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Martes, 9 Agosto 2022

El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha reprueba la Ley autonómica de Medidas Complementarias

13/04/2012

El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha ha emitido un comunicado en el que expresa su opinión sobre la Ley 1/2012, de 21 de Febrero, de Medidas Complementarias para la aplicación del Plan de garantías de Servicios Sociales a la que califica de “injusta y arbitraria" al tiempo que denuncia el trato diferencial que la misma hace de los profesionales de la Medicina con respecto a otros empleados de la función pública de esta autonomía

Albacete, 12 de abril 2012 (medicosypacientes.com)

El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha ha emitido un comunicado en el que expresa su opinión sobre la Ley 1/2012, de 21 de Febrero, de Medidas Complementarias para la aplicación del Plan de garantías de Servicios Sociales. Tal como se expone en el mismo,  en primer lugar, considera injusto y discriminatorio el trato diferencial que hace de los Profesionales de la Medicina con respecto a otros empleados de la función pública de Castilla La Mancha, y considera que la Ley es “injusta, arbitraria y hace escarnio público, absolutamente injustificado, del colectivo de los Médicos de Castilla-La Mancha, responsabilizándolos de una situación en cuyo origen jamás se ha participado”.

Asimismo vuelve a denunciar la negativa de las Autoridades Sanitarias del Gobierno de Castilla-La Mancha a entablar diálogo alguno con los Colegios de Médicos de la región, lo que “supone un agravio comparativo con lo acontecido en otras Comunidades Autónomas y resulta un desprecio absoluto a la Profesión Médica”. Refleja, además, -continúan los médicos de Castilla-La Mancha “un comportamiento impropio de quien debe consensuar, por mandato de la ciudadanía, la adopción de medidas eficaces y no imponer bruscamente criterios, a nuestro juicio, totalmente erróneos”.

Los representantes del Consejo Autonómico insisten en que son conscientes de la grave situación de crisis económica en la que vivimos inmersos y, en todo momento, han estado abiertos para colaborar activamente en la toma de decisiones que redunden en el control del gasto sanitario evitando dañar los intereses de los pacientes. “Los Colegios de Médicos son los garantes de la honorabilidad profesional y de la calidad asistencial que reciben nuestros pacientes, y no pueden ni deben eludir dicha responsabilidad en aquellas situaciones en las que ambas se ven amenazadas y lesionadas.          

Toda medida que afecta al ejercicio profesional de la Medicina debe ser, cuando menos, evaluada conjuntamente con los actores ineludibles de la misma, los Médicos”. En este sentido afirman que “el médico es el profesional que mejor puede adoptar medidas de recorte del gasto sin dañar la atención de los pacientes y sin comprometer sus derechos. Esta Ley, entendemos, socava ambas circunstancias”. Asimismo afirman que “los problemas de gestión económica del Servicio de Salud de Castilla--La Mancha no se solventan con medidas punitivas, ilógicas y denigrantes. Ello solo servirá para ahondar los problemas de gestión pudiendo redundar en la merma de la calidad asistencial de nuestros pacientes”.

De esta forma informan que han remitido dicha Ley, para su oportuna valoración y análisis a los Servicios Jurídicos de la Organización Médica Colegial para analizar los extremos legales de la misma. “Con ello se pretende evaluar aquellos puntos en los que esta Ley pueda estar incurriendo en alguna irregularidad que comprometa preceptos jurídicos de rango superior”.

Por último, una vez analizada la Ley, solicitan del Gobierno regional “la suspensión cautelar de todas aquellas medidas injustas y discriminatorias que las Autoridades Sanitarias están adoptando, y que están poniendo en grave riesgo la honorabilidad de la profesión médica así como la calidad asistencial de nuestros pacientes”.

Exigen, asimismo, “el inicio inmediato del diálogo entre las Autoridades Sanitarias y los Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha para adoptar medidas conjuntas eficaces y no lesivas para la ciudadanía”. Por último demandan “la urgente revisión del modelo de gestión económica del Servicio de Salud autonómico hacia un modelo consensuado con los profesionales, que fomente la autogestión, la toma racional no impositiva de decisiones, y la consecución de objetivos que redunden claramente en la calidad asistencial de nuestros pacientes, con un control eficaz del gasto”.