Javier Castrodeza, secretario general de Sanidad y Consumo, y Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, comparecieron ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados para presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y afirmaron que si "no son suficientes" los 20 millones destinados para los afectados de la talidomida, se dotará de más recursos a los PGE de 2019 para cubrir a todas las víctimas
Esta partida estará incluida en las transferencias que hace el Estado a la Seguridad Social y supone un 0,1% del total, que asciende a 13.085 millones. Los 20 millones se destinarán a financiar ayudas a personas a las que se reconozca que sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación, compatibles con las descritas para la talidomida, en el periodo 1955-1985, y cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas. Sobre la situación de los afectados se celebrará este jueves una jornada en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC).
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, aseguró durante su comparecencia que, si «no son suficientes» los 20 millones destinados en el proyecto de ley de los Presupuestos General del Estado de 2018 para las víctimas de la talidomida, se dotará de más recursos a los de 2019 para indemnizar a todos los afectados. En este sentido, Castrodeza subrayó que esta medida es “un reconocimiento de la sociedad” y anunció que hasta ahora hay 409 personas inscritas en el registro de afectados puesto en marcha.
Castrodeza explicó que la dotación económica prevista por el Gobierno para políticas de Sanidad para el año 2018 asciende a 4.251 millones de euros, lo que representa, respecto al ejercicio anterior, un incremento del 3,9%, según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, como ya se había hecho público. El objetivo de estos presupuestos es “poner en marcha nuevas políticas e implementar las medidas ya iniciadas garantizando la calidad asistencial y la viabilidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), bajo el prisma de la máxima eficiencia y de la responsabilidad en las políticas de gasto».
En 2018, se destina 174 millones de euros a los Organismos Autónomos de carácter sanitario, como lo son Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). El incremento es de 1,3 % respecto a 2017, cuando el presupuesto fue de 172 millones de euros.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tendrá un presupuesto de 47 millones de euros; para actuaciones en seguridad alimentaria, ubicadas en la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición, será de 16 millones de euros y, por su parte, para la Organización Nacional de Trasplantes, otros 4 millones de euros, manteniendo prácticamente estable lo presupuestado el pasado año.
Por otro lado, en el marco competencial, las Estrategias de Salud cuentan con una dotación de 5 millones de euros, destinados a actuaciones para hacer frente a enfermedades raras y a estrategias de salud y a financiar programas de prevención y control del SIDA y otras ITS; el fomento de la donación y el trasplante de órganos así como la mejora de los Sistemas de Información Sanitaria, para lo que se asignan 4 millones de euros y, por último, el desarrollo de sistemas públicos digitales y otros desarrollos de aplicaciones digitales en el ámbito sanitario y de cohesión, que se dotan con 5 millones de euros.
El cumplimiento económico del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
Mario Garcés detalló las cuentas de su área, subrayó que se tratan de los presupuestos «más sociales» y relató partidas presupuestarias como la que implica aumentar la presencia de mujeres en el ámbito científico y tecnológico, que conlleva 350.000 euros para proyectos con universidades politécnicas. También comentó otros programas de colaboración para la integración social de mujeres con discapacidad víctimas de violencia o campañas de sensibilización y precisó que «siete de cada diez euros del presupuesto van a gasto social».
Como ya ocurrió con la comparecencia de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José Ordóñez, las críticas de la oposición se centraron en el cumplimiento económico del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para el que el Gobierno asegura incorporar 200 millones de euros. La diputada del PSOE Ángeles Álvarez, la diputada de Podemos Ángela Rodríguez y Joan Olóriz, de ERC incidieron en que «no es cierto que estén los 200 millones de euros, ya que sólo se incluyen con carácter finalista los 80 correspondientes a la Administración General del Estado, mientras que la parte de autonomías y ayuntamientos no aparece especificada”, manifestaron.
