«Por primera vez, estamos avanzando, tenemos un Sistema Nacional de Salud único y cohesionado, con una tarjeta sanitaria para toda España». Así lo aseguró la ministra de Sanidad, Ana Mato, en su respuesta a una interpelación en el Congreso de los Diputados sobre el estado actual del Sistema Nacional de Salud
Madrid, 10 de octubre de 2010 (medicosypacientes.com/EP)
La ministra recordó al Grupo Socialista, autor de la interpelación, que hasta ahora «un ciudadano tenía diferentes prestaciones en función de dónde residiera. Incluso en algunas pagaba por ellas y en otras no». Este sistema, subrayó, era «injusto, discriminatorio y generaba desigualdades», según informa el MSSSI en una nota de prensa.
Por eso, todas las medidas aprobadas por el Gobierno tienen como objetivo «garantizar a todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud el acceso a las mismas prestaciones y en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional». De este modo, está a punto de culminarse una nueva Cartera Común Básica de Servicios, elaborada en base a criterios exclusivamente médicos, «con total transparencia y profesionalidad».
Esta nueva cartera «hace que todos los ciudadanos sean iguales, que tengan los mismos derechos y que puedan acceder a los tratamientos más novedosos».
Mato destacó que, por primera vez, los cribados para el cáncer de colon, mama y cérvix se implantarán en toda España con criterios comunes. En el caso del cáncer de colon, además, se implanta esta prueba por primera vez en todas las Comunidades Autónomas.
También por primera vez se ha acordado un calendario de vacunación único. También se ha avanzado en la eficiencia y cohesión interterritorial, a través del FOGA o de la plataforma de compras centralizada, que supondrá un ahorro de 1.500 millones de euros.
Asimismo, Mato destacó que la e-Salud es «una apuesta estratégica», con proyectos como la receta electrónica, la historia clínica digital y la tarjeta única interoperable.
La ministra resaltó que todos estos avances se han logrado sin poner en marcha el «copago sanitario». En cuanto a la participación del usuario en farmacia, Mato recordó que ha existido siempre, «sólo que ahora se hace teniendo en cuenta la renta de las personas, y con un tope a los medicamentos más costosos, para que todos podamos acceder a ellos». Así, las pensiones mínimas, las rentas de inserción y, por primera vez, los parados de larga duración, no pagan nada por sus medicamentos, los adquieran donde los adquieran.
Porque «la farmacia es una sola, y el sistema de aportación es uno solo». La ministra reconoció el esfuerzo pedido a los ciudadanos, pero señaló que se trata de «un esfuerzo equitativo».
Por eso, el 97% de los pensionistas paga una media de 4 euros al mes. Y por eso casi un millón de personas desempleadas y sus familias obtienen ya de forma gratuita sus fármacos, cuando antes tenían que pagar el 40%.
Gracias a este sistema se han ahorrado más de 2.300 millones de euros, que «nos permiten seguir incorporando los medicamentos más innovadores y que los ciudadanos de todas las Comunidades Autónomas tengan garantizado el acceso en igualdad de condiciones a los mismos». Sobre la igualdad en el acceso, Mato recordó que es una demanda de la Sociedad Española de Oncología Médica.
En cuanto a la aportación del usuario en farmacia hospitalaria, Mato recordó, una vez más, que «es absolutamente falso que haya que pagar ni un solo euro en los medicamentos que reciben los pacientes durante su estancia hospitalaria». Lo que el Ministerio ha establecido es que los medicamentos sujetos a aportación y que se dispensan en el hospital para el tratamiento en los domicilios de los pacientes tengan todos «aportación reducida», es decir, un 10% con un tope de 4,20 euros.
Por eso, la ministra explicó que quienes piden que se retire esta resolución del Ministerio, «tienen que decirles a los ciudadanos cuáles son las consecuencias». En este sentido, ha afirmado que el informe de la Abogacía del Estado al respecto «es muy claro», y señala que la consecuencia de la retirada de la resolución «implica que los medicamentos dejan de ser considerados de aportación reducida y que, por consiguiente, se someten al régimen general de aportación del usuario». De este modo, los usuarios tendrían que pagar el 40%, el 50% o el 60% de medicamentos cuyos precios, en muchos casos, superan los 3.000 euros.
Asimismo, Mato señaló que los medicamentos incluidos en la resolución publicada por el Ministerio que fueron autorizados entre 2007 y 2010, con el Gobierno anterior, se autorizaron, en todos los casos con aportación del usuario. Así consta en las resoluciones correspondientes.
La ministra concluyó su intervención asegurando que la Reforma está haciendo sostenible la sanidad y consiguiendo un Sistema Nacional de Salud «que reconoce a médicos y enfermeros como el activo más valioso con el que contamos». En este sentido, recordó que con ambos colectivos profesionales se ha llegado a «acuerdos para trabajar unidos y en la misma dirección, por una sanidad excelente para el siglo XXI». Mato ha recordado que el próximo 21 de octubre «vamos a reunirnos administraciones y profesionales en una importante conferencia para dar un nuevo impulso a este proceso. Todos los grupos parlamentarios están invitados. En su mano está acudir o no».
El PSOE someterá a votación en el Congreso la paralización del copago de fármacos de dispensación hospitalaria
El PSOE someterá a votación en el Congreso el martes de la próxima semana la paralización del copago de fármacos de dispensación hospitalaria, según anunció su portavoz en materia sanitaria, José Martínez Olmos.
El exsecretario general de Sanidad ofreció una rueda de prensa para avanzar los principales puntos de la moción, consecuencia de la interpelación que mantuvo ayer con la ministra del ramo, Ana Mato, relativa al deterioro que sufre la sanidad española desde que ella dirige la cartera de Sanidad.
A juicio de Olmos, el copago de estos fármacos supone una «injusticia» que está generando una «enorme preocupación» tanto en la sociedad, como en las organizaciones médicas, que alertan de las consecuencias negativas de esta decisión.
De hecho, pone de manifiesto que esta propuesta ha sido cuestionada por el propio Partido Popular de Castilla y León, según aseguró, que coincide a la hora de solicitar que esta medida no se lleve a cabo.
«Es una decisión injusta e inútil que perjudica a las familias que tienen estos pacientes. Por ello vamos a pedir la paralización definitiva de esta medida para que no añada sufrimiento a las personas con enfermedades importantes», justificó.
En opinión de Olmos, la política sanitaria es consecuencia de la política económica y Mato no está cumpliendo con su responsabilidad de defender la salud de los ciudadanos. Según alerta, cuando hay que hacer recortes por razones de política económica se emprenden los copagos, las exclusiones de los inmigrantes sin papeles de la asistencia sanitaria.
«Se traduce en un deterioro en la calidad asistencial y en una desigualdad en el acceso según la renta de las personas», insistió.
