El autor de este artículo, el doctor Ribera Casado, no persigue en el mismo argumentar contra las medidas propuestas por la Consejería de Sanidad de la CAM sino destacar algunos aspectos que, aunque, a su juicio, cabe considerar marginales, no dejan de ser significativos desde su punto de vista
Madrid, 6 de mayo 2013 (medicosypacientes.com)
Sostenella y no enmendalla
José Manuel Ribera Casado.
Académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina
Si algo está quedando claro en el ya lago conflicto que desde inicios del pasado noviembre enfrenta a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid con la mayoría de sus ciudadanos es la capacidad de las autoridades comunitarias para hacer oídos sordos a lo que sin ningún tipo de exageración puede ser calificado como «clamor popular» contra esas medidas. Las voces denunciando unas propuestas que atacan en su línea de flotación a la sanidad pública madrileña se plantearon de manera masiva desde el primer momento y no han parado desde entonces.
Ante ello los responsables de la Comunidad han decidido aplicar el principio de que «el que aguanta gana», conscientes del hecho de ser quienes, en último término, tienen la capacidad de decisión, y de disponer en su manga de una carta mejor que la de cualquier tahúr profesional. Para estos responsables nada valen manifestaciones, mareas blancas, propuestas alternativas, críticas razonadas en medios de comunicación, documentos elaborados por organismos diversos que incluyen sociedades científicas, colegios profesionales, hospitales, sindicatos de todo signo, etc. Yo a lo mío que para eso mando. El desprecio a la opinión pública es absoluto. Como lo es la tentación de repartir culpas: a los partidos de la oposición (¡Ay si existiera de verdad una oposición real y organizada!), a los sindicatos que no tienen nada mejor que hacer, a los colegios que defienden interesas gremialistas y no el bien común, a la prensa, o a los propios profesionales, voraces e insaciables, que van a ver limitados sus privilegios. Incluso se responsabiliza al gobierno de la nación, de su propio signo político, pero que al reducir el presupuesto comunitario obliga a ese tipo de medidas. Todo vale, salvo la autocrítica y la rectificación
No pretendo ahora argumentar contra las medidas propuestas. Muchos ya lo hemos hecho con resultado nulo. Dice el refrán que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Quiero sólo en estos párrafos destacar algunos aspectos que, aunque cabe considerar marginales, no dejan de ser significativos. El primero, llamar la atención sobre uno de los puntos más repetidos por los medios de comunicación más o menos afines. Se nos dice, eso si sin demasiada convicción, que las propuestas de la Comunidad son buenas pero no nos las han sabido vender de una manera adecuada. Ya es curioso tener que recurrir a eso. Las buenas propuestas se entienden a la primera. En todo caso, tiempo ha habido para poder explicar y convencer acerca de las supuestas bondades del producto. Insistir en ese punto es considerar al ciudadano acrítico cuando no directamente tonto, lo que añade ofensa al agravio objetivo del que ya somos víctimas.
El segundo comentario, anecdótico aunque también me parece relevante, tiene que ver con la decisión de cambio de nombre adoptada por CAPIO, una de las empresas más significadas del sector y, eventualmente, beneficiaria de la privatización. No creo que sea ninguna maldad interpretar que detrás de ello se esconde el intento de camuflar ante la opinión pública la identidad de una empresa que, con razón o sin ella, la gente viene encuadrando entre «los malos de la película». No pretendo aquí juzgar la gestión de CAPIO, pero parece bastante evidente que el sentir popular no resulta especialmente favorable a lo que ha venido siendo su manera de actuar allá donde ya se ha instalado.
Tercer y último comentario. Se crea una dirección general para supervisar lo que ahora llaman «hospitales de gestión indirecta». Cargo nuevo, gasto sobre gasto cuando lo que supuestamente se pretende es ahorrar, y ¿para qué? Se supone que los «hospitales de gestión directa» ya están supervisados. ¿Por qué un organismo nuevo y diferente? ¿Existen criterios distintos a la hora de evaluar a unos y otros? ¿No vale la supervisión tradicional? ¿Es una medida para mejorar imagen?
En fin, de mal en peor, pero eso sí, inasequibles al desaliento. Que se agoten ellos. Puede ser una buena táctica. Algunos ya están cayendo. El pueblo nos ha votado y falta mucho tiempo para que haya nuevas elecciones. En todo caso si nos cargamos el sistema o endeudamos por no se sabe cuánto dinero y cuánto tiempo a la Comunidad, siempre cabe aplicar otro refrán: «el que venga detrás que arree».
