Las mujeres que tienen una discapacidad igual o superior al 33% afirmaban haber padecido violencia física, sexual o miedo a sus parejas en un 23,3% de los casos, mientras que este porcentaje baja al 15,1% en mujeres sin discapacidad, según la macroencuesta presentada en 2015 por parte de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Por este motivo, la Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha lamentado la falta de información que existe todavía sobre víctimas de violencia machista con algún tipo de discapacidad
Desde la organización aseguran que “no sabemos cuántas mujeres con discapacidad presentan denuncia por ser víctimas de violencia de género, ni cuántas adquieren una discapacidad como consecuencia del maltrato. Tampoco conocemos cuántas niñas o niños nacen con una discapacidad debido a la violencia sufrida por sus madres durante el embarazo”.
Además, la tendencia anual de asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas o ex parejas, muestra que alrededor de un 13% de las mujeres asesinadas tenía una discapacidad reconocida, porcentaje presumiblemente más elevado si se tiene en cuenta que muchas mujeres no cuentan con dicho reconocimiento oficial.
Ante este escenario, la FCM celebra que en las últimas semanas se haya puesto sobre la mesa la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género y otro para refundar y reforzar el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
«Las sinergias que se produzcan por la aplicación real de políticas públicas coordinadas y bien financiadas en el ámbito de la violencia de género y de la autonomía personal pueden ayudar a miles de mujeres con discapacidad en nuestro país a salir del infierno de la violencia y a decidir sobre su propia vida en libertad”, señala la entidad.
En este sentido, coincidiendo con el cumplimiento de la primera década de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, el boletín ‘Generosidad’ recoge un reportaje en el que la FCM destaca la necesidad de reforzar la perspectiva de género en la denominada ‘cuarta pata del estado del bienestar’, ya que entre otras cosas, no ha servido para sacar de la situación precaria en la que se encuentran muchas cuidadoras en España.
A fecha 31 de octubre de 2016, los datos oficiales muestran que el 65% de las personas solicitantes de atención eran mujeres, en su mayoría con más de 65 años. En cuanto a las prestaciones reconocidas a las personas beneficiarias (856.452 en total), la prestación económica vinculada a la asistencia personal es anecdótica, ya que solamente supone el 0,51% del total, al igual que sucede con las prestaciones relacionadas con la prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, que se quedan en el 3,54%.
Por contra, la prestación económica vinculada a los cuidados en el entorno familiar supone casi el 34% de los servicios totales, por lo que la FCM denuncia que “los datos refrendan el temor inicialmente expresado de que se consolidara un sistema basado en los cuidados informales”.
