El Dr. Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) quiso poner en valor la imagen de unidad de las profesiones sanitarias, representadas por los Consejos Generales Enfermería, Farmacia, Podólogos y Odontólogos, las administraciones sanitarias, Ministerio de Sanidad, Ministerio del Interior, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y ahora la de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), frente a las agresiones que reciben los profesionales en el ejercicio de su profesión, en el acto de presentación del informe sobre agresiones en el ámbito sanitario de 2018
El Dr. Romero estuvo acompañado por el Dr. José María Rodríguez Vicente, secretario general de la OMC; y Dr. José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio de Agresiones de la OMC. Ofrecieron sus testimonios el Dr. Francisco José Benítez, médico de AP de Cádiz, como agredido, y Emilio Fernández, viudo de la Dra. María Eugenia Moreno, residente de 34 años que fue asesinada en 2009 por un paciente cuando se encontraba trabajando en el centro de salud de Moratalla (Murcia).
También intervinieron Javier Galván, Interlocutor Policial Nacional Sanitario de Policía Nacional; Miguel Ángel Barrado, miembro del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior; Manuel Alcaide, miembro de la Secretaría de Estado de Seguridad; Jesús Borjas, Interlocutor Policial Nacional Sanitario de Guardia Civil; Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacia; José García Mostazo, presidente del Consejo de Podólogos; Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería; y Alejandro Abreu, presidente de la Fundación Mutual Médica.
El Dr. Romero destacó la presencia en el acto de representantes de las “profesiones sanitarias hermanas” en la presentación de los datos de agresiones a médicos de 2018, “porque viven este tipo de violencia desde lo local y lo cercano”. Incidió en que desde la puesta en marcha del Observatorio “hemos ido sumando complicidades” con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior, “instituciones que entendieron que había que dar un paso adelante y había que hacer algo más, como fue la puesta en marcha de la figura del Interlocutor Policial Nacional Sanitario”, añadió.
El presidente de la OMC agradeció a los Colegios de Médicos, Juntas Directivas y miembros del Observatorio contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario de la OMC su trabajo y constancia “en épocas complicadas, donde destacar hechos como los que hoy abordamos no era tan sencillo”. Insistió en que “desde las corporaciones colegiales se venía denunciando una situación que era insostenible, no por el número o cuantía, sino por el hecho”.
“Agredir a un profesional sanitario no solo afecta al agredido, sino que engloba al conjunto del sistema y esencialmente a la relación médico-paciente y a la asistencia de calidad básica y clave en el éxito de nuestro modelo sanitario del SNS”, destacó. Según resaltó, “esta violencia influye en la salud de todos, porque el miedo que genera en el profesional puede derivar en la práctica de una medicina defensiva”.
Para el presidente de la OMC, “el abordaje de las agresiones hoy es una realidad gracias al trabajo de todos los agentes que componen el ámbito sanitario”.
El Dr. Romero resaltó la labor que Policía Nacional y Guardia Civil han desarrollado en menos de dos años desde que se hiciera efectiva la instrucción 3/2017, como demuestra “la sensibilidad, empuje y cercanía” que han mostrado ante este asunto. También subrayó el compromiso de AMA y Mutual Médica a la hora de facilitar la comunicación de las agresiones desde un contexto jurídico que ayuda al profesional en los trámites de las denuncias.
Por su parte, el Dr. José María Rodríguez Vicente, secretario general de la OMC, tras exponer el estudio de agresiones en el ámbito sanitario de 2018, concluyó que además de los casos comunicados a los Colegios de Médicos, hay más episodios con los que cuentan Policía Nacional, Policías Locales y Guardia Civil y las administraciones, además de las que no se denuncian, por lo que “únicamente es la punta del iceberg”.
Por eso, apuntó que si se quiere reducir el número de las mismas “hay que plantear acciones conjuntas de todos los agentes implicados en la asistencia sanitaria”. Aseguró que desde el CGCOM se busca avanzar “en estrecha relación con todos” y se ofreció a liderar este proyecto desde la Fundación para la Formación de la OMC.
El Dr. José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio de Agresiones de la OMC, recordó que en 2009 con el asesinato de la Dra. Moreno se decidió plantear batalla con la creación del Observatorio “y las líneas estratégicas pasaban por concienciar a la población, a las instituciones, a las administraciones sanitarias y lo hemos conseguido”, explicó.
El Dr. Becerra recalcó que entre los objetivos que se han marcado está la creación de un Plan Nacional contra las Agresiones, que tenga como meta “llegar a una ley específica”, y manifestó la importancia de que haya sentencias que se conviertan en tendencia por su carácter ejemplarizante.
Enfermeros y farmacéuticos se suman al camino marcado por la OMC con el Observatorio de Agresiones
Siguiendo el camino marcado por la OMC, el Consejo General de Enfermería puso en marcha el año pasado un Observatorio de Agresiones y el de Farmacia lo hará próximamente.
Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería, expuso que su corporación cuenta con un Observatorio de Agresiones desde 2017, en el que contabilizaron 1.470 episodios y lamentó que “hay un número importante que desconocemos porque los profesionales no se atreven a comunicar, por lo hacemos un llamamiento para que no dejen de denunciarse”.
Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacia, anunció la próxima creación de un Observatorio dedicado a su ámbito, “porque tenemos conocimientos de un alto nivel de denuncias especialmente en las zonas rurales, donde se encuentran el 75% de las farmacias”.
José García Mostazo, presidente del Consejo General de Podólogos, explicó que su colectivo no cuenta con Observatorio y no tienen registradas agresiones por las características su profesión, circunscrita al ámbito de la medicina privada, pero “somos conscientes de que también pueden existir situaciones que no se hayan comunicado”.
Policía Nacional y Guardia Civil destacan los avances del Interlocutor Policial Sanitario
Javier Galván, Interlocutor Policial Nacional Sanitario de Policía Nacional, expuso que “no se trata de un problema individual del colectivo médico, porque la sociedad padece las inseguridades derivadas del miedo y las amenazas que sufren los médicos”. Incidió en que los números registrados por Policía Nacional son muy similares a los presentados por la OMC y en la sintonía entre las instituciones en lo que a coordinación se refiere y calificó de “espectacular” el trabajo realizado, además de la relevancia de contar ya con 60 policías a nivel nacional especializados en este tema.
Jesús Borjas, Interlocutor Policial Nacional Sanitario de Guardia Civil, comentó que la instrucción 3/2017 impulsó la relevancia de trabajar todos por un bien común: “conseguir que se produzca un descenso del número de agresiones a sanitarios, porque aunque se han conseguido avances, las cifras todavía son muy altas y no podemos parar de seguir trabajando en este objetivo”.
Manuel Alcaide, miembro de la Secretaría de Estado de Seguridad, tuvo un recuerdo para el Dr. Juan Alcázar, médico que fue agredido con una barra de hierro en la cabeza cuando acudió a atender una urgencia en Camarena (Toledo) y que permanece en coma. Destacó que la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es “no poner palos en las ruedas, retirar las piedras del camino y dar un empujón” con la ayuda del Ministerio de Sanidad, “con los que mantenemos una coordinación fructífera”.
El Inspector Jefe Miguel Ángel Barrado, jefe de Servicio en el Área de Seguridad y Operaciones (ASCOP) del Gabinete de Coordinación y Estudios (GCE) de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, explicó que el índice de agresiones tiende a una estabilización a la baja e hizo hincapié en que “es muy importante la denuncia de los hechos, con independencia de su categorización, porque es una fuente de conocimiento para poder orientar medidas preventivas singulares y específicas”.
Ángel Guirao, subdirector general de Recursos Humanos, Alta Inspección y Cohesión del SNS del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social destacó que en 2017 se creó un grupo de trabajo sobre agresiones al personal sanitario que ha mantenido cuatro reuniones durante el año pasado para abordar la coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la creación de un conjunto mínimo de datos, que permitirá tipificar las agresiones, como información del agredido, sexo, edad, categoría profesional y lugar de la agresión, entre otros aspectos.
Alejandro Abreu, presidente de la Fundación Mutual Médica, expuso que “un solo ambulatorio de Zaragoza ha tenido más de 200 incidentes relacionados con hechos violentos, lo que ilustra la trascendencia de la problemática y muestra su infradiagnóstico” y añadió que “desde las mutualidades seguiremos apoyando en todo lo que podamos”.
El presidente de AMA, Dr. Luis Campos, declaró en este contexto que “el problema es muy complejo, pero la política de recortes indiscriminados en asistencia sanitaria, especialmente a partir de la publicación del Real Decreto 16/2012, ha favorecido la masificación en las consultas, ha aumentado la burocracia y ha provocado el incremento de las listas de espera en Atención Primaria, lo que ha propiciado situaciones violentas que, en ningún caso, hay que consentir”.
