entregados al Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), cuyo presidente, Luis Cayo Pérez Bueno ha asistido al acto.

España fue el primer país del Grupo de Europa Occidental y el segundo en el mundo en ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

Desde entonces nuestro país se ha destacado en los avances en inclusión de las personas con «capacidades diferentes». La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que ha acompañado a Doña Sofía en el acto de entrega, ha destacado en su intervención la importancia del Premio Roosevelt, «para los que trabajamos en defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos». Como país, ha señalado, este reconocimiento sitúa a España «más cerca de un objetivo perseguido durante las últimas décadas: la plena integración, la no discriminación y la mejora de la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes».

La ministra ha asegurado que el éxito conseguido «descansa en un modelo basado en el consenso entre todos los niveles de la Administración y en la colaboración con el movimiento asociativo», representado por el CERMI. Un modelo, ha señalado, «consolidado, que ha evolucionado a lo largo de cuatro décadas desde el concepto de personas objeto de tratamiento y protección social hacia el de ciudadanos titulares de derechos».

No ha sido un camino fácil, ha reconocido la ministra. «Sin embargo, los españoles siempre hemos demostrado espíritu de superación». Gracias a ello, a día de hoy «contamos con unas circunstancias excelentes para eliminar completamente las barreras y ampliar las altas cotas de autonomía que han adquirido las más de cuatro millones de personas con capacidades diferentes en España».

Tras agradecer a la Reina «su compromiso personal y su extraordinaria sensibilidad», que han sido decisivos para avanzar «hacia una sociedad más justa», Mato ha concluido reconociendo el «ejemplar testimonio de superación que proporcionan las personas con discapacidad y sus familias».

Premio Roosevelt

El Premio Roosevelt, establecido en 1990 y promovido conjuntamente por Lantos Foundation for Human Rights and Justice y The Roosevelt Institute, tiene como finalidad favorecer el progreso de los Estados en el ámbito de los Derechos Humanos, con especial referencia a la inclusión de las personas con discapacidad, para conseguir la participación plena e igualitaria de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

El premio se concede a un Estado Miembro de Naciones Unidas para reconocer los progresos nacionales significativos para desarrollar los objetivos e ideales contenidos en la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad y  la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El premio fue notificado a España el 2 de diciembre de 2012, en una carta dirigida al presidente del Gobierno.

Políticas de apoyo a la discapacidad

Las políticas de discapacidad en España están lideradas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y del Real Patronato. En los próximos años, toda la acción del Gobierno en esta materia será recogida en el Plan de Acción de la Estrategia Sobre la Discapacidad 2013-2015, cuyos principales objetivos son erradicar las formas de discriminación múltiple, promover la accesibilidad, impulsar la empleabilidad de las personas con discapacidad, reducir la tasa de abandono escolar de personas con discapacidad y promover la participación de todos los ciudadanos con discapacidad en la vida política y pública.

Además, este Plan incluye la perspectiva de género y discapacidad, para evitar la doble discriminación. Por este mismo principio se tiene en cuenta a los niños y niñas con discapacidad (unos 140.000 en España). Se trata de un grupo con especial riesgo de caer en situaciones de exclusión, y pobreza y en el que la Convención de la ONU fija especial interés.

En los próximos meses está previsto aprobar uno de los principales proyectos de la legislatura en esta materia La Ley General de derechos de las personas con Discapacidad y de su inclusión social. Por primera vez, toda la legislación en la materia se unifica en una sola norma, adaptándola a lo previsto por la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta nueva Ley supondrá, además, el reconocimiento expreso de que las personas con capacidades diferentes son titulares de  derechos y los poderes públicos estamos obligados a garantizar su ejercicio pleno.

Entre las últimas actuaciones del Ministerio en materia de discapacidad destaca el decreto que regula la reserva permanente de un 7% de las plazas de formación sanitaria especializada para personas con discapacidad. Esta reserva también se ha adoptado en toda la oferta de empleo pública.

Por otra parte, el pasado mes de julio la ministra presentó a las Comunidades Autónomas el Plan Integral de Atención para menores de tres años con graves discapacidades. Se trata de una reivindicación histórica del sector, en especial del CERMI, y su objetivo es facilitar la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e intelectuales.

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