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El Cermi pide en el Congreso que la futura Estrategia Nacional de Justicia garantice la atención a la discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó en el Congreso de los Diputados que la Futura Estrategia Nacional de Justicia incluya una dimensión inclusiva que garantice la atención a las necesidades específicas de las personas con discapacidad en el acceso a la justicia

Así lo puso de manifiesto el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su comparecencia en la Subcomisión para el estudio de una Estrategia Nacional de Justicia, creada en el seno de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja para alcanzar un acuerdo que sirva para mejorar la Administración de Justicia.

Pérez Bueno comenzó su intervención recordando que en España residen unos cuatro millones de personas con discapacidad, que si se tienen en cuenta a sus familiares, es una situación que atañe directamente a 12 millones de personas, de forma que en uno de cada cinco hogares vive algún miembro de la familia con discapacidad. Pese a estas cifras, Pérez Bueno denunció que todavía este grupo social no goza de igualdad de derechos en lo que al acceso a la justicia se refiere.

A su juicio, la futura Estrategia Nacional de Justicia debe tener como «principio rector que la legislación, las políticas públicas, la acción y las prácticas, en el ámbito de la Justicia en relación con las personas con discapacidad, se revisen y se ajusten con arreglo a los valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad». Además, resaltó la necesidad de reforzar el diálogo civil entre los poderes públicos, el Judicial y los sectores y movimientos sociales.

El presidente del Cermi pidió incrementar la vigilancia ante el crecimiento de los delitos de odio por razón de discapacidad, así como desplegar las medidas favorables dirigidas a este grupo social recogidas en el Estatuto de la Víctima. Del mismo modo, reclamó la instauración de una Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la Administración de Justicia con dimensión inclusiva, así como garantizar la accesibilidad de todos los servicios públicos de Justicia, teniendo en cuenta que el 4 de diciembre de este año concluye el plazo legal que España se dio en 2003 para que todos los bienes e infraestructuras de interés público fueran accesibles.

En materia de violencia de género, urgió a garantizar que todas las mujeres con discapacidad que sean víctimas de la violencia machista puedan acceder a la Justicia en igualdad de condiciones a la hora de denunciar y encuentren el acompañamiento necesario en todo momento. En este sentido, denunció que esta lacra afecta en mayor medida a las mujeres con discapacidad.

Fiscalía especializada

También planteó la creación de una Fiscalía Especializada en materia de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Personas Mayores; el diseño de Servicios de Orientación Jurídica por parte de los operadores jurídicos colegiales con intervención en la Administración de Justicia, y la revisión de la adscripción de determinados asuntos a la jurisdicción más apropiada, como por ejemplo residenciar las controversias en materia de dependencia en la jurisdicción social, algo que calificó de «urgente».

Asimismo, el máximo representante del Cermi instó a reforzar la presencia de personas con discapacidad en la Administración de Justicia mediante medidas de acción positiva, como la adecuación de puestos de trabajo o la reserva de plazas.

Igualmente, hizo un llamamiento para «reducir cargas y ritualismos innecesarios en los procesos donde participen personas de grupos sociales vulnerables con urgencia de tutela efectiva y rápida de sus derechos, como las personas con discapacidad».

Demandas legislativas

Por otro lado, aprovechó su intervención para exponer algunas de las demandas más importantes del Cermi en materia legislativa, como reformar la Carta Magna para incluir como fundamentales los derechos sociales; la aprobación de una Ley estatal de garantía de derechos y servicios sociales; la supresión de la esterilización forzosa o del internamiento involuntario por el hecho de tener una discapacidad psicosocial, o modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para garantizar el derecho al voto de las casi 100.000 personas que en este momento no lo tienen reconocido por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo.

 

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