Instarurada oficialmente la fase cero de desescalada (fase 1 en algunas regiones), por medio de la cual se irán rebajando las medidas de confinamiento que se han tomado para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en España, uno de los países donde ha pegado más fuerte y que ya lleva más de 217.466 contagios y 25.264 fallecidos. Para Amnistía Internacional, es fundamental que esta desescalada se lleve a cabo asegurando la protección del personal sanitario en un país que ostenta el triste título de ser el que mayor número de contagios soporta entre los que se encuentran en primera línea al virus
Con 42.111 casos, un 75% de ellos en mujeres, la organización lamenta que, a pesar de que se han producido mejoras en el acceso a los equipos de protección para los y las trabajadoras de la salud, los 4.527 nuevos casos reportados en la última semana , muestran cómo el personal sanitario todavía se tiene que enfrentar a situaciones que les ponen en peligro, como la reutilización de materiales, el uso de otros que no respetan la normativa europea de calidad, la falta de mascarillas, calzas, etc.
«Nos preocupa que estemos empezando a normalizar situaciones arriesgadas para el personal sanitario, que son quienes nos protegen frente a esta pandemia. No podemos olvidar que lo óptimo debe ser poder contar con un equipo de protección individual (EPI) nuevo para atender a cada uno de los pacientes y que todos los profesionales tuvieran materiales de protección, porque pueden estar atendiendo pacientes asintomáticos», señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
«Y aunque sabemos que ningún país puede estar preparado del todo para enfrentar una pandemia como la que vivimos, no podemos normalizar el miedo. Los y las profesionales de la salud no pueden vivir con miedo a que se les acaben los EPIs, y, menos aún, a contagiarse o contagiar a otros profesionales, pacientes o a sus propias familias», señala el director de AI.
Recomendaciones de organismos internacionales
Así lo advertía también el Comité europeo de Derechos Sociales, quien recordaba hace solo unos días que, en el contexto de la pandemia, los Estados tienen la obligación de asegurar que las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud deben ser sanas y seguras, algo que incluye la provisión de los equipos de protección personal que sean necesarios. Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas también ha pedido que los Estados faciliten al personal sanitario la indumentaria y los equipos de protección adecuados para evitar el riesgo ya que son quienes constituyen la primera línea de respuesta a esta crisis.
Con el inicio de la desescalada, Amnistía Internacional señala que no solo esta protección debe ser prioritaria, sino que además se deben llevar a cabo medidas de prevención para el eventual riesgo de que hubiera un segundo repunte de los casos de COVID-19.
“Tenemos que estar preparados, en especial es necesario reforzar la atención primaria, proteger a sus profesionales, que seguirán teniendo un papel esencial durante la desescalada para garantizar el derecho a la salud a pacientes con COVID-19 y con otras patologías. Además hay que recordar que estos profesionales siguen realizando visitas a domicilios, que son zonas de alta contagiosidad, sin materiales adecuados que los protejan”, denuncia Esteban Beltrán.
Y es que, según el último informe del European Centre for disease prevention and control, España, con 42.111 contagios entre el personal sanitario, que representan el 21,1% del total de los infectados, es el país con un mayor número de casos en el sector, frente a China, que tan solo reporta el 3,8% de casos en los trabajadores de la salud frente al total de contagios; Estados Unidos, con un 3%; o incluso Italia, con el 10%.
Las mujeres, en primera línea de riesgo una vez más
Según el último informe del Centro Nacional de Epidemiología, el 75% del personal sanitario con COVID-19 son mujeres. Aunque el sector de la salud está constituido en una gran mayoría por mujeres, lo cierto es que éstas, una vez más, soportan, con trabajos que requieren más cercanía con el paciente y por lo tanto más riesgo, una mayor carga de esta crisis sanitaria que las autoridades tendrían que tener en cuenta.
En España, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad actualizados hasta 2018, las mujeres representan una mayoría en el sector sanitario, especialmente entre las enfermeras de atención primaria (un 78,7%), las de urgencias (un 71,23%), las matronas (el 93,05% son mujeres), las auxiliares de enfermería (94,43%), en pediatría (73,11%) y entre el personal administrativo de centros sanitarios (un 82,44%). También son mayoría, aunque en menor medida, en medicina primaria (55,9%) y medicina de urgencias (54,71%).
“Si las mujeres son quienes están sufriendo, una vez más, las peores consecuencias de esta crisis sanitaria, sus voces deben ser escuchadas y atendidas, también en la planificación de la respuesta a la COVID-19, tal y como recomienda ONU Mujeres”, señala Marta Mendiola, responsable de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España.
Según ONU Mujeres, a nivel mundial, las mujeres constituyen el 70% del personal sanitario, y es más probable que sean trabajadoras sanitarias de primera línea, especialmente enfermeras, matronas y trabajadoras sanitarias comunitarias, aquellas que soportan una brecha salarial de género del 11% en este sector. En España, según la última encuesta del INE sobre estructura salarial, en relación a las actividades sanitarias y de servicios sociales, los hombres ganan un 42% más de media que las mujeres es decir, casi 10.000 euros al año (33.735 euros frente a 23.839).
A pesar de ser mayoría en el sector, las mujeres a menudo no se ven reflejadas en las decisiones nacionales o mundiales sobre la respuesta al coronavirus. ONU Mujeres ha hecho un llamamiento a los Estados a “prestar atención explícita al papel de las mujeres como trabajadoras sanitarias de primera línea, a su salud, sus necesidades psico-sociales y al entorno laboral”. Según señala el organismo, además, «el equipo de protección personal debe ser del tamaño adecuado para las mujeres, ya que se ha comprobado que las máscaras y fundas que se han dimensionado utilizando el tamaño «predeterminado para el hombre», que se suele utilizar en el diseño y la producción, dejan a las mujeres más expuestas.
También el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (Comité CEDAW) ha recordado que los Estados deben abordar el impacto desproporcionado de la pandemia en la salud de las mujeres, expuestas a un mayor riesgo de contraer la COVID-19 como consecuencia, entre otros aspectos, de su excesiva carga en el cuidado de los hijos en el hogar y de los familiares enfermos o de edad avanzada, así como su elevada representación en el personal sanitario. Los Estados partes deben hacer frente al mayor riesgo para la salud de la mujer mediante medidas preventivas y asegurando el acceso a la detección y el tratamiento tempranos de COVID-19. Además, deben proteger a las trabajadoras sanitarias y a otras trabajadoras de primera línea contra el contagio a través de medidas como la difusión de la información de precaución necesaria y el suministro adecuado de equipos de protección personal, así como el apoyo psico-social.
Acceso a tests generalizados
La organización denuncia además que el personal sanitario en España no está teniendo acceso de manera generalizada a test de detección, a pesar de queéste es un sector prioritario que debería acceder a una prueba que confirme si están contagiados o no.
El Comité DESC de Naciones Unidas exige que los estados garanticen que todos las personas trabajadoras estén estar protegidas de los riesgos de contagio en el trabajo. Sin embargo, en la Guía de actuación frente a COVID-19 en los profesionales sanitarios y socio-sanitarios del Ministerio de Sanidad no se incluye todavía la realización de PCR (por sus siglas en inglés de “Reacción en Cadena de la Polimersa”, las pruebas más completas para la detección del virus) generalizados a todo el personal. Únicamente se incluyen referencias al acceso a PCR de personal sanitario con síntomas o en el caso de haber tenido contactos sin EPI con algún paciente con COVID. Esto puede resultar peligroso ya que puede haber profesionales de la salud contagiados pero asintomáticos que continúen trabajando, constituyendo un riesgo de convertirse en vectores de propagación del virus.
Amnistía Internacional pide que se garantice el acceso de manera generalizada a los PCR de todo el personal sanitario, sintomático o no, y que se cuente con la información de cuándo van a tenerlo.
Así lo señalan también la mayoría de los y las expertas que indican que la realización de pruebas masivas en el personal sanitario, tanto sintomático como asintomático, permite reducir el riesgo de transmisión, y es fundamental en un contexto dedesescalada como el que nos encontramos a partir de ahora.
Necesidad de datos y transparencia
El acceso a la información sanitaria también es una parte esencial del derecho a la salud. Todas las personas y comunidades afectadas tienen derecho a información clara, accesible, oportuna y significativa sobre la naturaleza y el grado de la amenaza a su salud.
Es por eso que, ante este camino hacia lo que se ha denominado “nueva normalidad”, la organización pide que las autoridades aporten datos actualizados sobre el número de personas contagiadas, fallecidas y recuperadas entre el personal sanitario, en un momento especialmente peligroso para este sector, y que estos datos estén desagregados por sexo, por tipo de profesional y de centro. Es decir, que se realice una radiografía de dónde hay más riesgo de contagio que orientará mejor la distribución de material de protección.
Sin embargo, la Orden Ministerial del pasado 16 de abril sobre remisión de información al Ministerio de Sanidad, pide a las comunidades autónomas información sobre número de profesionales confirmados y el medio de confirmación si ha sido por PCR o test de anticuerpos, pero no exige un desglose de los datos, tan importantes para una respuesta eficaz la la crisis sanitaria.
Amnistía Internacional pide a las autoridades actuar de manera coordinada con las diferentes comunidades autónomas y fijar criterios homogéneos entre ellas para reportar datos referidos al personal sanitario.
