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Comienza la reforma que obliga a las CCAA a asumir los servicios sanitarios y sociales de los ayuntamientos

La cuenta atrás para que las comunidades autónomas asuman paulatinamente y en un plazo de cinco años los servicios en materia de salud que ahora prestan los ayuntamientos y, en un máximo de dos, los servicios sociales, se inició el pasado 31 de diciembre con la entrada en vigor de la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local

Madrid, 3 de enero 2014 (medicosypacientes.com/E.P.)

La cuenta atrás para que las comunidades autónomas asuman paulatinamente y en un plazo de cinco años los servicios en materia de salud que ahora prestan los ayuntamientos y, en un máximo de dos, los servicios sociales, se inició el pasado 31 de diciembre con la entrada en vigor de la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, más conocida como reforma local, después de haber sido publicada el  lunes en el BOE.

La normativa pone en marcha, asimismo, los mecanismos para que esos servicios sociosanitarios que prestan los municipios pasen a ser responsabilidad de las comunidades, que tienen la competencia general en la materia.

A partir de ahora, en lo relativo a la salud, los municipios sólo se encargarán de la protección de la salubridad pública y de lo relacionado con los cementerios y servicios funerarios. Lo demás, será gestionado por las autonomías en un plazo de cinco años, pero las comunidades deberán asumir un 20 por ciento anual de la gestión.

En cuanto a los servicios sociales, el plazo para el traspaso es más corto, de dos años. Los municipios se encargarán solo de detectar y evaluar situaciones de necesidad y de la atención inmediata por exclusión social.

Sin embargo, en ambos casos las comunidades tienen la alternativa de delegar el servicio en la diputación o en el ayuntamiento, aunque deberán pagar por ello y si no lo hacen, Hacienda les retendrá el equivalente de las transferencias del sistema de financiación. El traspaso de estas competencias, según la nueva ley, no podrá suponer un incremento del gasto en su conjunto y varias comunidades han exigido que el asunto se tenga en cuenta en el sistema de financiación autonómica y local, que el Gobierno se ha comprometido a reforma este año.

El Gobierno asegura que es la manera de evitar duplicidades y de que los municipios se dediquen a sus competencias básicas, pero la oposición intuye que muchos de esos servicios se perderán por el camino o pasarán a manos privadas con coste para los usuarios.

 

 

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