La crisis económica está afectando más a las personas menos favorecidas de la sociedad, como recuerda el Dr. Gutiérrez en este nuevo artículo, a través del que dibuja la situación sanitaria actual. Precisamente, hace un llamamiento sobre la necesidad de prevenir que dicha crisis no sirva de excusa para desmantelar los sistemas de protección social
Madrid, 8 de octubre 2013 (medicosypacientes.com)
«Disparates y despropósitos»
Rodrigo Gutiérrez. Jefe de Servicio de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha
Vivimos tiempos difíciles y algo revueltos para el sistema sanitario público. Casi podría decirse que la realidad sanitaria está en llamas debido a los incendios que se vienen produciendo (provocando) en diferentes ámbitos y que finalmente a todos nos afectan.
Los sucesivos recortes presupuestarios iniciados con la aprobación hace ya casi un año y medio del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, han supuesto un serio retroceso en la situación de la Sanidad Pública en España. La política de ajustes y de recortes ha afectado a todas las CCAA, pero su impacto ha sido muy distinto en unas u otras, en función del interés de sus responsables políticos por mantener y preservar la Sanidad Pública. En algunos casos muy destacados y reseñables se ha realizado una política menos agresiva en contra del sistema sanitario, de manera que la aplicación de las medidas ha tenido intensidad y calendarios distintos según las CCAA, por lo que la percepción de su efecto por parte de la población ha sido también distinta en cada territorio.
Hace unos meses el denominado Foro Vasco por la Salud, integrado por varias asociaciones y sociedades científicas del País Vasco, hacía públicas unas reflexiones en las que analizaba la situación de la sanidad y ofrecía una serie de propuestas, al tiempo que se pronunciaba abiertamente en contra de que la crisis económica pudiera transformarse en una crisis social como consecuencia de una política de austeridad que sigue afectando, una vez más, a quienes en principio, debido a sus condiciones sociales, gozan de peor salud.
Los firmantes de esa declaración, aun reconociendo que el sistema tiene un amplio margen para mejorar la efectividad y eficiencia, señalaban también que el coste del SNS es uno de los más bajos de los países de la Unión Europea, obteniendo unos buenos resultados en los indicadores de salud. Aunque sea necesaria una revisión del funcionamiento del sistema, es preciso no dejar de lado la valoración de los resultados alcanzados. Es verdad que se necesitan cambios, (la esencia de la gestión es precisamente gobernar el cambio), pero éstos deben estar basados en una evaluación rigurosa de lo existente y en una propuesta clara y explícita de objetivos a alcanzar, fundamentalmente en términos de salud de la población.
La crisis económica está afectando más a las personas menos favorecidas de la sociedad y lo que obviamente sería muy preocupante es que los cambios introducidos en los sistemas sanitarios también castiguen a los mismos. El citado RD Ley 16/2012, eufemísticamente llamado «de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones», está suponiendo una menor accesibilidad a los más débiles (inmigrantes y personas en paro de larga duración, vagabundos, prostitutas, enfermos mentales sin familia, personas sin documentación, etc.), y ha establecido un sistema de copago farmacéutico en el que pensionistas con bajos niveles de ingresos están teniendo como mínimo que adelantar unas cuantías económicas que pueden ser muy elevadas en relación a sus ingresos. Ello está provocando en algunos casos que se abandonen los tratamientos farmacéuticos por no poder asumirlos económicamente. Es por tanto imprescindible analizar las consecuencias que está suponiendo su aplicación y proceder a su revisión en los aspectos que afecten a la equidad del sistema.
Recientemente el Dr. Cosme Naveda, Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia, alertaba sobre el preocupante deterioro de la situación de salud de muchos pacientes que acuden a la consulta de los médicos. La crisis económica ha hecho que se revivan en las consultas situaciones que se creían desterradas, como problemas de desnutrición, alimentación insuficiente o deterioro de las condiciones higiénicas básicas por la falta de vivienda. Este es el panorama que ahora puede verse diariamente en el sector sanitario debido al crecimiento del paro y a la precariedad laboral y añadía: «Los recortes en sanidad solo generan más gasto a medio plazo. El Gobierno hace un recorte creyendo que va a ahorrar, pero a medio plazo lo más seguro es que empeore la calidad de atención, la salud general de la población y a la larga eso produce más gasto. Ese empeoramiento de la salud si se intenta mejorar será a base de más dinero. Puede haber altas muy rápidas, y a continuación reingresos, revisiones, tratamientos que no terminan…»
Hace unos días el newsletter de Antares Consulting publicaba algunos resultados sobre la reducción del gasto sanitario en España en los últimos años. Según ese estudio la disminución provendría sobre todo del gasto en farmacia, de la atención primaria, del gasto en salud pública y de los gastos de capital. Sin embargo, como es sabido, los hospitales son el mayor componente del gasto sanitario y es donde existiría un mayor margen de mejora en su eficiencia. Con respecto al gasto farmacéutico, el 80% de su reducción sería imputable al efecto del copago, es decir a un cambio de financiador: en lugar de pagar el SNS paga el usuario/paciente (en un gran porcentaje atribuible a pensionistas con bajo poder adquisitivo); sólo el 20% sería atribuible a la disminución de la dispensación de recetas. Esto confirma una vez más que el efecto disuasorio de los copagos en sanidad es indiscriminado y, por lo tanto, más injusto e inefectivo. Lo más preocupante, además, es que la literatura existente demuestra que el copago afecta por igual a los tratamientos de valor como a los de más dudosa utilidad.
El Departamento vasco de Salud ha publicado unos datos que confirman lo anterior: durante los meses de julio y agosto pasados se recaudaron 4.1 millones de euros, por la aplicación en la comunidad autónoma del copago farmacéutico en cumplimiento del Real Decreto del Gobierno de España, y el 90.6% de esos recursos correspondieron a las aportaciones que hicieron los pensionistas.
En resumen, no parece que la evolución que se observa esté contribuyendo a la tan cacareada sostenibilidad del modelo sanitario, sino que está sirviendo más bien a hacer pasar estrecheces al sistema y a sus usuarios.
La última vuelta de tuerca en esta deriva del SNS es la extensión del copago a una serie de fármacos que hasta ahora eran dispensados gratuitamente en los hospitales y que afectará a un número importante de pacientes con enfermedades crónicas de larga duración. La inoportuna medida, de dudosa eficacia y escasa utilidad, ha cosechado un rechazo bastante generalizado, por parte de CCAA, pacientes y profesionales. El portavoz del Gobierno Vasco manifestaba su desacuerdo y la calificaba como un auténtico «disparate desde el punto de vista humano, sanitario y administrativo», comunicando la decisión de no aplicarla. Otras diez CCAA mantienen esta misma posición.
Estamos siendo testigos y protagonistas privilegiados de una época en la que una frívola retórica plagada de términos como eficiencia, competitividad, productividad o sostenibilidad se ha instalado en el discurso cotidiano de los servicios públicos en general y de la sanidad en particular, olvidando que el objetivo no puede ser la eficiencia, ni siquiera la sostenibilidad, el objetivo son los resultados en salud.
Con cierta mordacidad, la periodista Soledad Gallego-Díaz advertía en un artículo de opinión, contra esa inane palabrería de los discursos excesivamente economicistas recordando que «la economía es una ciencia triste llena de profesores respetables y políticos espabilados» que pretenden hacernos «creer que estamos teniendo éxito económico porque los salarios son más bajos, las prestaciones sociales más pequeñas, el acceso a la educación está más restringido y la sanidad es más lenta.»
La crisis económica no puede servir de excusa para desmantelar los sistemas de protección social. Es precisamente cuando hay crisis económica cuando se hace más necesario garantizar los servicios y una serie de prestaciones sociales básicas como educación, sanidad, vivienda, trabajo, protección social o mínimo vital y atención a la dependencia. Como están recordando algunos, es éste sin duda, el tiempo de los derechos sociales.
