Coordinar actuaciones en torno al Plan Integral de Protección a Profesionales de la Salud en la provincia ha sido el objetivo de un reciente encuentro convocado por la Subdelegación del Gobierno con la Junta directiva del Colegio de Médicos de Toledo y representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
El encuentro, que se celebró en la Subdelegación del Gobierno, contó con su titular, Fernando Sanz al frente, la presidenta de la corporación médica toledana, Dra. Natividad Laín, acompañada por la vicepresidenta primera y el secretario general, Dres. Susana Arenas y Raúl Calvo Rico, respectivamente, además del 2º jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, teniente coronel José María Gil; el comisario de Policía de Talavera, José María Delgado y el jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la provincia de Toledo, el inspector jefe Santiago de Santiago.
Este encuentro, de ámbito provincial, supone un paso más en la estrategia nacional para frenar el aumento de las agresiones que sufren los médicos durante el desarrollo de su tarea asistencial y se produce como continuación del mantenido el pasado mes de septiembre por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, con representantes de las Fuerzas de Seguridad y de los Colegios Médicos y de Enfermería de las cinco provincias con el objetivo de coordinar las actuaciones acordadas por los Ministerios de Interior, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con relación a la instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a los profesionales de la salud.
Una Instrucción que, según resalta la Subdelegación del Gobierno, se suma a otras medidas llevadas a cabo por el Gobierno de España como la modificación del Código Penal para incluir como un tipo delictivo de atentado contra la autoridad o funcionario público, las agresiones sufridas por sanitarios y docentes.
En el encuentro anterior se acordaron, entre otras cuestiones, la designación de los interlocutores policiales para facilitar la comunicación de los hechos o amenazas que puedan producirse a través de los teléfonos de urgencia de Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), así como la elaboración de un mapa de las zonas de riesgo y la identificación de los periodos más vulnerables como suelen ser las épocas estivales o los periodos de fiestas locales, romerías, etc, para intensificar la vigilancia.
Tras la reunión de septiembre, se ha venido insistiendo en la necesidad de que los profesionales sanitarios comuniquen a sus Colegios o a las fuerzas de seguridad las posibles agresiones o amenazas de las que puedan ser objeto en su ejercicio profesional, aunque no denuncien porque ello servirá para intensificar su presencia, contribuir a la disuasión y aumentar la labor preventiva.
