El relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza y derechos humanos, Philip Alston, presentó las conclusiones de su informe sobre España en el que aseguró que nuestro país “está justificadamente orgullosa de su excelente sistema sanitario, con una cobertura sanitaria casi universal”; sin embargo, “siguen existiendo brechas importantes para quienes más necesitan cobertura”
“Algunos de los más desfavorecidos no pueden acceder a la atención médica”. aseguró. Según un estudio de EAPN de 2019, alrededor del 5 por ciento de las personas en hogares pobres que necesitaban asistencia médica, el 25.5 por ciento de los que necesitaban atención dental y el 3 por ciento de los que necesitaban servicios de salud mental no podían recibir atención por razones económicas. El 6.9 por ciento no pudo acceder a medicamentos recetados, el 8.3 por ciento entre las personas desempleadas.
La Encuesta Nacional de Salud indica que entre el 9 y el 10 por ciento de las personas en riesgo de pobreza no están involucradas en prácticas preventivas de salud. 44 Y el crecimiento del empleo precario significa que no es posible tomarse un día libre del trabajo debido a una enfermedad. «No puedo permitirme enfermarme», me dijo una persona.
En 2018, España derogó en gran medida el Real Decreto-ley 16/2012, que tenía una cobertura sanitaria universal limitada, incluso para los migrantes. Sin embargo, el sistema actual excluye a algunos migrantes en sus primeros 90 días en España, 45 y REDER documentó 4,755 casos de exclusión del sistema nacional de salud desde 2014. 46 El Ministerio de Salud reconoció esta brecha, pero aparentemente no tenía ningún plan para abordarla.
“También me preocupa la creciente privatización de elementos dentro del sistema de salud, que corre el riesgo de priorizar las ganancias sobre la provisión de servicios. El Ministerio de Salud sostuvo que esto se hizo solo en circunstancias excepcionales, por razones de eficiencia y necesidad, y que la calidad de la atención no se vio afectada. Sin embargo, no pudieron proporcionarme estimaciones de cuánto del sistema había sido privatizado o estudios que evaluaron el impacto”, dijo.
No obstante, el informe también revela algunas fortalezas de España, como es “el servicio de salud, que es excelente y digno de envidia”, y el sistema de pensiones, ya que “los mayores, en general, se las pueden arreglar bastante bien”. En concreto, subrayó que la Sanidad en España “es una joya”.
Por último, Alston instó al Gobierno coalición de Unidas Podemos y el PSOE a situar “los derechos sociales como la base de la política”, por lo que apeló a un “liderazgo nacional” para conseguir “una mejora radical de la coordinación para reucir las complicaciones de un sistema tan complejo” como, dijo, es el de los Servicios Sociales.
“Las condiciones en España deben ser más parejas, la justicia social debe estar mejor distribuida con programas para todos y que no dependa de dónde vive cada persona. Es el Gobierno central quien tiene los recursos y quien puede garantizar una mayor uniformidad”, alegó.
Ya cuando llegó a España, el relator dijo que “es la quinta economía más grande de Europa y, sin embargo, tiene unos niveles de pobreza sorprendentemente altos. Esto plantea verdaderas preguntas sobre quién se ha beneficiado del reciente crecimiento y quién se ha quedado atrás”. Su informe ha corroborado esta tesis y apuesta por redistribuir la riqueza y aumentar el gasto social.
Instó al Gobierno de España a aumentar los impuestos a los ricos y a las grandes empresas para incrementar el gasto social, al tiempo que urgió a consolidar un parque público de vivienda que se ajuste a los países de su entorno.
“Hay dos Españas muy distintas”, arrojó el enviado especial de la ONU antes de sacar los colores al país que ha estado analizando durante las dos últimas semanas. En su informe presentado Alston da buena cuenta de los niveles de pobreza -que alcanza al 26,1% de la población española- y de la escasa redistribución de la riqueza.
En una rueda de prensa celebrada en la sede de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en Madrid, el relator reconoció que, aunque en el ámbito económico le ha ido bien a España, dado que el Producto Interior Bruto (PIB) “es alto” y hay “altos ingresos per cápita”, en el ámbito social “España está casi en el último lugar en muchos indicadores clave”.
Por ejemplo, la tasa de pobreza infantil alcanza el 28,3%, la cifra más alta de toda la Unión Europea después de Rumanía. Esto se une al escaso gasto social en infancia y familia, que ocupa en torno al 1,2% del PIB, cuando la media europea se sitúa alrededor del 2,4%; es decir, en el doble.
“Uno de cada tres niños viven en la pobreza; hay un sistema de protección patentemente inadecuado y, aunque los colegios son gratuitos, en realidad muchas familias no pueden permitirse los gastos aparejados a la educación”, dijo el relator especial de Naciones Unidas, que afeó también la “segregación” por renta en las escuelas.
Otro de los principales problemas del país es la pobreza energética, según el experto de la ONU. «Muchas familias me han relatado el dilema que tienen entre calentar la casa o comprar comida», explicó tras su visita de investigación a España, que ha tenido lugar entre el 27 de enero y este mismo viernes, tiempo en el que ha visitado Madrid, Galicia, País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña.
Para Alston, «España recauda mucho menos por impuestos que el resto de Gobiernos homólogos. Eso quiere decir que tiene menos para gastar, mientras que lo que recauda lo gasta de forma no muy progresiva y con una redistribución ínfima». Y es que, dijo, “uno consigue lo que uno paga”, por lo que “si España no invierte en protección social, éstas son las estadísticas que genera”.
Por tanto, una de las conclusiones del enviado especial de la ONU es que la pobreza en España “es una opción política”. “Hay dos Españas muy distintas; he estado de visita muchas veces y he sido testigo de esa prosperidad económica y cultural, pero esta vez he visto el otro rostro de España, con un porcentaje muy alto de personas que están al borde de sus posibilidades”, declaró.
“Las tasas fiscales a las empresas se han reducido; las tasas reales son bajísimas, pero el Gobierno además dice que no puede hacerlas públicas (lo que tributan las sociedades) y eso es un problema. El pueblo español debe saber cuánto están pagando las grandes empresas”, reivindicó Alston.
Uno de los puntos de mayor preocupación para el enviado de la ONU es la vivienda y sus precios. “Se ha disparado la tasa de desahucios en los años recientes; eso no sería un problema tan grave si España hubiera invertido en vivienda social; no sólo no lo ha hecho, sino que la ha vendido”, reprochó.
«El parque de vivienda pública ocupa el 2%, otros países están entre el 20 y el 30 por ciento”, alertó Alston, que añadió que “la juventud de hoy no tiene la menor oportunidad de ser dueños de sus casas y muchos siguen en casa de sus padres». Según el Observatorio de Emancipación, los jóvenes españoles se independizan con 29 años, una de las edades más altas de la Unión Europea.
En este sentido, aseguró que pese a que “hay mucha polémica en torno al control de alquileres”, señaló que en España este debate ha sido “dominado indebidamente por aseveraciones de la industria” alertando del riesgo de “destruir el mercado”, y animó a “superar esa etapa” y seguir el ejemplo de ciudades como París o Nueva York.
A lo largo de 20 páginas de informe, el enviado da cuenta de los colectivos más vulnerables de la sociedad española. Entre ellos, cita a las personas con discapacidad -“especialmente vulnerables, dijo”- porque “tienen prestaciones sociales muy limitadas”. También mostró su preocupación en las familias gitanas, pues “el Gobierno los ha descartado como causa perdida”.
Otro grupo sobre el que alertó el relator especial en la rueda de prensa es el de los menores extranjeros no acompañados, conocidos con el acrónimo ‘menas’. “Siguen siendo sometidos a una prueba genital para determinar su edad; eso es un enfoque de la barbarie”, afeó. Asimismo, puso el acento sobre las trabajadoras domésticas, muchas de ellas migrantes, ya que “están fuera del radar” y se encuentran “infrarremuneradas”.
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