El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una enmienda al Proyecto de Ley de reforma del Código Penal para que se consideren actos de atentado los cometidos contra los funcionarios sanitarios además de los docentes. La propuesta establece, además, penas de cárcel que van desde los seis meses hasta los cuatro años
Madrid, 20 de febrero 2015 (medicosypacientes.com)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una enmienda al Proyecto de Ley de reforma del Código Penal para que se consideren actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios. Se trata de una propuesta de modificación del artículo 550 del actual Código Penal que establece, además, que «los atentados serán castigados con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses, si el atentado fuera contra una actividad, y de prisión de seis meses a tres años, en los demás casos».
En el texto de la enmienda, que tendrá que ser debatida y votada en el próximo Pleno del 10 de marzo, se señala que «son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o lo que acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión del ellas».
Según explicó el senador del PP Jesús Aguirre, la enmienda «es una respuesta a la delicada situación que sufren estos profesionales tras lo cual explica que, en el período entre 2008 y 2012, más de 30.000 profesionales sufrieron agresiones en España».
Este tipo de agresiones se produjeron tanto en centros de Atención Primaria, con un 51% de los casos, como en hospitales, y el 72% de las víctimas fueron mujeres. En el 80% de los casos, se trató de agresiones verbales, y en uno de cada cinco casos, se produjo agresión física.
Como recordó el Dr. Aguirre, ya en 2012 la Cámara Alta aprobó una moción en la instaba al Gobierno a elaborar un estudio de ámbito nacional sobre la problemática de las Agresiones a los profesionales en los centro del Sistema Nacional de Salud. Este estudio fue presentado en el Consejo Interterritorial en junio de 2014.
Este senador del PP subrayó, además, que «abordar un problema como son los actos violentos que sufren los trabajadores de la Salud en el desempeño de sus funciones desde los simples malos modos, hasta la pura agresión física, es además de una necesidad, una obligación que compete a toda la sociedad y, en especial, a todos los que legislamos y a su vez conformamos el sistema sanitario, todo ello hace necesario un tratamiento multidimensional del problema, que debe partir del principio de: «Ante las agresiones al personal sanitario, tolerancia cero», como recalcó.
Como remarcó, al respecto, «las conductas violentas no deben permitirse nunca, ya que rompen el vínculo de confianza que debe existir entre los profesionales con los pacientes, para la consecución de los objetivos de la relación clínica en la que queden garantizados los derechos de profesional y paciente».
Hasta ahora, y con el vigente Código Penal no existe un tratamiento jurídico unitario a la hora de abordar las agresiones a médicos, como ha venido lamentándose desde la Organización Médica Colegial, lo que motivó, entre otras causas, su decisión de presentar meses atrás un escrito al Defensor del Pueblo informándole de la situación a la que están expuestos los médicos (www.medicosypacientes.com/articulos/agresiones261214.html)
La corporación instaba, en concreto, en su informe a que se considerase delito de atentado la agresión contra el profesional, al tiempo que defendía la protección integral del acto médico como uno de los pilares sobre los que descansa el derecho constitucional a la protección de la salud y, como tal, digno de la misma protección jurídica, remarcando que dicha protección fuera tal, «independientemente de que el entorno en el que se realiza el mismo, sea público o privado».
Se adjunta enmienda en PDF.
