El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSI-F firmaron ayer un acuerdo para la mejora del empleo público que incorpora un proceso de estabilización del empleo temporal para reducir la tasa de temporalidad hasta el 8% en tres años. Entre los sectores prioritarios recogidos en el acuerdo para los que se prevé una tasa de reposición del 100% se encuentran sanidad y servicios sociales
El ministro Montoro destacó que es el “primer acuerdo de la Legislatura sobre función pública” y que tiene como objetivo “mejorar la calidad del empleo y reducir la tasa de interinidad durante un periodo de tres años (2017-2019)”. Añadió que se trata además de una “apuesta por dignificar la función pública” y su “importante contribución a la completa recuperación económica del país”.
El acuerdo va dirigido a fortalecer los efectivos existentes en las diferentes Administraciones Públicas dar estabilidad a las plantillas de empleados públicos, dentro de los límites y reglas de gasto establecidos, de tal forma que, respetando los principios de libre concurrencia, igual, mérito, capacidad y publicidad, en un plazo de tres años, se consiga reducir la interinidad hasta un máximo del 90 % en servicios públicos esenciales tales como educación, sanidad, justicia, servicios sociales o policía local, entre otros.
Como resultado de este proceso de estabilización del empleo se podría llegar a un total aproximado de 250.000 plazas consolidadas, de las que 237.070 corresponden en conjunto a los ámbitos de sanidad donde se esperra consolidar 129.700; a docencia, 98.80; y administración de justicia 8.564.
Según el Ministerio de Hacienda se parte de una cifra muy elevada de temporalidad, de casi 300.000 interinos en la Administración, y que ese elevado número de interinos afecta principalmente a los sectores de enseñanza y justicia.
Las tasas oscilan entre el 30% de la sanidad, el 25% de la administración de justicia y el 20% en la enseñanza no universitaria.
Asimismo, el acuerdo prevé la constitución de grupos de trabajo entre administración y organizaciones sindicales para estudiar medidas que faciliten la movilidad geográfica y funcional de los empleados públicos, para impulsar su formación y potenciar la profesionalización y cualificación específica de los mismos, analizar los criterios en materia de igualdad de género y, en particular, de violencia de género, la situación de las mutualidades y para el seguimiento de la implantación de la Administración Digital.