Lunes, 25 Junio 2018

Acuerdo en el Consejo de Ministros

Combatir la brecha salarial de género y lograr la representación de las mujeres en todos los ámbitos, compromisos del Gobierno

El Consejo de Ministros, en una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo, ha declarado su firme compromiso para combatir la brecha salarial de género y lograr la representación de las mujeres en todos los ámbitos: político, social, cultural y económico, entre otros temas, con el objetivo de avanzar en la igualdad, prevención y la lucha contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres

Madrid 02/03/2018 medicosypacientes.com
Gobierno manifiesta su firme compromiso en seguir trabajando en la igualdad
Esta declaración, a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, recuerda que el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, que fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1977, manteniendo como objetivos prioritarios promover la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, la eliminación de la discriminación contra la mujer para conseguir su plena participación en la sociedad en las mismas condiciones que los hombres.
 
Según manifiestan, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que cabe destacar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), de la que España es parte desde 1984.
Más recientemente, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, impulsa el compromiso de la comunidad internacional para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas a través de un objetivo específico, el quinto; y, de forma transversal, en los demás objetivos. Se trata, por primera vez, de una agenda global de carácter universal que apela a todas las naciones y su implementación se realiza tanto a nivel internacional como nacional.
 
A su vez, en la Unión Europea la igualdad entre mujeres y hombres constituye un valor fundamental, recogido en el Tratado de la Unión Europea, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales. En ese sentido, la Comisión Europea aprobó el Compromiso Estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019 en línea con el Pacto Europeo para la Igualdad de Género 2011-2020.
En España han sido muchas las normas que, desde la aprobación de la Constitución, se han adoptado en los ámbitos civil, penal, laboral, económico, educativo, etc., introduciendo la igualdad de trato y de oportunidades. Además, se han impulsado políticas activas mediante los Planes estratégicos de igualdad en línea con los sucesivos Programas de Acción Comunitarios para la igualdad de oportunidades y con las Estrategias de Igualdad de la Comisión Europea, así como mediante el II Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad aprobado en 2017.
 
El Gobierno considera, en su declaración,  prioritario que España, en el ámbito internacional, continúe siendo un referente, participando activamente en los foros internacionales, inclusive en su calidad de miembro del Consejo de Derechos Humanos en el período 2018-2020, y manteniendo una posición activa en la defensa del patrimonio común: la universalidad de los derechos humanos; la protección y el fortalecimiento de los acuerdos y compromisos internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas, contribuyendo al cambio del modelo cultural, la eliminación de estereotipos, el desarrollo social, el logro de la libertad y la igualdad y la desaparición de cualquier forma de violencia ejercida sobre las mujeres, como parte inalienable, integrante e indivisible de todos los derechos humanos universales; el acervo común sobre igualdad de género expresado principalmente en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en la Declaración y la Plataforma de acción de Beijing.
 
A nivel nacional, en los últimos años en nuestro país se han producido importantes avances, tal y como informan en el documento, para conseguir la igualdad real y efectiva, las mujeres cuentan con un elevado nivel educativo, el 60,12% de estudiantes que terminaron los estudios universitarios en el curso 2015-2016 son mujeres; el 38,4% de las mujeres entre 25 y 64 años tienen un título de la educación superior frente al 33,0% de los hombres; se ha avanzado ampliamente en la incorporación de la mujer al ámbito económico y empresarial; el porcentaje de consejeras en las empresas del IBEX 35 se ha incrementado del 10,5% en 2011 al 23,66%  actual; y, cada vez más mujeres están presentes en los ámbitos social o cultural, en la vida política, en las administraciones públicas, en la judicatura y en la universidad.
 
En el ámbito laboral, la tendencia es favorable a la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo. España lidera la creación de empleo en la zona euro, ha logrado recuperar todo el empleo femenino perdido durante la crisis económica y con 8,5 millones de afiliadas a la Seguridad Social hay más mujeres trabajando que nunca. 
 
Los datos de Eurostat muestran que, aunque queda mucho por hacer, en estos años se ha producido una intensa reducción de la brecha salarial de género que acumula desde 2012 una caída de 4,5 puntos y sitúa la brecha en España por debajo de la media europea y en un mínimo histórico. 
 
Por otro lado, la introducción del complemento de maternidad ha permitido que más de 350.000 mujeres hayan visto incrementada su pensión hasta un 15% según el número de hijos contribuyendo a corregir desde la brecha de género en pensiones un 13% desde su implantación.
 
Aunque según aseguran desde el Gobierno aún queda mucho por hacer, por lo que es imprescindible continuar impulsando actuaciones para combatir la brecha salarial de género y para que las mujeres estén presentes en la toma de decisiones en todos los ámbitos: político, social, cultural y económico. Y todo ello, por razones de justicia social, pero también, porque es elemento imprescindible de desarrollo económico y cohesión social; una sociedad que quiera ser social y económicamente sostenible no puede prescindir de la mitad de su capital humano y de la mitad del talento y de la capacidad que representan las mujeres.
 
A las actuaciones que actualmente se están desarrollando, se sumarán nuevas acciones en el marco del nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que se tiene previsto aprobar para el periodo 2018-2020. Este Plan integrará el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la totalidad de las políticas públicas impulsadas por la Administración General del Estado.
 
Adicionalmente a ello, en el marco del diálogo social se ha constituido la mesa por la calidad en el empleo, en la que se están analizando desde el pasado mes de noviembre de 2017 diferentes medidas para reducir la brecha salarial de género.
 
También destacan que este año 2018 Naciones Unidas dedica especial atención las mujeres rurales. En ese sentido el tema prioritario de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer (CSW) es “Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales”, y ONU Mujeres ha elegido como tema para el Día Internacional de la Mujer de 2018, “Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres”.
 
Las mujeres que viven en el medio rural son una pieza clave para garantizar el desarrollo sostenible de nuestros pueblos y de nuestra sociedad, conseguir la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el medio rural es un elemento esencial en la vertebración y cohesión social de los territorios. 
 
Por ello, el Gobierno considera particularmente relevante promover la empleabilidad de las mujeres que viven en el medio rural y pesquero, potenciando el emprendimiento y facilitando la comercialización de los productos de las mujeres que viven en el medio rural.
 
Por otro lado, el Gobierno ha constituido la Mesa de Género para el Ámbito Digital, donde están representadas las principales asociaciones y expertas dedicadas a mejorar la participación y protagonismo de la mujer en el mundo de las TIC y las nuevas tecnologías, así como combatir las actitudes machistas y el acoso en el uso de los contenidos digitales. 
 
En los próximos meses se elaborará un libro blanco que actualice el diagnóstico sobre esta problemática, y realice propuestas concretas de políticas públicas en cinco ámbitos:
 
1) Actualizar y fijar un nuevo sistema de estadísticas periódicas que fijen una fotografía sobre la presencia de la mujer en el ámbito laboral y educativo.
 
2) Realizar propuestas para incrementar la presencia de mujeres en puestos directivos y tecnológicos.
 
3) Fomentar las vocaciones STEM en las mujeres desde la infancia hasta los estudios superiores.
 
4) Combatir y reducir las actitudes machistas en el uso de contenidos digitales, como por ejemplo el ámbito de la industria digital (animación, videojuegos...)
 
5) Políticas para modificar la imposición de los roles y patrones sociológicos de Género en el mundo de la tecnología y la industria digital.
 
Además, en coordinación con las comunidades autónomas estamos llevando a cabo acciones de formación para capacitar a mujeres del ámbito rural en habilidades básicas como el uso de las TIC, la búsqueda de información, facilitar el acceso a través de internet de los servicios de salud, gestiones locales, compras, banca electrónica y ocio y cultura e incrementar la confianza y seguridad de las mujeres en las TIC.
 
En el camino hacia una sociedad más igualitaria, el Gobierno ha afirmado que seguirá trabajando en el impulso de medidas dirigidas a construir una sociedad libre de violencia de género, mediante el desarrollo de instrumentos dirigidos a dotar de coherencia y eficacia las distintas actuaciones desarrolladas para avanzar en la eliminación de la violencia sobre la mujer, como la elaboración consensuada de la “Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016”.
 
Un trabajo que continúa con la puesta en marcha de las  propuestas de medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género adoptadas con un amplio consenso por parte del Congreso y del Senado, continuando con el compromiso adquirido desde el Gobierno con todos los sectores intervinientes en su desarrollo, desde el ámbito social y económico hasta el territorial, con el apoyo de las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades locales en el común compromiso hacia la erradicación de cualquier forma de violencia sobre la mujer, una labor que mantiene a España como referente a nivel internacional.
 
El Pacto de Estado contra la violencia de género es reflejo del consenso institucional, político y social y pone de manifiesto la vinculación conjunta de todas las instituciones para poner en marcha acciones concretas que permitan avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres, como manifestación más extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres.
 
Por todo ello, el Gobierno manifiesta su firme compromiso en seguir trabajando para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad, y en luchar por la erradicación de todas las formas de violencia sobre la mujer.»
 
El Gobierno crea una Comisión Interministerial para avanzar hacia una contratación pública socialmente más responsable
 
El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, el Real Decreto por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública para incentivar a las empresas que promueva la inclusión social, la accesibilidad y un mayor el cumplimiento de los derechos los trabajadores.
 
El objetivo de esta Comisión es seguir avanzando hacia una contratación pública socialmente más responsable, que promueva mayores oportunidades de inclusión social, de accesibilidad y un mayor el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores. Para ello, se prevé la incorporación de criterios sociales en la contratación pública incentiven a las empresas a desarrollar una gestión socialmente responsable.
 
Esta Comisión Interministerial va a permitir una actuación coordinada del sector público estatal en las actuaciones de incorporación de criterios sociales en la contratación. Este órgano se crea en el marco de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas europeas que establecen el nuevo marco jurídico en materia de contratación. Esta ley plantea la condición de la contratación pública como instrumento para establecer estrategias de carácter social.
 
En esta Comisión, que estará adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, estarán representados todos los Ministerios, además del Consejo Nacional de la Discapacidad y la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.
 
Sus funciones serán el análisis, aplicación y seguimiento de las cláusulas sociales en la contratación pública. Para ello, la Comisión podrá elaborar propuestas y recomendaciones, que a su vez se podrán al Consejo de Ministros, así como informes, estudios o guías de aplicación. 
 
Además, la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública, podrá colaborar con expertos, interlocutores sociales, entidades y organizaciones públicas.