El Dr. Alfonso Carmona Martínez, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla (RICOMS), con motivo de la ‘Jornada sobre el manejo y prevención de las agresiones en el ámbito sanitario’, señaló a esta publicación que estas iniciativas sirven para “convencer a la ciudadanía de que las agresiones a los médicos son una barbarie sin sentido"
¿Cuál fue el objetivo de esta Jornada?
Con este foro hemos pretendido analizar, con luz y taquígrafos, esta lacra de agresiones que sufre nuestra profesión en España, con especial incidencia en Andalucía, buscando las posibles estrategias y soluciones que todas las partes implicadas (Administración, Poder Judicial, colegios, profesionales sanitarios y también ciudadanía) hemos de desarrollar y poner en común.
En ella participaron otros profesionales sanitarios: farmacéuticos y enfermeros. ¿Es un problema de todo el personal sanitario? ¿Se debería trabajar en una estrategia conjunta ante las agresiones a sanitarios?
Si bien es cierto que los médicos y enfermeros estamos más expuestos por la propia naturaleza de nuestro ejercicio (¿quién lo hubiera imaginado?) a este tipo de agresiones, el resto de categorías profesionales sanitarias también son susceptibles de sufrirlas, por lo que también les invitamos a participar. Sin duda, se hace necesaria una estrategia común, consensuada y sin fisuras entre todas las instituciones implicadas, comenzando por las Administraciones y una legislación firme y dura, y finalizando por los pacientes, que han de ser conscientes de que las agresiones son un delito y un atentado a la autoridad.
¿Cuál es la situación de las agresiones de los médicos colegiados en el RICOMS?
En los últimos años, la cifra de agresiones registradas en el RICOMS ha ido incrementándose de forma exponencial, y hablamos solo de las denunciadas. Lamentablemente, se producen muchas agresiones verbales que nuestros colegiados han optado por no denunciar. Los últimos casos que han salido a la luz pública, como la del MIR agredido en el Hospital Virgen del Rocío, han hecho llegar de una manera más clara al conocimiento de la ciudadanía esta pesadilla que viven muchos de nuestros profesionales.
Dentro de Andalucía, ¿cuántas agresiones ha habido en Sevilla?
En el Colegio contamos con trece denuncias, de las cuales, ocho son de mujeres de AP y 4 se han dado de baja.
¿Qué medidas se han implementado?
Se ha implantado la figura del Interlocutor policial sanitario, que imparte una formación muy valiosa para que el profesional sanitario sepa qué hacer cuando una agresión se produzca. Sin embargo, esto es del todo insuficiente: se necesitaría, para empezar, que todos los centros sanitarios tuvieran su propio equipo de seguridad y un director de seguridad del centro.
Tras la agresión ocurrida en Linares, expresaron públicamente su repulsa. ¿Qué apoyo prestan al colegiado que resulta agredido?
En el RICOMS contamos con el Protocolo de Agresiones y proponemos unas sencillas normas de la conducta a seguir para acreditar la agresión. Si esta se produce, el Colegio pone a su disposición un equipo de atención al agredido; colaboración inmediata en sus aspectos humanos, jurídicos, médicos y psicológicos; contacto inmediato con el portavoz colegial y colaboradores; aplicación del Protocolo de Agresiones del RICOMS; personación Jurídica, seguimiento y apoyo de los agredidos y la posible integración al Programa PAIME.
¿Cómo valora la puesta en marcha de la figura del Interlocutor Policial Sanitario, ¿qué supone esta iniciativa?
Esta figura imparte una formación muy valiosa para que el profesional sanitario sepa qué hacer cuando una agresión se produzca.
La presencia del interlocutor, ¿puede mejorar la coordinación entre la Administración sanitaria y los Colegios de Médicos en este asunto?
Sin duda, ya que se trata de una figura que trabaja ad hoc en esta materia que desde los Colegios Médicos también desarrollamos en defensa de nuestros facultativos. Su colaboración es esencial para conocer mejor y prevenir estos casos.
¿Qué ha supuesto que el médico de la sanidad pública sea considerado autoridad y, por tanto, que las agresiones sean penadas en base a ello?
Es una demanda que los médicos hemos llevado por bandera desde hace décadas. Nunca entendimos cómo una agresión a un facultativo en su lugar de trabajo no fuera considerado delito. Si esta consideración sirve como advertencia para que un potencial agresor se lo piense antes de actuar, bienvenida sea.
El hecho de que también se considere autoridad al facultativo en el ejercicio de la medicina privada, sigue siendo un reto. ¿Qué pasos hay que dar para conseguirlo?
Aunque es cierto que el número de agresiones registradas en la medicina privada es, en proporción, menor que en la pública, un médico no deja de ser médico por el hecho de trabajar para una compañía, por lo que, por justicia, también debe recibir la consideración de autoridad. Los derechos y obligaciones de los facultativos han de ser los mismos. Es una cuestión de igualdad que la legislación debería respetar.
¿Cuál es la mejor manera de prevenir las agresiones?
Lo más importante es educar y convencer a la ciudadanía de que las agresiones, aparte de suponer un delito con consecuencias penales, son una barbarie sin sentido. Tienen que saber que los profesionales sanitarios nos desvivimos por su salud, y en muchas ocasiones lo hacemos en condiciones laborales muy complicadas: 5 minutos por consulta, 60 pacientes por turno, contratos precarios, escasez de sustituciones ante bajas, medios obsoletos… La violencia nunca es la solución a ningún problema.
Desde el punto de vista del profesional, necesitamos más presencia de seguridad en los centros y medidas penales y coercitivas que, hasta que esa concienciación ciudadana no se implante, al menos atenúen las intenciones de los agresores.
