El Gobierno se ha comprometido a crear una unidad de diagnóstico de daños para dar solución a la situación en la que se encuentran muchos afectados por la talidomida en España, según informó el presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), José Riquelme, tras la reunión mantenida con el secretario general de Sanidad, José Javier Castrodeza
En concreto, en la iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, instaba al Gobierno a la creación de esta unidad, así como a reabrir «con urgencia» el registro contenido en el Real Decreto 1006/2010 de 5 de agosto, para ampliar el alcance, las condiciones y el procedimiento para el reconocimiento de las personas que sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación por los efectos de la talidomida, entre 1955 y 1985, y cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas.
Además, se solicitaba que dicha unidad tuviera en cuenta criterios científicos aceptados internacionalmente; se indemnizaran a los afectados de acuerdo a una tabla de valoración de discapacidad y, en el plazo máximo de 2018, se pagaran las prestaciones «justas» que procedieran; se facilitaran los tratamientos rehabilitadores y ortoprotésicos y se suprimiera el copago en otras prestaciones originadas por sus lesiones; y se creara un comité de seguimiento en el que participaran las asociaciones de víctimas.
Riquelme hizo este anuncio a la salida de la reunión que mantuvieron él y el vicepresidente de Avite, Rafael Basterrechea, con Castrodeza y el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul, en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
«Se va a crear un Comité de Valoración y Seguimiento para diagnosticar en España quiénes son los afectados de talidomida, para dar cumplimiento a la proposición no de ley que se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados en noviembre del año pasado», explicó Riquelme a la salida del encuentro, que calificó de «más positivo de lo que nosotros pensábamos».
En este comité, en el que estará incluido Avite, se abordará «el paso fundamental» de «abrir un registro nacional», ya que «tenemos muchos documentos y pruebas que avalan que en España se vendió talidomida durante muchos más años de los que se cree».
En este sentido, Basterrechea indicó que «oficialmente ahora hay cuatro víctimas reconocidas por el Estado» y «ha habido reconocimientos a nivel autonómico, como en Andalucía, donde se han reconocido otras 50 víctimas aproximadamente», aunque advirtió de que «nosotros tenemos un censo total de 500 víctimas en el territorio nacional» y exclusivamente contando aquellas que «han pasado por la organización».
En cuanto a cuándo se creará oficialmente este Comité, Riquelme manifestó que «el plazo es inmediato», ya que «la semana que viene vamos a proponer a nuestro asesor», para que «empiece a caminar ya», porque «la prioridad es máxima» y «ya llevamos demasiados años» esperando.
Asimismo, agradeció al Ministerio su predisposición para llevar a cabo esta «colaboración mutua» e informó de que «uno de los principales puntos en el orden del día que va a llevar la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, al Consejo Interterritorial va a ser el tema de la talidomida a todos los consejeros autonómicos de Sanidad».
Sobre la responsabilidad de la farmacéutica Grünenthal, que comercializó el medicamento, Basterrechea aseguró que Castrodeza «se ha comprometido en que van a haber conversaciones del Ministerio con la farmacéutica».
A tenor de esto, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, Francisco Igea, afirmó que «el laboratorio sabe que tiene una responsabilidad que tiene que asumir; no puede pensar que no va a ser responsable y que con los cinco que están cobrando indemnizaciones va a ser sufieciente».
Igea, que fue el encargado de defender esta PNL en la comisión, mostró su alegría por el hecho de que los representantes de Avite saliesen «satisfechos» de la reunión en el Ministerio y añadió que «lo importante es que este año se abra el registro y que en el año 2018 todos los afectados por la talidomida estén cobrando sus indemnizaciones».
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