El Consejo de Gobierno de Aragón celebrado ayer miércoles, con carácter extraordinario, aprobó la realización de una encomienda al Departamento de Sanidad para que regule la extensión de la cobertura sanitaria universal. El Gobierno autónomo, según el comunicado emitido, pretende dar prioridad a la rentabilidad social y no contemplar la medida en términos de costes económicos
Zaragoza, 30 de julio 2015 (medicosypacientes.com)
El Consejo de Gobierno de Aragón celebrado ayer miércoles, con carácter extraordinario, aprobó la realización de una encomienda al Departamento de Sanidad para que regule la extensión de la cobertura sanitaria universal.
Asimismo, instó a este Departamento a que, hasta que se elabore la correspondiente disposición normativa, disponga de unas instrucciones que habiliten el acceso a la asistencia sanitaria ordinaria a las personas sin recursos económicos que perdieron este derecho con el Real Decreto-Ley 16/2012. Dichas instrucciones a los centros de salud podrán estar listas en el mes de agosto.
El Gobierno autónomo, según el comunicado emitido, pretende dar prioridad a la rentabilidad social y no contemplar la medida en términos de costes económicos. Además, cree que con esta decisión la sociedad será más sana, dado que ampliando la cobertura a toda la cartera de servicios, con especial importancia del papel que juegen los servicios de atención primaria, se podrá evitar que pequeños problemas sanitarios no atendidos se conviertan en un problema de salud pública.
El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, destacó en posterior rueda de prensa que con este acuerdo «lo que se produce es el acceso a la totalidad de la cartera de servicios» del sistema sanitario para que todos los ciudadanos «accedan a esta cartera en igualdad de condiciones, también aquellos extranjeros que quedaron excluidos del Real Decreto de 2012» y que ha cifrado en unas 14.500 personas.
Para el actual Gobierno aragonés, el derecho a la salud «es fundamental para la ciudadanía» que tiene también «el derecho a tener una sociedad sana y lo más efectivo» para lograr este objetivo «es invertir en promoción de la salud, invertir en la prevención de la enfermedad y todo esto se tiene que hacer potenciando la atención primaria» para evitar que los problemas «pequeños de salud» se conviertan «en un problema grave para el paciente o para quienes le rodean».
Según indicó, el decreto aprobado en 2012 incluía en la asistencia sanitaria a los extranjeros que estaban sin autorización que eran menores de 18 años, a mujeres embarazadas cuando daban a luz y en el postparto y a enfermedades graves que hacían que estas personas acudieran a urgencias para que se les atendiese.
«Nosotros lo que hacemos es ampliar ya a todos los casos, a todas las personas extranjeras que están en esta situación y cumplir con ese compromiso de gobierno que teníamos para que todos los ciudadanos accedan a una sanidad pública, universal, gratuita y sin ningún tipo de condicionante», remarcó.
Para Guillén, «esto es una inversión con rentabilidad social, no un coste», y ha señalado que «queremos que las instrucciones entren en vigor lo antes posible», se podrían elaborar en agosto».
El consejero advirtió, además, que la tarjeta sanitaria la expide el Gobierno de la Nación, por lo que el Ejecutivo aragonés podría ofrecer a estas personas una tarjeta «provisional». Una vez que se disponga de las instrucciones se verán los condicionantes que establece Sanidad, pero ha insistido en que el objetivo de esta medida es que el acceso al sistema sea «universal» y «gratuito».
Los costes vinculados a esta decisión «serían asumibles para el sistema, sin ninguna duda», aseguró Guillén, para recalcar que «hay una rentabilidad social en esta medida, de la que nos vamos a sentir muy orgullosos».
