Viernes, 27 Abril 2018

En su X Reunión en Panamá

El pte. de la OMC expone en el FIEM los principales aspectos jurídicos y deontológicos de la interrupción voluntaria del embarazo en España

En el marco del X Foro Iberolatinoamericano de Entidades Médicas (FIEM), celebrado, recientemente, en Panamá, el presidente de la Organización Médica Colegial participó en una mesa redonda sobre “Regulación del aborto o interrupción voluntaria del embarazo”, en la que expuso algunos de los principios jurídicos y deontológicos que rigen en España sobre la materia. El Dr. Romero destacó, entre otros aspectos, la importancia de que la actual legislación reafirme el derecho constitucional a la objeción de conciencia y que se tuvieran en cuenta, en materia legal, las aportaciones de la OMC acerca de la conveniencia e importancia que tiene informar a los padres o tutores de menores que optan por abortar

Madrid 25/07/2017 medicosypacientes.com/S.P.
Dr. Romero, durante su exposición sobre interrupción voluntaria del embarazo.
La mesa en la que participó el Dr. Romero, estuvo moderada por el Dr. Alexis Castillo, presidente del Colegio de Médicos de Costa Rica, y con la participación de los Dres. Andrés Castillo, de Costa Rica, y Gustavo Grecco, de Uruguay.
 
Bajo el título “Interrupción voluntaria del embarazo en España”, el presidente de la OMC inció su exposición con un recorrido por la historia legislativa de este tipo de prácticas , recordando que en el Código Penal de 1822 se contemplaban penas de hasta 14 años para los profesionales que realizaran un aborto y de hasta 8 años para las mujeres que se sometieran al mismo. Destacó, además, la permisividad sobre estas prácticas durante la Segunda República española (1937-1939), hasta llegar a las sucesivas leyes a partir de la instauración de la Democracia en 1978. De la ley de supuestos de 1985 a la de plazos de 2010, aprobadas ambas por Gobiernos socialistas.
 
En la actualidad, como recordó el Dr. Romero, la interrupción voluntaria del embarazo se rige por la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que entró en vigor el 5 de julio de 2010, y que fue modificada por el Gobierno Popular en septiembre de 2015, con la Ley Orgánica 11/2015 para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. Precisamente, expresó con satisfacción que en esta normativa fueran recogidas las aportaciones de la Organización Médica Colegial y su Comisión Central de Deontología acerca de la conveniencia e importancia que tiene informar a los padres y/o tutores, de aquellas menores, entre 16 y 18 años, que optaran por abortar, para no privar a estas de su consejo, apoyo y ayuda.
 
El presidente de la OMC también se refirió a cómo ha variado la cifra de abortos en España, centrándose en el período 2004-2014. Según indicó, el mayor pico se registra en 2011 con 118.359, para después descender en 2015 más de un 10 por ciento, con un total de 94.188 abortos registrados en esa fecha.
 
En cuanto a su clasificación por causas comentó que más de un 90% se realizan a petición de la propia mujer embarazada, seguidos muy de lejos (5,6%) por casos que suponen un grave riesgo para la salud de la embarazada; o por riesgo de graves anomalías para el feto (2,78%).
 
Aborto y objeción de conciencia
 
La objeción de conciencia fue otro de los aspectos destacados por el presidente de la OMC durante su ponencia, y celebró que, actualmente, esté reafirmado el derecho constitucional a la objeción de conciencia para todos aquellos profesionales que deban intervenir como cooperadores necesarios en la práctica de un aborto.
 
Al hacer alusión a los aspectos deontológicos relativos a la interrupción voluntaria del embarazo, se centró en el art. 55 del Código de Deontología (CDM) que en su punto 2 dice: “El médico, que legítimamente opte por la objeción de conciencia, a la que tiene derecho, no queda eximido de informar a la mujer sobre los derechos que el Estado le otorga en esta materia ni de resolver, por sí mismo o mediante la ayuda de otro médico, los problemas médicos que el aborto o sus consecuencias pudiesen plantear”.   De cualquier forma, como señaló“el médico que actuara amparado por las Leyes del Estado no podrá ser sancionado deontológicamente”, en base a lo estipulado en el CDM.