El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este jueves, con 177 votos en contra y 165 a favor, una moción que presentó Unidos Podemos, que aceptó una enmienda del PSOE y que reclamaba al Gobierno acabar con la gestión privada en la sanidad pública
La moción fue defendida por la diputada de Unidos Podemos Marta Sibina, que hizo hincapié en la necesidad de hacer una «apuesta decidida por blindar la gestión pública y protegerla del ánimo de lucro de la empresa privada», puesto que, a su juicio, la gestión privada se traduce en «más mortalidad, menos personal contratado y peores salarios».
«No esperamos que el PP se alinee con nuestro planteamiento» porque «lo que les importa no es el bien público, sino que las puertas giren bien y los beneficios caigan en sus bolsillos», argumentó Sibina, que remarcó que «no podemos dejar que se sigan financiando con dinero público centros que adaptan su cartera de servicios a lo que les resulta más rentable».
La propuesta reclamaba un estudio de evaluación independiente sobre los efectos de la gestión privada en el Sistema Nacional de Salud, sobre la transferencia de riesgos financieros y sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. Asimismo, defendía recuperar la inversión sanitaria pública por habitante.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja, Jesús María Fernández, manifestó que «los problemas que queremos corregir tienen un nombre: concesiones sanitarias; un autor: el Partido Popular; y dos causas: la ideológica y los intereses económicos».
En este sentido, afirmó que «no existe ningún estudio independiente que encuentre mayor rentabilidad de la gestión privada respecto de la gestión pública en condiciones homogéneas» y sin embargo, «los riesgos de estas concesiones son muy altos», como por ejemplo «la oportunidad de seleccionar pacientes más rentables y derivar los servicios más costosos al sector público».
«La sospecha de que aquí ha habido trampa y de lo que se trataba era de beneficiar a unos pocos y de perjudicar a la mayoría resulta inevitable», manifestó Fernández, que celebró la inclusión de la enmienda socialista relativa a «apoyar a las comunidades autónomas en su decisión de no prorrogar las concesiones administrativas sanitarias ya existentes, así como las actuaciones para la reversión a la gestión pública de estas, como es el caso de la Comunidad Valenciana».
Por otro lado, el diputado de Ciudadanos Francisco Igea criticó que «ustedes acostumbran a llamar a esto neoliberalismo», pero «dar concesiones a amigos a cambio de comisiones sin riesgo alguno porque se les rescata siempre, sin control y sin rendición de cuentas no es neoliberalismo, podemos llamarle ‘neoclientelismo’, pero no neoliberalismo».
«Ni todo lo que ustedes proponen es absurdo, ni todo lo privado proviene de Lucifer» indicó Igea, que añadió que, a su juicio, «lo que importa es qué resultado damos» y no el dinero que se destine.
Por último, la diputada del PP Carmen Hernández afeó a la diputada de Unidos Podemos su «visión catastrófica de nuestro sistema sanitario», al mismo tiempo que su grupo votó en contra de un Pacto de Estado por la Sanidad, por lo que le pidió que «dejen los prejuicios ideológicos a un lado» y se sumen a ese pacto.
