Tras los últimos episodios conocidos que tuvieron lugar la semana pasada en Ceuta, Málaga y Córdoba, cuya extrema violencia física puso en grave riesgo la vida de los médicos, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) condenaron los continuados actos de violencia que vienen padeciendo los profesionales sanitarios y hace un llamamiento a profesionales, pacientes y autoridades políticas y judiciales para luchar juntos contra esta lacra que va a más
El sindicato valoró lo avanzado hasta la fecha en aspectos como considerar al médico autoridad pública (de modo que la agresión denunciada sea susceptible de ser considerada delito en vez de falta), la puesta en práctica en la mayoría de CC.AA. de protocolos de actuación, la creación en 2017 del Interlocutor Policial Sanitario, o que ya haya sentencias en base a la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y no del Código Penal (responsabilizando así a la Administración sanitaria pública de la falta de medidas de prevención). Sin embargo, y a pesar de ello, opinó que las agresiones al personal sanitario es un fenómeno que cada vez cobra mayor intensidad.
CESM consideró que la prevención de las agresiones debe estar orientada a implementar todo tipo de recursos para garantizar la integridad física de los facultativos en todos los centros y, de modo especial, en aquellos más conflictivos, que por regla general son los servicios de urgencias de Atención Primaria, Hospitalaria y 112.
En su opinión, las actuaciones que se deben llevar a cabo, en este sentido, son muchas y todas ellas complementarias. Entre ellas, señaló más y mejores dispositivos de seguridad en los centros (vigilantes de seguridad que protejan a los profesionales, cámaras, interfonos y timbres de alarma, softwares específicos en ordenadores y teléfonos móviles, etc.); la realización de las visitas domiciliarias por parejas y con dispositivos de seguridad personales que permitan su localización, y si es necesario acompañados de los cuerpos de seguridad del Estado; el establecimiento de programas de capacitación a los profesionales para afrontar situaciones difíciles; y actuar sobre aquellos factores que disparan la agresividad de ciertos pacientes y familiares, y que también está en manos de la Administración sanitaria corregir. Entre ellos hay que destacar la masificación de la asistencia provocada por el recorte en recursos humanos y técnicos. En este sentido, ampliar plantillas e invertir en sanidad es fundamental, porque la falta de recursos y excesivas expectativas crea frustraciones en los pacientes que sirven de caldo de cultivo para las agresiones, aunque, obviamente, en ningún caso las justifican.
Además de las citadas actuaciones, CESM destacó la necesidad también de vías de actuación como que el médico debe concienciarse de seguir los protocolos de prevención y denunciar todo tipo de agresiones, ya sea físicas, gestuales o de tipo verbal (injurias, calumnias, amenazas, coacciones o vejaciones).
También, extender con carácter general la asistencia sanitaria y psicológica a los facultativos víctimas de cualquier tipo de violencia general, así como el asesoramiento legal y la defensa jurídica por expertos penalistas, ya que ha de ser la Administración quien persiga de oficio a los agresores de sus trabajadores.
Por otro lado, unificar la tipificación judicial para que las agresiones sean penadas con los mismos criterios en todas las comunidades autónomas y así evitar que las lesiones y amenazas sean consideradas delito, en unos casos y faltas en otros; además de avanzar en procedimientos judiciales rápidos, expeditivos y ejemplarizantes, conceder a los profesionales la presunción de veracidad al enjuiciar los hechos cuando no hay testigos, y campañas para concienciar a la sociedad de que los servicios sanitarios son un bien público que hay que cuidar y utilizar de forma responsable.
Por su parte, desde SEMG reclamaron «tolerancia cero» frente al repunte de agresiones a profesionales sanitarios, tanto en los servicios de Urgencias y Emergencias, como de Atención Primaria, en regiones como Andalucía, Ceuta y Murcia.
«Condenamos enérgicamente los últimos casos y nos mostramos muy preocupados por el aumento de situaciones de agresividad hacia el personal sanitario. Esto puede deberse, en parte, a la elevada presión asistencial y la falta de recursos, problemas que se agudizan durante la época estival. Solicitamos que se tomen medidas ejemplares al respecto en el ámbito jurídico, legislativo y laboral, y se dote a los centros sanitarios de suficientes recursos, medidas y personal de seguridad», pidieron.
Desde la SEMG apuntaron que para acabar con esta lacra es necesario, por un lado, sensibilizar a toda la sociedad a través de campañas de información para hacer más visible este problema y, por otro, concienciar a los propios profesionales para que denuncien todas las agresiones.
Los médicos de Familia recordaron que, aunque las amenazas suelen ser el tipo de agresión más frecuente en el ámbito sanitario, tienen consecuencias psicológicas y laborales sobre los profesionales, quienes denunciaron solo el 61% de las agresiones sufridas.
«Para acabar con este tipo de episodios, es vital cooperar coordinadamente con las Administraciones públicas (consejerías de Salud, Ministerio del Interior y Cuerpos de Seguridad del Estado) y que los distintos servicios de salud autonómicos apoyen siempre a los profesionales; establezcan protocolos, estrategias de abordaje y control ante conductas hostiles; e impartan formación en técnicas y habilidades de comunicación», aseguraron.
