El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una proposición no de ley del PP, con el apoyo de UPN y Foro de Asturias, que insta al Gobierno a actualizar la Estrategia Nacional en Seguridad del Paciente, en coordinación con las comunidades autónomas, los profesionales sanitarios y los pacientes, orientándola hacia la prevención de los efectos adversos y evaluando su impacto en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Madrid, 19 de diciembre de 2013 (medicosypacientes.com/EP)
Aunque la iniciativa haya salido adelante, ha contado con la abstención del PNV y el voto en contra del resto de la oposición. En ella, los «populares» hacen referencia a datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad de diciembre de 2011, donde se destaca que alrededor del 10 por ciento de los pacientes ingresados en hospitales sufren algún efecto adverso (EA) como consecuencia de la atención sanitaria, así como que el 50 por ciento de estos efectos adversos podrían haberse evitado aplicando prácticas seguras de efectividad demostrada.
El defensor de la iniciativa, el diputado del PP y vicepresidente de la Comisión de Sanidad, Antonio Román, pidió la actualización de la Estrategia Nacional en Seguridad del Paciente porque, a su juicio, debe seguir desarrollándose en base a una alianza entre el gobierno central y los autonómicos, los profesionales, pacientes, gestores y las instituciones académicas y de investigación.
Según explicó en su intervención, la Estrategia debe contener acciones que permitan impulsar, y también evaluar, prácticas clínicas seguras. «Debe convertirse en un instrumento evaluable, dinámico, que permita revisión, actualización y mejora continua», añadió.
En su opinión, de esta manera se da la respuesta adecuada a la seguridad del paciente, mejorando la calidad de la asistencia sanitaria desde propuestas y acciones basadas en la mejor evidencia científica. «Se trata de prevenir los efectos adversos y evaluar su impacto en el Sistema Nacional de Salud», destacó.
Una iniciativa «incienso»
Desde la oposición, Conxita Tarruella, de CiU, Gaspar Llamazares, de IU, y Rosana Pérez, del BNG, han coincidido a la hora de criticar que el objetivo de esta proposición no de ley es apoyar al Gobierno en «algo que debe hacer», actualizar la Estrategia de Seguridad Nacional del Paciente.
Es más, Llamazares la tachó de «incienso que sobra», a la vez que alertó de que «poco vale» que se hagan estrategias de seguridad del paciente «si el contexto es de inseguridad y de malestar ciudadano con la política sanitaria del Gobierno», remarcó.
Tarruella, por su parte, reclamó que faltan recursos para mantener lo que se está haciendo en las comunidades autónomas, así como avanzar en la materia, igual que reclamó el diputado del PSOE Guillem García Gasulla, quien ve «necesaria» una dotación presupuestaria para actualizar la citada estrategia, ya que desde 2011 no se recogen en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Por parte, Rosana Pérez, rechazó que la responsable de Sanidad, Ana Mato, «se jacte» del ahorro en gasto farmacéutico logrado por el Gobierno cuando, en su opinión, en realidad se ha obligado a los ciudadanos a pagar los medicamentos. Asimismo, reprochó los recortes emprendidos en materia sanitaria que, a su juicio, impide el acceso a la sanidad universal de los ciudadanos.
La portavoz de UPyD en materia sanitaria, Rosa Díez, señaló que muchas de las conclusiones planteadas están «llenas de sentido común» como el hecho de que se proponga la actualización de la citada Estrategia pero sin una dotación presupuestaria para ello.
«Es difícil votar en contra de un brindis al Sol que no dice nada. Pero votar a favor de una iniciativa vacía en términos prácticos que pueda ayudar a resolver los problemas de los ciudadanos y derivados de las políticas del Gobierno sería engañar a los ciudadanos y fingir que estábamos aprobando algo importante», señaló para justificar su voto en contra a la proposición no de ley.
Joseba Agirretxea, del PNV, dijo que Euskadi es «mayor de edad» y no necesita una estrategia nacional de seguridad del paciente porque ya tiene su propia «estrategia nacional» y la seguridad del paciente es una de las prioridades. «Estamos haciendo este trabajo y algo que ustedes decidieron que podían hacer las comunidades autónomas. Creo que este lío no es más que retórica porque desde 2011 han tenido tiempo de hacerlo», remarcó.
