El Tribunal Constitucional ha acordado suspender la aplicación del decreto foral 117/2012, que regula el acceso a la asistencia sanitaria pública en la Comunidad foral y que recoge las condiciones de atención a los inmigrantes en situación irregular en Navarra
Pamplona, 30 de enero de 2013 (medicosypacientes.com/EP)
El Constitucional acordó ayer admitir a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Ejecutivo central contra el Gobierno foral por la normativa navarra que fija la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes «sin papeles» que acrediten al menos un año de residencia en la Comunidad foral, falta de recursos económicos e inexistencia de antecedentes penales.
La admisión del recurso produce «la suspensión de la vigencia y aplicación del decreto impugnado desde el día 9 de enero de 2013, fecha de interposición del conflicto», según recoge el acuerdo del Constitucional.
El TC acordó, además, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de Navarra al objeto de que en el plazo de 20 días aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes. Asimismo, requiere al Abogado del Estado para que, en el plazo de diez días, aporte el preceptivo dictamen del Consejo de Estado.
Navarra presentará alegaciones ante la decisión del TC de suspender el decreto de atención a inmigrantes irregulares
El Gobierno de Navarra presentará alegaciones ante la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la aplicación del Decreto Foral que recoge la atención a los inmigrantes en situación irregular en Navarra, al tiempo que solicitará el levantamiento de dicha suspensión.
Uno de los cambios consistía en la actualización de las aportaciones económicas para acceso al sistema. De forma simultánea y con el fin de que nadie se viera privado de acceder al sistema de asistencia sanitaria universal en Navarra, en virtud de sus competencias en política social, el Gobierno también autorizó una convocatoria de ayudas para el abono íntegro de las tasas de la asistencia sanitaria, dirigida a personas sin recursos con más de un año de residencia en Navarra, según ha expuesto el Ejecutivo en un comunicado.
Así se garantizaba el mantenimiento del actual nivel de atención sanitaria integral; esto es, con asistencia sanitaria en todo tipo de centros y especialidades, la prestación farmacéutica o el transporte sanitario a personas inmigrantes en situación irregular que habían quedado excluidas de la cobertura integral Sistema Nacional de Salud.
Situación actual
Según el Departamento de Salud, la suspensión no afecta a las personas que han visto reconocida su inclusión en el régimen de universalización mediante resolución. Además, la suspensión de los efectos del Decreto Foral 117/2012 hace que se pueda aplicar el Decreto Foral 640/1996 original, lo que genera que se pueda reconocer la asistencia al régimen de universalización en los términos en los que estaba antes.
Esto es, acceso a la atención demostrando el año de residencia (sin excepciones), sin posibilidad de fraccionar el pago y con las cuantías anteriores establecidas en 1996. Por su parte, la suspensión no afecta a la Orden Foral de subvenciones de Políticas Sociales, con lo cual se podrán seguir concediendo subvenciones, aunque, de acuerdo con la aplicación del antiguo DF 640/1996, la cuantía de la ayuda será menor.
En lo que se refiere a las alegaciones, el Gobierno de Navarra dispone de un plazo de 20 días para presentarlas. Concretamente, tiene previsto argumentar que el decreto 117/2012 entra dentro de las competencias de autogobierno de la Comunidad Foral, como así informó el Consejo de Navarra en su día. De hecho, el Decreto se limita a modificar algunos elementos de un Decreto de 1996 sobre universalización de la atención sanitaria, lo cual viene a demostrar que Navarra ya venía regulando esta cuestión desde esa fecha.
Además, entiende que el Decreto no contraviene las competencias de la Administración del Estado sobre el derecho de acceso al Sistema Nacional de Salud, dado que la asistencia que se regula se limita al territorio foral y no aporta ningún derecho a la atención en ninguna otra CCAA, según ha expuesto el Ejecutivo foral.
Finalmente, el Gobierno de Navarra argumentará que el modelo de atención aplicado en la Comunidad foral se enmarca dentro de la propia normativa del Estado fijada en el Decreto Ley 16/2012, en el que se posibilita la atención sanitaria a personas excluidas del sistema mediante la aplicación de determinados convenios y la aportación de cuotas.
Junto con estas argumentaciones, el Gobierno de Navarra solicitará el levantamiento de la suspensión, decisión ésta que espera adopte el Tribunal Constitucional al igual que ha ocurrido con un decreto similar del País Vasco.
