Durante su comparecencia ayer en la Comisión de Interior del Senado, el titular de la cartera, Juan Ignacio Zoido, avanzó que en este mes de marzo se van a poner en contacto con todas las comunidades autónomas que aún no tienen la transferencia de la sanidad penitenciaria para exponerles su disposición de abordarla
Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, aseguró que él mismo va a escribir una carta a los consejeros autonómicos de Sanidad para ofrecerles la posibilidad de abrir una negociación en éste ámbito y evitar que los reclusos tengan una «pena añadida» a su privación de libertad.
No obstante, Nieto lamentó que durante los contactos previos iniciados hace un par de años por Instituciones Penitenciarias «ninguna comunidad ha trasladado su voluntad de negociar» pese a que, como han demostrado, en las dos CC.AA. que ya la tienen transferida (Cataluña y País Vasco), no supone una penalización de los presupuestos y se mejora la atención que reciben los reclusos».
Una atención sanitaria «de más calidad y más rápida»
El número dos de Interior compareció en la Comisión de Interior de la Cámara Alta para responder diferentes preguntas orales de los grupos parlamentarios sobre la atención sanitaria que reciben los presos de las cárceles españolas y por si ha habido retrasos en los pagos de esta asistencia cuando la prestan las comunidades autónomas.
En una de sus intervenciones aseguró que la población reclusa en España tiene una atención sanitaria «de más calidad y más rápida» que cualquier otra persona en libertad, o «como mínimo igual». «Una persona interna en España tiene una atención sanitaria de más calidad y más rápida que cualquier otra persona que vive en nuestro país. Lo que no tiene es un entorno agradable o saludable, pero la atención que recibe es mejor o, como mínimo, igual que la de cualquier ciudadano», remarcó
En ese sentido, defendió que un posible retraso en los pagos no justifica una merma en la atención sanitaria que, a su juicio, se debe dar a todos los reclusos «con la mayor calidad» con independencia de que luego se decida quién debe asumir el coste de la misma.
Durante su comparecencia, Nieto informó además de que, hasta febrero de este año, un total de 1.307 reclusos con hepatitis C ya han recibido el tratamiento mientras que hay otros 1.215 pacientes diagnosticados que están siendo evaluados caso por caso para ver si reciben o no la medicación.
Además, rechazó que actualmente haya pacientes ya confirmados que no hayan sido vistos por su médico y reconoce que es imposible saber cuantos pacientes están todavía sin diagnosticar.
«También sucede en la población general, no se puede saber si no van al médico o no dan síntomas. Y no se les puede obligar a ir, porque tienen derecho a recibir atención sanitaria pero no obligación de ser tratados», precisó.
Pasos dados desde la OMC
La representante de Sanidad Penitenciaria en la OMC, Dra. Carmen Hoyos, hizo un repaso, en la última Asamblea de Médicos de Admón. Pública de la OMC de los últimos pasos dados desde esta Vocalía orientados a concienciar a todos los grupos políticos sobre la importancia de transferir las competencias en la materia a las CC.AA., dadas las irregularidades que se están produciendo en cuanto a la asistencia en los centros penitenciarios, junto a las discriminaciones que estamos sufriendo los profesionales que nos dedicamos a este tipo de asistencia.
La Dra. Hoyos mostró su satisfación al considerar que «se ha entendido el mensaje transmitido por la corporación, y por la unanimidad expresada por el conjunto de grupos políticos en aceptar una proposición no de ley para que el Gobierno proceda al traspaso de la Sanidad Penitenciaria a las Consejerías de Salud que todavía no tienen transferidas las competencias
La petición se ha trasladado a casi todos los parlamentos autonómicos, donde hay constancia de que se está trabajando ya en la solicitud de dichas transferencias, según aseguró la Dra. Hoyos.
Relacionados
