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El Defensor del Pueblo anuncia un procedimiento de urgencia para garantizar la asistencia a funcionarios con enfermedades graves

 

La Oficina del Defensor del Pueblo iniciará un procedimiento de urgencia para garantizar la continuidad asistencial de funcionarios, militares y policías con cáncer y otras enfermedades graves, según anunció tras una reunión  con los representantes de los afectados que han visto interrumpidos y demorados sus tratamientos como consecuencia de los recortes económicos que han sufrido las mutuas Muface e Isfas

 

Madrid, 25 de febrero 2015 (medicosypacientes.com/Agencias)

La Oficina del Defensor del Pueblo se ha comprometido a actuar de urgencia ante las quejas que reciba sobre los recortes de las prestaciones sanitarias en las mutuas Muface e Isfas, que están impidiendo a muchos funcionarios, policías y militares mantener sus tratamientos contra el cáncer y otras patologías graves con el consiguiente «agravamiento» de su enfermedad.

Así quedó establecido tras la reunión mantenida ayer entre la Defensora del Pueblo adjunta, Concepció Ferré y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), y la Asociación de afectados por los recortes en la que le expusieron la situación que atraviesa este colectivo.

Estos recortes, según denunciaron, están causando retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas, denegaciones de acceso a urgencias y la dispersión del tratamiento integral de su enfermedad en diferentes centros, como consecuencia de la reducción de la oferta hospitalaria y de los cuadros médicos.

Ante esta situación, la Defensora del Pueblo adjunta ofreció actuar de urgencia tramitando los casos que le hagan llegar las organizaciones a través de un modelo de queja individual para facilitar la gestión a los ciudadanos afectados.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CSI-F, Eliseo Moreno, destacó la necesidad de que el Gobierno «recapacite» y evite que estos trabajadores no sean tratados como «ciudadanos de segunda». «Queremos que haga una propuesta en la que se incluya la mejora de la financiación de Muface con un plan de viabilidad a varios años y que, de forma urgente, se recupere toda la oferta sanitaria que en Muface e Isfas se ha perdido desde el uno de enero 2015», remarcó

Mientras, el secretario general de la CEP, Antonio Labrado, señaló que existen pacientes que están sufriendo «retrasos» en las pruebas diagnósticas en casos «sangrantes» y a los que se están «denegando» autorizaciones para recibir algunos tratamientos. «Hay que decir ya basta».

Asimismo, el secretario de relaciones institucionales de la AEGS, Raúl Lobato, indicó que en el caso de la guardia civil tiene más incidencia ya que «gran parte del despliegue» de agentes se da en el medio rural, con lo que «se agrava más la situación», ya que se tienen que desplazar a ciudades próximas para dar continuidad a sus pruebas sanitarias.

Los funcionarios temen 
por la desaparión del mutualismo

Sobre esta problemática también se ha pronunciado el representante nacional de Médicos de Administraciones Públicas de la Organización Média Colegial (OMC), el Dr. Antonio Fernández-Pro, quien ha corroborado el temor extendido entre los funcionarios «de que podríamos estar asistiendo al fin del mutualismo administrativo por el deterioro al que está siendo sometido, y que se manifiesta en una pérdida notable en la calidad y en la cantidad de las prestaciones».

Al respecto, un afectado por el recorte sanitario en Muface, David Herráiz, afirmó que supone «un palo muy duro» que a muchos pacientes que estaban siendo tratados por un cáncer el sistema sanitario les haya cambiado de un día para otro su oncólogo con la «confianza» que la persona deposita en este especialista. «Representa un obstáculo más en el camino de superar el cáncer», lamentó.

En este punto coincide el Dr. Fernández Pro al confirmar que en 2015 las aseguradoras privadas están reduciendo el número de especialidades concertadas con la mutua encargada de cubrir la asistencia sanitaria de los funcionarios. «Adeslas y Asisa también han dejado de prestarles asistencia en especialidades punteras como oncología y radioterapia, entre otras», según concluye.

 

 


 

 

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