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En 2015, de 1.060 médicos encuestados en Euskadi, casi el 10% han sufrido agresiones

El presidente del Consejo Médico Vasco, Dr. Manuel Garcia Bengoechea, presentó, en la Asamblea General de la OMC celebrada el pasado fin de semana, una encuesta sobre agresiones a facultativos de Euskadi, según la cual, en 2015, de los 1.060 médicos encuestados, el 9,9% (104) reconoció haber sufrido agresiones

Se trata de una encuesta puesta en marcha por el Consejo de Médicos del País Vasco (CMPV) en la que, de los 13.060 colegiados en Euskadi, han sido entrevistados 1.060 médicos (380 colegiados en Bizkaia, 360 en Guipuzkoa y 320 en Araba).

 
Del porcentaje de médicos que reconoce haber sufrido agresiones (9,9%), la mayor tasa la registra en Araba con un 11,3% frente al 9,7% de Bizkaia y Gipuzkoa.
Según esta encuesta, de los médicos que han sufrido algún tipo de agresión, el 57,6% son mujeres y el 42,4% hombres. Por provincias, en Araba (61,2%) y en Bizkaia (59,9%) es aún mayor el porcentaje de facultativos agredidos que son mujeres, mientras que en Gipuzkoa apenas hay diferencias de género entre las víctimas de agresión (50.9% mujeres y 49,1 hombres). Esta tendencia se invierte respecto del agresor, mayoritariamente hombres, el 78,8%, de edades comprendidas entre 30 y 50 años. 
 
Respecto de quién es el agresor,  en el  66% de los casos, es el  propio paciente y el 30,8% el acompañante.  En cuanto al tipo de agresiones, el 1,6% de los facultativos agredidos en el 2015 responde afirmativamente ante la pregunta de si hubo agresión física; el 7,4% ante la pregunta de si hubo insultos; el 6,6% ante si recibió amenazas y el 6,7% afirma que, sin haberse sentido agredidos, recibió presiones o coacciones para extender recetas o dar bajas (hay facultativos que responden afirmativamente a más de una).
 
En cuanto a la especialidad del médico agredido, en el 43,7% de los casos, son Médicos de Familia y destacan otras especialidades como Psiquiatría (5,8%) y Urgencias (4,9%).
 
En cuanto a los motivos que desencadenaron esas agresiones, en la mayoría de los casos el motivo fue diferencias con el médico (27,8%) o motivos administrativos como altas, bajas o la emisión de recetas (9,7%). También destacan los problemas psiquiátricos (7,9%) del agresor. La mayoría de los facultativos agredidos coincide en que la en la mayoría de los casos (67.3%) no había habido problemas previos con ese paciente y que no hubo planificación previa, por lo que la mayoría manifiesta que la agresión no se podía haber evitado.
 
Respecto a las consecuencias de la agresión, aunque la mayor parte de estas agresiones (70) no las tuvieron en la vida laboral del facultativo agredido, en 21 casos sufrieron trastornos de ansiedad y 6 presentaron secuelas psíquicas.
 
De estos profesionales que reconocen haber sufrido una agresión, solo el 7,3% presentó denuncia, una situación que evidencia que el tema de las agresiones registradas a médicos es como la punta de un iceberg. Esto lo afianza también el dato de que una cuarta parte de los médicos encuestados asegura que a lo largo de su carrera profesional ha sufrido amenazas o intimidaciones y un tercio de los mismos, coacciones para extender recetas o dar bajas médicas.  
 
El 58% de los encuestados cree que el nivel de agresiones, presiones o tensiones en la relación paciente-médico se ha incrementado, aunque la comparativa con una encuesta realizada por el CMPV en 2008 muestra que en estos ocho años ha habido una reducción en la tasa global de las mismas. 
 
La mitad de los encuestados (50,1%) considera que, en general, hay mayor violencia verbal en la relación médico-paciente y la gran mayoría (82,8%) considera que la figura del médico como profesional es menos respetada en nuestra sociedad. 
 
Coincidiendo con el Día Nacional contra de las Agresiones a Sanitarios que se celebró el pasado 16 de marzo, el Consejo de Médicos del País Vasco hizo pública en Bilbao esta encuesta en un acto que contó con la participación de los presidentes de los tres Colegios de Médicos de Euskadi: doctores Manuel García Bengoechea (COM Gipuzkoa), Cosme Naveda (Bizkaia) y Kepa Urigoitia (Araba).
 
Los tres Colegios de Médicos vascos  han sido pioneros en la lucha contra las agresiones a personal sanitario. Ya en 2007 firmaron con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco un protocolo de actuación para los casos de agresión a facultativos de Osakidetza y médicos que trabajaran en un servicio concertado. Con este protocolo se acordó que los fiscales pudieran solicitar a los jueces que las agresiones físicas o la intimidación grave al médico se pudieran tipificar como  delito de atentado a la autoridad, con penas que podrían elevarse hasta los tres años de cárcel.
 
El hecho de la entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, de la reforma del Código Penal que contempla las agresiones a sanitarios que trabajan en el sector público como delito de atentado contra la autoridad, ha sido el logro más importante en la lucha contra este problema, pero es necesario que esto se extienda a los profesionales que trabajan en la sanidad privada, donde se produce un importante número de agresiones.
 
Por ello, las corporaciones médicas  siguen trabajando para que las agresiones a sanitarios sean consideradas como violencia social, contemplando la consideración de delito contra la autoridad tanto si se producen en el ámbito público como en el privado y para que sean penadas con los mismos criterios en todas las CC.AA.
 
La encuesta realizada por el CMPV muestra un problema sobre el que la Organización Médica Colegial viene trabajando también desde hace años a través del Observatorio Nacional de Agresiones con la colaboración de los 52 Colegios Oficiales de Médicos de toda España, habiéndose registrado en cinco años 2.419 agresiones a médicos. 
 
El objetivo de todas las corporaciones médicas es reflejar la realidad del problema y concienciar a los profesionales que trabajan en el entorno de los servicios de salud, establecer canales de cooperación con las Administraciones públicas -Ministerio de Sanidad, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscalías y Cuerpos de Seguridad del Estado – y la sensibilización de la sociedad en general ante este grave problema, ha sido de gran ayuda para abordar esta lacra que requiere de la unidad de todos.
 
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