El presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, el Dr. Pedro Cabrera, profundiza sobre el problema de la Hepatitis C desde las vertientes de la enfermedad, los pacientes, los médicos y la administración sanitaria
Las Palmas, 29 de enero 2015 (medicosypacientes.com)
La sanidad pública es mundo muy dinámico en el que surgen conflictos a diario. Con frecuencia el problema no es sencillo y ha de ser el consenso entre todos los actores los que dicten las pautas de actuación. Este es el caso de la hepatitis C, tan mal manejado por la miopía de algunos. Conozcamos a los actores.
La hepatitis C. Se trata de una enfermedad vírica que se transmite a través de las mismas vías que el SIDA: por transfusiones de sangre y derivados (hasta 1990), por compartir agujas o jeringuillas como ocurre en el mundo de la drogadicción y por mantener relaciones sexuales no protegidas con individuos infectados.
Justo después de contagiarse, entre el 20 y el 40% de los infectados son capaces de superar la enfermedad y quedar curados. Pero el resto mantendrán el virus activo y, a diferencia del SIDA, no tendrán complicaciones graves durante muchos años. Para estos infectados, la hepatitis C se convertirá en una enfermedad de muy largo recorrido. La mayoría desconocerán que están enfermos a menos que su médico sospeche la enfermedad por estar en un grupo de riesgo o porque un análisis objetive datos de mal funcionamiento hepático.
Durante muchos años el hígado sufre un proceso inflamatorio crónico que puede terminar en cirrosis hepática, una etapa en la que el hígado se ha vuelto fibroso, con desestructuración anatómica e incompetente para cumplir su función. Hasta un 30% de los infectados llegarán a esta situación en un periodo de 20 a 30 años. Estos enfermos son la población mayoritaria en los programas de trasplante hepático y algunos de ellos desarrollarán un cáncer de hígado.
Recientemente, se ha comercializado un medicamento con una alta tasa de curación de la hepatitis C y capaz de erradicar el virus en la mayoría de los pacientes. El fármaco, Sofosbuvir, comercializado por la compañía farmacéutica Gilead bajo el nombre comercial de Sovaldi®, ha constituido un avance médico de enorme trascendencia. Con solo un problema: su precio desorbitado. Pero ponernos a discutir sobre lo abusivo del precio es perder el tiempo, son decisiones supranacionales que están más cerca de Wall Street que de nuestro ámbito local.
Los enfermos. Con un panorama de tantos años de incertidumbre y con el conocimiento de llevar dentro un virus que, poco a poco, va haciendo su trabajo, es comprensible que los colectivos de pacientes reclamen un tratamiento inmediato. Nadie se quiere curar mañana si lo puede hacer hoy. Además hay una ventaja colectiva, si fuera posible tratar a todos los infectados casi se erradicaría la enfermedad. Pero desde el punto de vista de la ciencia médica hay muchos pacientes que pueden esperar años con muy escaso margen de riesgo e iniciar el tratamiento cuando salten las primeras alarmas. En este grupo lo importante es la monitorización frecuente de su estado de salud. Las asociaciones de enfermos han de estar implicadas en este proceso y los otros actores sanitarios han de contar con ellas. Teniendo en cuenta que, en pocos años, es probable que estos tratamientos bajen notoriamente su precio, tratar ahora a todos los infectados tendría un coste excesivo. Esto no es óbice para tener disponibles los recursos económicos necesarios y tratar a cualquiera que se acerque a las líneas rojas que hayan establecido los comités de expertos y que estén previstas por la epidemiología médica.
Los médicos. Nuestro código ético tiene un principio inamovible: la primera lealtad del médico es para su paciente. Ya no hay resquicio para la medicina paternalista, casi dictatorial, de los viejos tiempos. El médico es un consejero altamente cualificado que ha de trabajar por el empoderamiento del enfermo para que tome sus decisiones con la mayor información posible. La información ha de ser clara y adaptada al nivel cultural de cada paciente. Pero, además, ha de ser, obligatoriamente, independiente. Cuando la indicación es clara, tanto nuestro código ético como la Ley de Autonomía del Paciente nos obligan a informar acerca de este tipo de tratamientos ¡y a prescribirlos! Si los recursos económicos del país no permiten tratar a todos, son los políticos los que han de determinar a quién se trata y a quién no.
Estos condicionantes no quitan la obligación ética del médico de contribuir al sostenimiento del sistema sanitario público con una labor eficiente consiguiendo los mejores resultados al menor coste posible.
Lo que bajo ningún concepto resulta admisible en un médico es actuar de vocero servil de la administración sanitaria para apagarles un fuego en periodo pre electoral. Algún ejemplo hemos tenido recientemente, predicando en rueda de prensa un panorama idílico para los enfermos de hepatitis C cuando sabe que no es cierto.
La administración sanitaria. Los peores tiempos precisan a los mejores líderes. Desafortunadamente, estamos en muy malos tiempos para el Sistema Nacional de Salud y, en la última legislatura, los líderes en el ministerio y la consejería de sanidad han brillado por su ausencia. Da la impresión que desearan que los médicos hicieran el diagnóstico y que ya se ocuparan ellos de recetar manejando los programas informáticos y arbitrando un laberinto burocrático disuasorio.
Lo saben bien los médicos de Atención Primaria que para prescribir algunos medicamentos, con igual precio que los patrocinados desde la administración, han de pasar ¡siete pantallas disuasorias! que replantean continuamente su decisión. Un sistema que incumple de lleno las leyes de defensa de la competencia y que, sobre todo, contribuye a la confusión de nuestros pacientes ancianos y polimedicados por el cambio continuo en la apariencia de sus medicinas.
Lo saben bien los médicos de algún hospital que han llegado a recibir instrucciones que se podrían interpretar como una orden de ocultar información terapéutica a los enfermos.
La administración sanitaria tiene que superar sus miedos y crear órganos de participación con expertos de carácter independiente, en vez de comités de simpatizantes como se ha puesto de manifiesto en la reciente comisión creada para afrontar el Ébola en la que se marginó al máximo referente en enfermedades tropicales de nuestra provincia.
Los dos Colegios de Médicos de Canarias, sus dos Facultades de Medicina y una representación de las sociedades científicas médicas se han ofrecido durante los últimos años a formar un órgano asesor de la Consejería de Sanidad, pero a nuestra consejera no le ha parecido una prioridad. ¡Así nos va!
