La Asociación Española de Afectados de la Talidomida (Avite) presentó este jueves ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de amparo contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo (TS), el pasado 20 de octubre, en la que se falló que había prescrito el plazo que los afectados tenían para reclamar una indemnización a la farmacéutica alemana Grünenthal
Una sentencia que, a juicio de los afectados, «vulnera» sus derechos fundamentales, ya que les ha juzgado como si los daños que han sufrido por el medicamento que sus madres tomaron durante el embarazo, y que les ha provocado «importantes» malformaciones, fueran los de un accidente de tráfico, lo que, a su juicio, «no tiene ningún sentido».
«España es un país con una madurez suficiente para no hacer que este caso acabe de una manera tan bochornosa y tan favorable a los intereses de un verdugo y, además, conculcando un derecho. No se trata de trata de dar, se trata de que técnicamente este caso no está prescrito», aseveró el abogado de Avite, Ignacio Martínez.
Y es que, tal y como han denunciado, la sentencia del Tribunal Supremo se ha basado en informes fechados de manera «errónea», puesto que ha fechado los trabajos del Centro de Investigación de Anomalías Congénitas en 2008 cuando, en realidad, eran de 2010. Por ello, los afectados confían en que el TC estime su demanda de amparo.
Piden leyes, no mociones
«Pedimos sensatez, cordura, que se haga justicia de una vez. Es una vergüenza que en todos los países se haya resuelto este tema, no por la vía judicial, sino por la vía política y por la vía del diálogo con el laboratorio alemán y que en España tengamos que estar así. De hecho, la gran desgracia que tenemos es que hemos nacido aquí, porque si hubiéramos nacido en otro país como Alemania o Francia no estaríamos aquí», argumentó el presidente de Avite, José Riquelme.
Dicho esto, Riquelme avisó a la clase política española de que, a pesar de que están «muy bien» las mociones presentadas en el Parlamento para ayudar y apoyar a los afectados, se necesitan normativas que «de verdad» legislen las ayudas económicas que deben recibir los afectados, los cuales, según expuso el vicepresidente de Avite, Rafael Basterrechea, viven con unos «dolores terroríficos» y están muriendo.
De la misma opinión se manifestó a las puertas del Tribunal Constitucional la eurodiputada de UPyD, Beatriz Becerra, quien ha lamentado que «ningún gobierno» español haya legislado a favor de los afectados por la Talidomida y ha avisado de que este asunto va a acabar «por sí mismo» porque si no se hace nada «van a ir muriendo».
«Son personas que están teniendo una vida dificilísima, que están teniendo que luchar por lo que le corresponde y que no cuentan con una decisión política, más allá de la judicial, que reconozca lo que el resto de Europa ha reconocido», recalcó Becerra, quien ha recordado que el Parlamento Europeo está solidarizado con las víctimas españolas, aunque es el Gobierno nacional el que debe actuar. Finalmente, los miembros de Avite mostraron confiados en la decisión del Tribunal Constitucional y han informado de que ya han solicitado una reunión con el presidente del TC para que resuelva el recurso de amparo con «rapidez». Si dictara a favor, el abogado de la organización ha informado de que se anularía la sentencia del TS y se tendría que dictar otra a favor de las víctimas.
