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El PSOE pide que se promueva una Ley que asegure la protección de salud de inmigrantes

El PSOE va a presentar una Proposición No de Ley en el Congreso para que el Gobierno promueva una Ley que asegure el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todos los ciudadanos sin excepción, «incluyendo a los inmigrantes en situación irregular».

Madrid, 26 de febrero de 2013 (medicosypacientes.com/EP)

En esta proposición, y en tanto se aprueba la Ley, se insta a «establecer un procedimiento común en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) que asegure un acceso sin barreras de los inmigrantes en situación irregular a la atención sanitaria en las urgencias que puedan necesitar».

Así se rige, según la Proposición No de Ley que se va a discutir, en la normativa vigente «y que impida la facturación de la asistencia sanitaria por parte de los servicios de salud que la vienen realizando en la actualidad». A juicio del PSOE, la atención sanitaria ofrecida desde un sistema sanitario público es una elemento «esencial» para asegurar «la calidad de vida, la salud de la población y la dignidad de las personas».

Además, sostienen que España se ha significado siempre como un país «solidario y capaz de articular una respuesta adecuada a los desafíos migratorios en un contexto de respeto a los derechos humanos y de ciudadanía». Por ello, indican que el SNS era uno de los mejores sistemas de salud del mundo «hasta finales de 2011».

Los recortes están afectando también a pensionistas y crónicos

El PSOE afirma que el Gobierno decidió un conjunto de recortes en derechos y en calidad asistencial que «están afectando al conjunto de la población y perjudicando de manera especial a pensionistas, pacientes con enfermedades crónicas y con enfermedades raras, que ven en riesgo la calidad de la atención a su salud y la aparición de barreras reales para el acceso a la asistencia sanitaria y a sus prestaciones».

Pormenorizando en la población inmigrante, los miembros de esta formación parlamentaria subrayan que, con el Real Decreto Ley 16/2012, ésta «ha perdido el derecho a la cobertura sanitaria general perdiendo así el derecho a ser beneficiaria de las prestaciones de salud pública, de promoción de la salud y de asistencia sanitaria, salvo el caso de atención urgente».

Para ellos, esta decisión es «injusta e, incluso, inhumana», algo que además «pone en riesgo la salud de esta población y del conjunto de la comunidad». Como muestra de ello, recogen el auto dictado por el Tribunal Constitucional tras el recurso del Gobierno Vasco, en el que considera que el derecho a la salud, «debe prevalecer sobre el beneficio económico vinculado al ahorro que supone la discriminación en la atención sanitaria».

«Restringir sólo a Urgencias la atención sanitaria para los inmigrantes «sin papeles» no sólo supone un ahorro mínimo, sino que iba a generar mayores gastos económicos, más allá del coste enorme en salud y en solidaridad», concluyen desde el PSOE.

UPyD critica al Gobierno por retrasar 4 meses la prometida póliza sanitaria para personas en situación irregular

Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha criticado al Gobierno por no haber publicado aun la póliza sanitaria para personas en situación irregular cuatro meses después de su aprobación en el Consejo Interterritorial de Salud.

Así, la formación quiere conocer cuándo piensa el Ejecutivo publicar el decreto que regule la puesta en marcha de esta póliza sanitaria para inmigrantes, anunciada por el Gobierno para garantizar la atención básica sanitaria al colectivo, después de que fueran excluidos del sistema sanitario por decreto en abril del año pasado.

Según explica, esta póliza fue aprobada el pasado octubre por el Consejo Interterritorial de Sanidad con el objetivo de dar cobertura a toda aquella persona que hubiera quedado fuera del sistema con la reforma sanitaria y quisiera contratarlo. En concreto, dice que se refiere, principalmente, a personas en situación irregular y a aquellas que posean rentas superiores a 100.000 euros.

Según UPyD, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, órgano consultivo adscrito al Ministerio de Trabajo, ha denunciado que la desasistencia no sólo afecta a las personas que han sido excluidas por ley, sino que también habla de casos de menores, embarazadas o pacientes que han tenido dificultades para recibir atención urgente.

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