El portavoz del PSOE en materia sanitaria, José Martínez Olmos, defenderá hoy ante el Pleno del Congreso de los Diputados una iniciativa en la que reclama la reposición de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, además de la implantación de la subasta de medicamentos en toda España, como método para ahorrar hasta 1.500 millones de euros anuales y así derogar el copago farmacéutico a los pensionistas
Madrid, 12 de febrero de 2013 (medicosypacientes.com/EP)
Se trata de una proposición no de ley en la que se insta al Ejecutivo a reponer «de inmediato» la cobertura sanitaria a los inmigrantes que no tienen regularizada su situación ya que, a su juicio, garantizará la protección eficaz de su derecho a la salud así como la del resto de la comunidad.
Así, el socialista resalta que esta exclusión ha contando con una «gran oposición» de las organizaciones profesionales sanitarias, así como de varias comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, Asturias o País Vasco.
«Incluso se han planteado recursos de inconstitucionalidad en el TC y, por ejemplo, en el País Vasco, el Tribunal ha dado prevalencia a la decisión de esa comunidad de ofrecer cobertura a estos colectivos de inmigrantes», comenta el socialista.
Es más, indica que el Alto Tribunal, en su resolución, incluye reflexiones «de enorme calado» respecto a la necesidad de evitar daño a la salud de la ciudadanía con la adopción de medidas de control del gasto sanitario y reconoce el riesgo de afectación a la salud de la comunidad, que convive con estos colectivos desposeídos del derecho a la asistencia sanitaria.
«Se hace pues urgente reponer este derecho en los colectivos de inmigrantes para asegurar su protección y la del resto de la sociedad», sentencia el diputado del PSOE.
Subasta de medicamentos para ahorrar
De igual forma, el PSOE plantea en la misma proposición no de ley la implantación de la subasta de medicamentos para el suministro del sistema sanitario público, en el caso de aquellos principios activos no sometidos a protección de patente que permita generar un ahorro.
Según explica el exsecretario general de Sanidad, una vez que se agota la patente de los medicamentos es necesario abordar decisiones que permitan disminuir su coste, como la rápida autorización de nuevos genéricos de esos fármacos o medidas que favorezcan la prescripción de los mismos e, incluso, mecanismos de competencia entre las compañías proveedoras para conseguir el mejor precio posible para el sistema público de salud.
En su opinión, la extensión de mecanismos de prescripción por principio activo es una de las medidas que «mayor eficacia» ha demostrado en el control del gasto de medicamentos y una de las primeras comunidades en adoptarla ha sido Andalucía que, «en los últimos diez años ha conseguido ahorros muy relevantes en la materia».
En este sentido, recuerda que el Gobierno, «lejos de aprovechar la iniciativa y extenderla al resto del sistema sanitario público», decidió plantear un conflicto jurídico ante el Tribunal Constitucional (TC), que generó la suspensión cautelar de la medida, si bien el Alto Tribunal decidió recientemente levantarla, de forma que la comunidad andaluza ha podido reiniciar el proceso para conseguir «ahorros relevantes», que cifra en unos 200 millones de euros.
